Con la mirada fija en el piso, Hassan, un refugiado de 21 años procedente de Idlib, en el noroccidente de Siria, sostiene sus documentos de identificación. Entonces recoge un papelito color rosa donde dice que debe obtener un contrato de trabajo, pues de lo contrario no le renovarán su visa de residencia en Líbano. A […]

Cartel de la municipalidad de Fidae, en Líbano, anuncia que “hay toque de queda para todos los extranjeros dentro de la aldea todos los días de 20:00 a 05:30 horas”. Crédito: Oriol Andrés Gallart/IPS

Por Oriol Gallart
BEIRUT, Nov 21 2014 (IPS)

A Hassan (nombre ficticio) le dan dos meses para hallar un empleador y así tener un permiso de trabajo, algo extremadamente improbable. Y cuando no lo consiga, su presencia en Líbano se considerará ilegal.

El joven, que huyó de Siria hace casi tres años para evitar hacer el servicio militar, dice a IPS que, si vuelve a su país, todo lo que le espera es la cárcel, el ejército o la muerte. Por lo tanto, tiene decidido que vivir ilegalmente en Líbano tras la expiración de su visa es lo mejor que puede hacer.

Sentado junto a Hassan está Ahmed (también nombre ficticio), de 24 años, oriundo de Deir Ezzor, en el oriente de Siria. Él perdió su residencia hace un mes. Desde entonces vive “con temor permanente” a que la policía lo detenga y lo deporte, relata.

Desde el inicio de la guerra civil en Siria, en marzo de 2011, unos 1.200 millones de sirios buscaron refugio en Líbano, donde ahora representan casi un tercio de la población.

A partir de mayo, el gobierno libanés introdujo medidas para limitar el ingreso de refugiados sirios al país. En declaraciones tras una reunión de gabinete el 23 de octubre, el ministro de Información, Ramzi Jreij, anunció que el gobierno había llegado a la decisión de “dejar de dar la bienvenida a personas desplazadas, salvo casos excepcionales, y pedir a la (oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur) que deje de registrar a los desplazados”.

Dalia Aranki, del Consejo Noruego para Refugiados, dijo a IPS que Líbano “no es signatario de la Convención (sobre el Estatuto de los) Refugiados de 1951” y, a consecuencia, “no está obligado a cumplir con todas las obligaciones derivadas” de la misma.

“El estar registrado con el ACNUR en el (sic) Líbano puede brindar alguna protección legal y es importante para acceder a los servicios, pero no otorga a los refugiados el derecho de solicitar asilo, tener estancia legal o la condición de refugiado. Esto deja a los refugiados en una situación difícil”, escribió junto con Olivia Kalis en un artículo publicado en la revista Migraciones Forzadas.

Las actuales restricciones legales afectan la admisión de recién llegados, la renovación de visas de residencia y la regularización de las postulaciones a visas de aquellos que ingresan al país a través de cruces fronterizos no oficiales.

Un trabajador humanitario que brinda asistencia a refugiados sirios en Monte Líbano dijo a IPS que la mayoría de los beneficiarios sirios con los que trabajan ya no poseen visa de residencia legal.

Según Aranki, el temor a ser arrestados a menudo obliga a quienes carecen de documentos de residencia legal a limitar sus movimientos, y también restringe su capacidad de acceder a varios servicios, de obtener un contrato de arrendamiento o de hallar empleo. También puede obstaculizar el registro de nacimientos de sus hijos, con el consecuente riesgo de quedar al margen del Estado, o forzar separaciones de familias en la frontera.

Antes de mayo de este año, los sirios podían ingresar a Líbano como “turistas” y obtener una visa de residencia por seis meses (renovable cada seis meses y por hasta tres años), aunque este proceso costaba 200 dólares anuales, lo que ya resultaba prohibitivo para muchas familias de refugiados.

Sin embargo, el Consejo Noruego para Refugiados observó que en el marco de las nuevas regulaciones los sirios solo tienen permitido entrar a Líbano en casos excepcionales o humanitarios, como por motivos médicos, o si el postulante tiene un vuelo que sale del país, una cita en una embajada, un permiso de trabajo válido, o se considera un turista “adinerado”.

Desde el verano boreal de 2013, las restricciones para los refugiados palestinos llegados de Siria se han vuelto aún más severas.

Bajo su nueva política, el gobierno libanés también busca participar en el registro de nuevos refugiados junto con Acnur. Jalil Gebara, asesor del ministro del Interior, Nohad Majnouk, dijo que las autoridades tomaron estas medidas por dos motivos.

Hassan, que huyó de Siria hace casi tres años para evitar hacer el servicio militar, dice que, si vuelve a su país, todo lo que le espera es la cárcel, el ejército o la muerte
“Primero, porque el gobierno decidió que necesita tener una decisión soberana conjunta sobre la cuestión de cómo tratar la crisis siria. (…) Antes era Acnur quien decidía a quién se consideraba refugiado y a quién no, el gobierno libanés no participaba en este proceso”, explicó.

Segundo, “porque el gobierno cree que hay muchos sirios registrados que están abusando del sistema. Muchos de ellos son migrantes económicos que viven en Líbano y que están registrados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El gobierno quiere especificar quién merece realmente ser un refugiado y quién no”, agregó.

Ron Redmond, portavoz de Acnur, dijo que la agencia de la ONU alentó “durante mucho tiempo” al gobierno libanés a asumir un rol en el registro de nuevos refugiados, y afirmó que el registro continúa.

“Preocupa la protección de los refugiados, pero también hay comprensión de parte de Acnur”, planteó Redmond. “Líbano tiene legítimas preocupaciones de seguridad, demográficas y sociales”.

Mientras, y junto con el creciente temor a ser deportados de Líbano, los refugiados sirios también se han visto forzados a lidiar con la discriminación.

Unas 45 municipalidades de todo Líbano han impuesto toques de queda que restringen la circulación de los sirios en horas de la noche. Según Nadim Houry, de la oficina de Human Rights Watch para Medio Oriente, estas medidas infringen “las leyes internacionales sobre derechos humanos, y parecen ser ilegales bajo las leyes libanesas”.

También han ocurrido ataques contra sirios desarmados, particularmente desde que en agosto se produjeron enfrentamientos entre el ejército libanés y hombres armados afiliados a las organizaciones Jabhat al-Nusra y Estado Islámico en Arsal.

De este modo, para Hassan, Ahmed y muchos otros refugiados sirios, la vida en Líbano se está volviendo un nuevo exilio, inserto entre la espada y la pared.

Editado por Phil Harris