Bajo un sol inclemente, entre un mar de plantitas de maíz recién brotadas, Gladys Cortez muestra su preocupación porque se acabe su empleo en la cooperativa que produce semillas para el gobierno salvadoreño, si Estados Unidos logra que sus empresas participen en el negocio. “Aquí tenemos nuestra fuente de ingresos para mantener a nuestros hijos”, […]

Cruz Esmeralda Mejía, Maybelyne Palacios y Rosa María Rivera cuidan plantitas de semillas mejoradas de maíz en la cooperativa La Maroma, en la zona conocida como el Bajo Lempa, en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
JIQUILISCO, El Salvador, Jul 4 2014 (IPS)

“Aquí tenemos nuestra fuente de ingresos para mantener a nuestros hijos”, dijo la agricultora a IPS, mientras realizaba sus habituales tareas en la Cooperativa La Maroma, una de las productoras de semillas, ubicada en el cantón La Noria, del municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután.

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora en El Salvador, Mari Carmen Aponte, condiciona la entrega al país de un paquete de ayuda no reembolsable de 277 millones de dólares, el llamado Fondo del Milenio II, a que este país centroamericano licite y abra a compañías estadounidenses la compra de semillas certificadas.

Excluirlos, ha dicho la diplomática a medios locales, viola cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana (CAFTA RD, en inglés), suscrito por El Salvador en 2004.

Desde el 2011, el gobierno salvadoreño compra anualmente a 18 productores los 88.000 quintales de semilla de maíz que anualmente distribuye para la siembra unos 400.000 campesinos, para reanimar el Plan de Agricultura Familiar. A cada uno le entrega 10 kilógramos de semilla mejorada y 45 kilógramos de fertilizantes.

Entre esos 18 productores están la cooperativa La Maroma y cuatro más de la zona del El Bajo Lempa, en el sur del departamento de Usulután.

Estas tierras fueron parceladas y entregadas a excombatientes del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra civil, en la que hubo 75.000 muertos.

Fue el primer gobierno del FMLN, en el poder desde 2009, el que abrió la participación de productores locales en el negocio de la semilla certificada.

La administración de Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que llegó a la Presidencia el 1 de junio, mantiene la relación con las cooperativas, pero también ha mostrado su disposición a que las licitaciones incluyan a compañías internacionales.

Las semillas certificadas son variedades que ofrecen mejor rendimiento y reaccionan mejor a los efectos adversos del clima. Son resultado de cruzar material genético pero sin modificarlo, a diferencia de las transgénicas. Las cooperativas también producen algunas semillas nativas, aunque a menor escala.

La calidad del grano es monitoreada y avalada por el Ministerio de Agricultura salvadoreño, que en conjunto pagó 25,9 millones de dólares en 2013 por la adquisición de semillas, mayormente de maíz y frijol, fundamentales en la dieta salvadoreña.

Hasta que en 2011 se aplicó el nuevo modelo, 70 por ciento del mercado lo copaba una subsidiaria del gigante estadounidense de la biotecnología Monsanto, Semillas Cristiani Burkard. Desde entonces se sumaron otros actores, como las cooperativas, con semillas certificadas de mejor calidad y precios más competitivos.

La compra del año pasado se hizo por decreto ejecutivo, aprobado por el Congreso legislativo en diciembre del 2012, que en la práctica dejaba fuera a las empresas estadounidenses. La embajada exigió una licitación pública y “transparente”.

En enero del 2014, los legisladores aprobaron un nuevo decreto que permitió un proceso de licitación con participación a las empresas internacionales. Pero el proceso, realizado en abril, lo ganaron los mismos 18 productores.

La embajadora Aponte presiona ahora para una licitación distinta, que favorezca a sus compañías, en una posición muy criticada por organizaciones sociales y productores rurales, que en junio protestaron ante la sede diplomática en San Salvador.

“La posición de la embajada es para promover las semillas de Monsanto”, dijo a IPS el ambientalista Ricardo Navarro, en referencia al líder mundial en semillas transgénicas, contra la que abundan movilizaciones en países latinoamericanos.

La embajadora nunca mencionó a la transnacional en sus argumentos, pero para Navarro “está implícito que ella se refiere a Monsanto, la más grande del sector”, cuya filial local “perdió un mercado que creía suyo”.

La sede diplomática no otorgó una entrevista con el asesor económico John Barret, que solicitó IPS.

Pero el miércoles 2 emitió un comunicado de prensa en el que dice estar complacida de que el gobierno salvadoreño se haya comprometido a poner en marcha “un mecanismo transparente, competitivo y de respeto” a leyes nacionales como la del CAFTA, en las futuras compras de semillas.

Monsanto, por su parte, se limitó a enviar a IPS un correo electrónico, firmado por el vocero Tom Helscher, en el que niega cualquier participación en la campaña de la embajada.

La disputa llegó hasta Washington. Dieciséis congresistas enviaron el martes 1 una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en la que expresan su preocupación por la presión ejercida por la Oficina del Representante del Comercio (USTR, en inglés), que impulsa la campaña de su embajada en San Salvador.

Nathan Weller, director de EcoViva, una organización estadounidense que trabaja en proyectos de desarrollo en el Bajo Lempa, dijo a IPS que ha habido compañías del país norteamericano que ganaron contratos del gobierno salvadoreño, pero no a través de licitaciones públicas, sino por compras directas o por invitación.

Ambas mecanismos son legales, pero carecen de la transparencia que exige ahora la embajada para las semillas.

Por ejemplo, en el 2009 y 2010 se otorgó a Chevron Caribbean el suministro de combustible por contratación directa, por 340.000 dólares y 361.000 dólares respectivamente, según información del Ministerio de Agricultura.

Esas empresas “ofrecieron un producto a un precio mucho más alto (que la competencia), y sin embargo, el USTR no comentó esto”, alegó Weller.

La simiente de una vida mejor

La siembra de semillas, además, ha promovido fuentes de empleo en una zona con mucha pobreza.

En el área rural, 43 por ciento de los hogares viven en pobreza, frente a 29,9 por ciento de los urbanos, según la encuesta anual del Ministerio de Economía de 2013.

“Además de la generación de empleo, estamos poniendo en evidencia el potencial productivo de las cooperativas de la zona”, señaló a IPS el dirigente campesino Juan Luna, Coordinador del Programa Agrícola de la Asociación Mangle.

Gladys Cortez, afanada en cuidar las plantitas de maíz en la cooperativa La Maroma, es una de las beneficiadas con un empleo generado por el programa de semillas.

“Además de que tenemos trabajo, también nos regalan las semillas para que nosotros las cultivemos para nuestra alimentación”, comentó Cortez, una mujer de 36 años, que debe lidiar sola con el cuidado de sus dos hijos, de un adolescente de 17 años y una niña de 13.

Junto a ella, medio centenar de hombres y mujeres laboraban en uno de los sembradíos de maíz, en La Maroma. Casi todos vestían camisas de manga larga y gorras o sombreros, para evitar las quemaduras del sol, la jornada en que IPS visitó el lugar. Todos ganan cinco dólares diarios.

Solo en esta zona del Bajo Lempa, alrededor de 15.000 campesinos dedicados al cultivo del grano mejorado tienen empleo, calculan los cooperativistas, por periodos más largos que en las tradicionales siembras, ya que requiere de mayor atención y cuidado.

“No es que estemos ganando mucho, pero ya el que tengamos un ingreso, es una gran cosa para una madre sola como yo”, dijo Cortez.