La presión de las organizaciones sociales frenó temporalmente la concesión de frecuencias de televisión en El Salvador, un país donde la lucha por el espectro radioeléctrico tiene connotaciones no solo económicas, sino también políticas e ideológicas. “Paramos el proceso de subasta, pero es un triunfo parcial, porque no es una resolución definitiva”, señaló a IPS […]

Representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación se concentraron en el Monumento a la Constitución, en la capital de El Salvador, para exigir que cese definitivamente la asignación por subasta de las frecuencias de televisión y de radio. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
SAN SALVADOR, Jun 22 2014 (IPS)

“Paramos el proceso de subasta, pero es un triunfo parcial, porque no es una resolución definitiva”, señaló a IPS el director de Radio Victoria, Oscar Beltrán. Esta estación comunitaria opera desde el poblado de Victoria, en el central departamento de Cabañas.

Beltrán se refería al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el 16 de mayo detuvo temporalmente el proceso de subasta iniciado por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), el organismo estatal que regula el sector.

La Siget abrió el 5 de mayo el proceso para que empresas o personas participaran en la subasta de seis canales de televisión de señal abierta, los 7, 13, 14, 16, 18 y 20. Se desconoce cuando el máximo tribunal salvadoreño dará su dictamen definitivo.

El fallo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema acogió parcialmente una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por varias organizaciones que en agosto de 2012 ya impugnaron seis artículos de la Ley de Telecomunicaciones.

Esos artículos establecen la subasta como el único mecanismo para obtener una frecuencia de radio y televisión.

La demanda de esa parte de la norma, aprobada en 1997, fue interpuesta por varias organizaciones de radios comunitarias, de abogados y de periodistas, que después confluyeron en la Red por el Derecho a la Comunicación (Redco).

La red presiona para que la Corte Suprema resuelva definitivamente la inconstitucionalidad de los seis artículos.

Los demandantes sostienen que la subasta no permite a sectores como las radios comunitarias competir en igualdad de condiciones por una frecuencia. En este tipo de mecanismo, las adjudicaciones las ganan habitualmente grupos económicos poderosos.

Además, al imposibilitar el acceso a otros sectores a tener participación en el espectro radioeléctrico fuera de la subasta, se violentan los principios constitucionales de igualdad ante la ley y el de libertad de expresión, entre otros aseguran representantes de la red.

“Los canales y frecuencias que la Siget pretende entregar al mejor postor, deberían ser utilizados para promover más medios públicos y comunitarios”, dijo a IPS el activista Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), una de las organizaciones fundadoras de Redco.

La red empuja desde el 2013 dos proyectos de ley, uno sobre medios comunitarios y otro sobre medios públicos, que buscan democratizar las comunicaciones en el país, una meta que requiere modificar los mecanismos para conceder frecuencias de radio y televisión.

Datos de la Siget precisan que en este pequeño país centroamericano de tan solo 20.000 kilómetros cuadrados y 6,2 millones de habitantes, hay 51 canales de televisión, de señal abierta o de suscripción, ente los que destacan cuatro en manos de la privada Telecorporación Salvadoreña (TCS).

También operan 210 radios comerciales, a las que se suman 18 comunitarias. Estas funcionan en una sola frecuencia, la 92.1 de frecuencia modulada, que tienen que fraccionar para emitir conjuntamente.

La Siget convocó a la subasta de los seis canales televisivos ante una solicitud de la empresa Autoconsa, del sector electrónico. Posteriormente se sumaron las empresas Tecnovisión y Movi y José Saúl Galdámez Ábrego, Luis Alonso Avela y Henri Milton Morales.

Es común en El Salvador que las frecuencias, sobre todo de radio, las adquieran “prestanombres”, como se llaman aquí los testaferros. Se trata de personas que gestionan la concesión que interesa a medios de comunicación hegemónicos para utilizarla o para impedir que se amplíe la competencia.

De esa manera, los grandes grupos comunicacionales evitan que se les señale de concentración excesiva.

El proceso de la subasta despertó sospechas desde un principio, porque se dio inmediatamente después de la salida de la jefatura de la Siget de Luis Méndez, el 31 de marzo, sin explicar si se le defenestró o renunció.

El entonces presidente Mauricio Funes, cuyo mandato culminó el 1 de junio, puso en el cargo para los últimos dos meses de su mandato al abogado Ástor Escalante.

El nuevo superintendente abrió inmediatamente el proceso de subasta, alegando que la ley le obligaba a realizar la subasta al existir una solicitud. IPS intentó sin éxito obtener una entrevista con ejecutivos de Autoconsa, la solicitante.

Escalante no aclaró la razón de desconocer una resolución emitida por su antecesor, de septiembre del 2012, que dejaba en suspenso la concesión de frecuencias hasta que se produzca en el país la digitalización del espectro radioeléctrico.

A solicitud de las organizaciones sociales, el fiscal general, Luis Martínez, abrió una investigación sobre la actuación del exsuperintendente.

“No entiendo qué es lo que el fiscal tiene que investigar, si no hay ninguna irregularidad que se haya cometido”, dijo Escalante a IPS.

Otro punto que el fiscal podría investigar es el cambio que el exsuperintendente hizo con el Canal 37, una estación que era propiedad de la Universidad Francisco Gavidia y que, según denunció el medio digital salvadoreño Diario1, fue vendido ya el magnate mexicano del sector de la comunicación, Ángel González.

El mexicano es propietario de un multimillonario consorcio de 30 estaciones de televisión y 80 emisoras de radio en América Latina. Cuenta con canales de televisión y emisoras radiales en Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, además de México, según distintas fuentes.

Escalante también cambió la televisora del canal 37 en banda UHF al canal 11 en la VHF, lo que amplió su calidad y su alcance. IPS no pudo confirmar si tal como se asegura, el canal ya lo maneja el grupo de González, apodado como “el fantasma” por lo poco que se sabe de sus operaciones.

El señalado desembarco de González al mercado salvadoreño preocuparía mucho a los tradicionales grupos mediáticos del país, porque el empresario mexicano tendría, se asegura, aliados en el gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder desde 2009.

Diario1 asegura que el partido estaría interesado en romper, mediante la presencia del grupo mexicano, la férrea hegemonía de la derecha en los medios del país, cercanos a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país entre 1989 y 2009.

Voceros del FMLN y del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que comenzó el 1 de este mes, desestimaron comentar a IPS sobre el asunto.

Los activistas también solicitaron al fiscal que investiga también frecuencias otorgadas en el pasado, porque no se siguieron los procedimientos legales.

Un caso representativo es el del abogado Luis Francisco Pinto, que en marzo de 2009, al final del último gobierno de Arena, obtuvo en forma opaca ocho frecuencias de televisión por las que pagó más de 300.000 dólares y que siguen inoperativas, pese a que la ley indica que toda concesión se revoca tras un año sin utilizarse.

“Es preocupante que las actuaciones en la Siget no hayan sido del todo transparentes”, afirmó a IPS el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, José Luis Benítez.