La corrupción en España vuelve a ser un tema de interés internacional, además de ser el segundo tema que más preocupa a la población española, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado el pasado mes de noviembre.
Así, el alto índice de paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles, seguido de los niveles de corrupción.
El tercer lugar lo ocupan los problemas económicos, que antes estaban en el segundo puesto. Pero se han visto desplazados por la desilusión y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones políticas y judiciales.
Proliferación de escándalos
El 15 de enero se hizo público el cuarto informe realizado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. En él se expresa abiertamente una preocupación «por la proliferación de escándalos de corrupción, que atentan contra la credibilidad de las instituciones políticas y europeas» y se evalúa la «prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales «.
Para la elaboración del informe, el GRECO envió un cuestionario a las autoridades españolas, y un grupo de expertos realizó una visita a España entre el 10 y el 14 de junio de 2013.
El informe, que tiene en cuenta el borrador de las nuevas leyes anticorrupción presentadas por el ejecutivo español, insta a seguir reflexionando en esta materia para poder recuperar la credibilidad institucional. Además, desde el informe se han recomendado otros pasos adicionales para inculcar, mantener y promover una fuerte ética cultural entre los parlamentarios así como la independencia de jueces y fiscales.
Del mismo modo, la comisión de expertos sostiene que es muy importante elevar la transparencia entorno a los contactos con terceros partidos, y destaca la adopción de un código de conducta parlamentaria que sirva de guía a los políticos para prevenir conflictos de intereses (en caso de regalos, temas financieros, etc.) y la introducción de reglas que regulen su relación con los denominados «grupos de presión».
Sobre la independencia del poder judicial
En el caso del poder judicial, según el informe presentado por el GRECO, a «excepción de casos aislados, no hay casos evidentes de corrupción entre jueces y fiscales individuales». Sin embargo, existe la preocupación sobre el funcionamiento de manera eficiente del sistema judicial, ya que hay una sobrecarga de trabajo en los juzgados, lo que conlleva que no siempre se resuelvan los problemas en su tiempo.
Asimismo, para los expertos europeos, hay algunas debilidades en materia de corrupción, relacionadas con la independencia estructural de los cuerpos judiciales y fiscales del estado. Esta preocupación se cristaliza, según el informe, con «intereses partisanos» que pueden influir en los procesos de decisión del poder judicial. Esto es particularmente peligroso cuando los casos de corrupción política en España están creciendo, alerta el documento.
Revisión del fiscal general del Estado
Una de las peticiones que se hace también desde el organismo del Consejo de Europa de manera expresa es la revisión del método de selección del fiscal general del Estado, ya que a pesar de todas las garantías, «la actual percepción de su independencia es preocupante».
Se pide así, incluir «criterios objetivos» y «reglas de evaluación» para nominar a los altos cargos judiciales. Por ello, además, se solicita que la elección de los jueces de los Tribunales Constitucional y Supremo y los presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia sean nominados, «sin dudas sobre su independencia, imparcialidad y transparencia en el proceso».
Aumenta la sensación de corrupción en España
A comienzos de diciembre, la ONG Transparencia Internacional (TI) publicó su informe anua sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente al ejercicio del año 2013. Este estudio recoge la opinión de expertos sobre la corrupción en el sector público de 177 países en el mundo.
España ha sido, tras Siria, el país dónde más ha aumentado la sensación de corrupción. Así, según el IPC, España cedería seis puntos con respecto a la pasada edición del informe, y pasaría al puesto 40. Hay que tener en cuenta que, en 2008, nuestro país se situaba en la posición 20. Ahora se ubica -en términos de corrupción del sector público- inmediatamente detrás de Brunei y Polonia, y justo delante de Cabo Verde.
Según una declaración recogida por el Huffingtonpost de los expertos de la ONG alemana, «la recientemente aprobada nueva ley de Transparencia española es débil, y sigue sin ser dura con los infractores, dejando también margen a la discrecionalidad de los funcionarios y sin reconocer el derecho a la información de los ciudadanos».
Entre las razones que alega Transparencia Internacional para justificar este aumento de la sensación de corrupción en España están: 1) Los sistemas de control se han mostrado más eficaces y han aflorado muchos más casos. 2) Las denuncias de los medios de comunicación y el relevante eco social han generado un estado de indignación generalizado en la sociedad. 3) La lentitud de las sanciones penales. 4) La baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante. 5) La expansión de los escándalos a las instituciones claves del estado. 6) La sensación de impunidad.
El país menos corrupto y los deberes para España
Por otro lado, Dinamarca se posiciona como el país más transparente a nivel tanto europeo como mundial, mientras que Grecia repite como la nación más corrupta del continente en el puesto 80 (40 puntos), a la misma altura que China, pese a una ligera mejora. A nivel global, los países con mayor sensación de corrupción son: Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán y Sudán Sur.
De momento, los deberes de España con Europa, en materia de corrupción, consisten en la elaboración de un informe, para antes del 30 de junio de 2015, con las medidas adoptadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).
Informe «Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. EVALUATION REPORT SPAIN» del GRECO:
