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La reforma de las universidades demanda un nuevo contrato social

La reunión de los ministros de Educación de los países miembros de la OCDE, que se desarrolló los días 27 y 28 de junio en Atenas, coincidió con un llamamiento realizado por la directora del programa Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Barbara Ischinger, en El Observador de la OCDE.

Barbara Ischinger considera que la reforma de la educación que se desarrolla en los países más avanzados no se limita a los aspectos financieros o a la transformación del sistema educativo en empresa: en lo que realmente consiste la reforma de las universidades es en la elaboración de un nuevo contrato social que incluya a todos los actores y no sólo a los gobiernos, profesores y estudiantes.

El contrato social que sostiene a las universidades actuales, financiadas principalmente a través de los impuestos, está cambiando aceleradamente y por ello los poderes públicos deben responder a este desafío por una razón crítica: la economía del saber que cruza el desarrollo económico se apoya en la enseñanza superior para generar su capital humano.

Dado que una financiación adecuada es esencial para asegurar la calidad de la enseñanza superior, la realidad es que las instituciones están más interesadas en la evaluación de la calidad de la investigación que en evaluar la calidad de la enseñanza y la integración de las universidades con su entorno.

Los sistemas de evaluación de la calidad de la enseñanza superior están por ello menos desarrollados que los sistemas de evaluación científica y tecnológica. Los parámetros de evaluación de la calidad universitaria deben ser rediseñados porque uno de los principales problemas de las clasificaciones actuales es que valoran a las universidades globalmente, sin tener en cuenta las variables locales, al mismo tiempo que todos los elementos se reúnen en un único indicador que no tiene en cuenta los diferentes significados y objetivos de la calidad.

Preguntas clave

Otra aproximación al déficit de la evaluación universitaria suscita una pregunta: el prestigio de las universidades norteamericanas, ¿se debe a la calidad de la enseñanza o al hecho de que sólo admiten a los mejores estudiantes? Las dificultades que experimentan las universidades europeas, ¿se deben al excesivo número de estudiantes admitidos?

Estas preguntas crean una nueva dificultad: dado que cada país tiene sus tradiciones y que el estatus universitario y de otras instituciones afines varía según su localización geográfica, ¿cómo comparar a las diferentes universidades?

El caso de las ingenierías es bastante elocuente: ¿con qué se puede comparar Stanford? Las universidades europeas, ¿pueden proporcionar ingenieros competentes para empresas como Siemens, Airbus o EDF y a todas las industrias europeas emergentes que se apoyan en el conocimiento?

Estas dudas amenazan al futuro de la educación superior, ya que el acceso a la universidad puede ser cada vez más limitado en algunos países debido a la reducción progresiva de la financiación pública y a la creciente demanda social de una mayor calidad de la enseñanza a un precio más económico.

Todo ello plantea cambios estructurales en el sistema educativo que resultan inaplazables y explica el debate sin precedentes que la enseñanza universitaria ha suscitado en el seno de los países de la OCDE.

La mundialización de la enseñanza superior está en el origen de este debate, que particularmente en Europa suscita un dilema: mientras que en las universidades norteamericanas los gastos de escolarización son caros y atraen por ello a las élites, las universidades europeas, que tienen otro sistema de finanaciación y de acceso, están por detrás de las norteamericanas en numerosos aspectos.

La realidad es que en todas partes las universidades están llamadas, cuando no obligadas, a obtener una parte importante de sus recursos mediante financiación privada.