RedacciónT21
EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE
La Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) y la Fundación Garrigues han presentado esta semana una iniciativa conjunta para potenciar el debate entre científicos y juristas.
Aunque ambas instituciones trabajan desde hace más de dos años a favor del diálogo entre el derecho y el progreso científico, todavía falta mucho para adaptar la legislación a los avances de la ciencia, sobre todo porque el mundo científico evoluciona mucho más rápidamente que el jurídico.
Los juristas tienen el reto de comprender la problemática derivada del desarrollo de la ciencia, mientras que los científicos deben asumir también las implicaciones sociales y éticas derivadas de sus investigaciones. Desarrollar competencias en ambos terrenos en torno a esta doble cultura parece una necesidad apremiante: las decisiones sobre cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad han de ser sólidas y adecuadas.
La sociedad no puede estar al margen de este diálogo. El Parlamento Europeo puso en marcha en 1990 la iniciativa European Parliamentary Technology Assessment (a la que por cierto España no pertenece), destinada a anticipar el posible impacto social, económico y medioambiental de la ciencia y la tecnología.
La iniciativa de Fide y Garrigues se enmarca en este contexto europeo cuando señala que el diálogo entre juristas y científicos debe desembocar en una fuente de propuestas legislativas, formativas o de otro tipo que sean útiles para toda la sociedad.
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