El pleno del Consejo de Universidades, reunido el martes, analizó el documento Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, entregado el pasado 12 de febrero por la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno.
El ministro José Ignacio Wert, que preside el Consejo de Universidades, presentó un resumen de las conclusiones de ese grupo, destacando los objetivos que deberían orientar este proceso de intenso diálogo, según informa el Ministerio en una nota de prensa.
El informe se centra en tres aspectos fundamentales: cambiar el sistema de selección del profesorado, para evitar que, como ocurre en muchos casos, se elija a un candidato interno; fomentar la competencia entre las universidades, imitando en cierto modo el modelo anglosajón; y por último, cambiar el sistema de elección del rector, que no sería elegido por todos los miembros de la Universidad sino por un consejo formado por profesores y por miembros de la sociedad civil.
Los asistentes al Consejo de Universidades acordaron la constitución de un grupo de trabajo en el que estarán representados el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los rectores de las Universidades españolas.
Reacción de los rectores
Junto a este grupo de trabajo, en el que participan los rectores como una pieza fundamental en la gestión y la dirección universitaria, se iniciará también un proceso de diálogo y debate con el resto de actores implicados en la Universidad, entre ellos, las Comunidades Autónomas -que tienen atribuidas importantes competencias- los Consejos Sociales, los representantes del personal, los estudiantes o las Sociedades Científicas.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) declara en un comunicado que ha realizado una valoración inicial en la que ha identificado algunas propuestas operativas, junto a otras de «aplicabilidad dudosa, tanto desde el punto de vista jurídico como financiero».
El trabajo de análisis conjunto «debe ser compatible con la necesaria introducción, por parte del Gobierno, de los cambios legislativos inmediatos que permitan superar lo que hoy significa un ahogo del funcionamiento de la Universidad», señalan los rectores.
La CRUE está especialmente preocupada por la actual situación económica de la totalidad de las Universidades, así como por el mantenimiento estructural de las severas restricciones normativas introducidas en las políticas de personal y por el posible perjuicio de la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios.