Organizaciones de derechos humanos manifiestan su alarma por la forma en que el gobierno de Estados Unidos maneja la inédita oleada inmigratoria de decenas de miles de niños y niñas indocumentados procedentes de América Central. El presidente Barack Obama anunció que bases militares serán convertidas en centros de detención para albergar a los cerca de […]

Una niña sostiene un cartel en una manifestación por la reforma migratoria. Crédito: Progreso Ohio/cc by 2.0

Por Michelle Tullo
WASHINGTON, Jun 30 2014 (IPS)

El presidente Barack Obama anunció que bases militares serán convertidas en centros de detención para albergar a los cerca de 50.000 menores sin acompañante que llegaron a la frontera austral de Estados Unidos en los últimos meses. Datos recientes indican que hasta unos 300 menores de edad son detenidos a diario, aunque las razones de su arribo están en discusión.

Mientras, se acumulan las voces contrarias al plan del gobierno y algunos sugieren que los centros de detención violarían las obligaciones internacionales que Estados Unidos suscribió en materia de derechos humanos.

“Nos inquieta mucho saber que el gobierno de Obama tiene previsto abrir más centros de detención de familias, comenzando con uno grande en Nuevo México”, declaró Clara Long, de la organización Human Rights Watch.

“Hay evidencias de que la detención de niños causa un daño grave y a veces duradero, lo cual incluye a la depresión, la ansiedad y el daño cognitivo. Es por eso que la detención de niños por su situación migratoria está prohibida por el derecho internacional”, aseguró en diálogo con IPS.

El viernes 27, el Centro de Detención de Artesia, en Nuevo México, comenzó a recibir familias, en su mayoría mujeres con hijos, con la intención de deportarlos en un plazo de dos semanas.

En 2009, Estados Unidos detuvo a menos de 20.000 menores de edad por cargos de inmigración. Sin embargo, entre octubre de 2013 y mayo se registraron más de 47.000 detenciones, un aumento superior a 50 por ciento.

Tras el notable incremento en el ingreso de niños con problemas de refugiados, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entrevistó a más de 400 niños y niñas sobre las experiencias que tuvieron en sus países de origen.

El organismo mundial concluyó que casi 60 por ciento cumplía con los requisitos para recibir protección internacional, en lo que consideró un cálculo conservador.

“Escuchamos relatos de niños que vieron a sus compañeros de aula torturados, desmembrados, amenazas contra las niñas”, declaró el miércoles 26 Leslie Vélez, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Esto no tiene que ver solo con las pandillas, sino con grupos armados criminales, tráfico de drogas, carteles, organizaciones criminales transnacionales. Todas operan con una impunidad cada vez mayor”, añadió la funcionaria.

La detención como disuasión

Cuando un niño o niña es detenido en la frontera, normalmente se lo retiene en una estación de la patrulla fronteriza y, en el plazo de 72 horas, se lo traslada a una oficina federal de reasentamiento. A continuación, en 90 por ciento de los casos, se lo deja en manos de un tutor en Estados Unidos, por lo general un familiar, y luego debe comparecer ante un tribunal.

La oleada creciente desde 2013, sin embargo, significa que muchos niños y niñas permanecen en las oficinas de control fronterizo más allá del límite de 72 horas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organizaciones no gubernamentales presentaron una queja contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que incluye más de 100 denuncias de abuso físico, verbal y sexual de parte de los agentes contra los niños.

“Tenemos que sacar a la gente de la frontera y tramitarlos, por lo que no nos oponemos necesariamente a un centro de detención de corto plazo”, señaló Michelle Brane, de la Comisión de Mujeres Refugiadas, una organización activista, a IPS.

“Pero se habla mucho de ‘parar la corriente’, de usar la detención como forma de disuasión, y estamos en contra de eso. Impedir que la gente tenga acceso al asilo incumple el derecho internacional de los refugiados”, afirmó.

Líbano, Egipto y Jordania recibieron a millones de refugiados sirios en territorios mucho menores que el de Estados Unidos, que suele pedirle a los demás países que cumplan con las normas internacionales de protección, señaló Brane. “Los números aquí son pequeños en comparación”, recordó.

En 2006, Brane visitó un centro de detención donde encontró niños estresados, que perdían peso y no podía salir a la calle.

“Cuando les preguntamos a los niños y sus madres cómo les iba, rompían a llorar… no existe una manera humana de encerrar a los bebés”, destacó.

Brane asegura que existen alternativas comunitarias más baratas y eficientes que los centros de detención, en las que los migrantes indocumentados comparecen ante los tribunales 96 por ciento de las veces.

Otros opinan que las condiciones actuales no son tan malas.

“Todos los que pasan por allí definitivamente sienten que no es un lugar ideal para los niños. ¿Pero se atienden las necesidades básicas de los niños? Así es”, aseguró Juanita Molina, directora ejecutiva de la organización independiente Red de Acción Fronteriza, sobre su reciente visita a un centro de detención en Arizona.

Muchos funcionarios hacen lo mejor que pueden en su trato con los niños, y algunos de los centros tienen juguetes, añadió. Pero la falta de instalaciones y de personal puede derrotar incluso a los empleados con las mejores intenciones, advirtió Molina a IPS.

“El gobierno federal debe replantearse la forma en que ve esta situación, no como una crisis de detención, sino como una crisis humanitaria y de refugiados”, añadió.

Molina y Brane cuestionaron la velocidad oficial para tramitar los casos. El viernes 27, el gobierno de Obama anunció que procesaría los casos en el centro de detención de Artesia en un plazo de 10 a 15 días.

“La falta del debido proceso parece una irresponsabilidad”, expresó Molina. “Es posible que sea legal, pero no es moral”, afirmó.

Las causas subyacentes

Especialistas en migración argumentan que la causa subyacente del problema es la violencia en América Central y no las políticas permisivas de inmigración en Estados Unidos, como sostienen legisladores conservadores en este país.

“Esta inmigración infantil no es consecuencia del fracaso de la seguridad fronteriza”, dijo a IPS la analista Michelle Mittelstadt, del Migration Policy Institute, un centro de investigaciones de Washington.

“Es el resultado de factores de presión profunda en América Central, la violencia, la inestabilidad y la falta de oportunidades económicas, junto con las consecuencias, a veces involuntarias, de leyes, políticas y fallos judiciales de Estados Unidos humanos y bien intencionados”, señaló.

Y de “las redes de contrabando humano cada vez más sofisticadas que les comunicaron a los centroamericanos que sus hijos puedan entrar a Estados Unidos”, añadió Mittelstadt.

El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció desde Guatemala el 20 de junio que Washington destinará 254 millones de dólares de ayuda para frenar la violencia en América Central.

“La respuesta de la administración de Obama, hasta ahora, acierta en algunas de las respuestas inmediatas y a largo plazo necesarias para lidiar con este aumento importante de la corriente” inmigratoria, según Mittelstadt.

“Las diversas formas de asistencia para América Central representan un reconocimiento de los factores profundos en la región que son responsables de una parte de la corriente inmigratoria, como la pobreza endémica, la falta de oportunidades económicas y la violencia de las pandillas”, destacó.

Pero no queda claro si la nueva ayuda representa un compromiso de una sola vez o es algo a largo plazo, agregó.

Tampoco está claro el efecto que esta crisis tendrá sobre los intentos legislativos de reformar las políticas de inmigración de Estados Unidos.

“Creo que esta crisis pone de relieve la urgente necesidad de una reforma migratoria integral”, dijo Long, de Human Rights Watch.

“La reforma migratoria abordaría simultáneamente los abusos en curso a los derechos humanos en el sistema de inmigración, incluida la separación de las familias y las comunidades que viven con miedo. También proporcionaría certeza acerca de la ley y quienes son elegibles o no para el estatus legal”, concluyó.