Grandes asociaciones de la industria y el comercio de Estados Unidos apelaron contra una norma que obligará a las grandes empresas a excluir de sus cadenas de suministro mundiales el oro, estaño y otros minerales utilizados para financiar conflictos armados en los Grandes Lagos de África central. Sin embargo, Intel, fabricante de equipos informáticos, anunció […]

El artículo Empresas de EEUU objetan exclusión de minerales de guerra fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Los “diamantes de sangre” de antaño ahora brindan empleo en Sierra Leona. Crédito: Tommy Trenchard/IPS

Por Carey L. Biron
WASHINGTON, Jan 8 2014 (IPS)

Sin embargo, Intel, fabricante de equipos informáticos, anunció el lunes 6 lo que denominó el primer producto libre de esos materiales en el mundo, y declaró que sus microprocesadores ya no utilizarían “minerales de conflicto”.

El anuncio subraya tendencias en marcha y refutaría, al menos en parte, el argumento jurídico en contra de la disposición, conocida como el artículo 1502 de la ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, aseguran los defensores de una mayor transparencia en la cadena de suministro.

“La norma ya impulsó la reforma del comercio de los minerales en la región de los Grandes Lagos”, señaló Carly Oboth, una asesora de política de Global Witness, una organización para proteger el ambiente y los derechos humanos.

Además “llevó a empresas estadounidenses y congoleñas a aplicar la debida diligencia en la cadena de suministro y a elegir la fuente de los minerales de manera más responsable”, dijo la especialista a IPS.

“De acuerdo con la consultora Claigan, en septiembre de 2013 se identificaron 2.946 empresas que aplican políticas de cumplimiento para los minerales de conflicto, aseguró

Oboth aseguró que “a pesar de la apelación, muchas empresas ya demostraron públicamente la viabilidad de la norma a medida que comienzan a aplicarla para cumplir con el plazo de notificación del 31 de mayo 2014”.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Fabricantes y la Business Roundtable, todos grandes grupos de presión, sostienen que el artículo 1502 de la nueva ley impone una carga financiera excesiva a las empresas y atenta contra las garantías constitucionales de libertad de expresión.

Esos grupos aseguran que apoyan los objetivos de la regulación, pero reclaman cambios considerables en ella y la inclusión de algunas exenciones.

Los partidarios de la medida responden que la Comisión de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos, con sede en Nueva York, ya sopesó detenidamente estas cuestiones.

“En general, apoyamos la posición de la SEC y consideramos que hizo un análisis exhaustivo antes de adoptar la norma sobre los minerales de conflictos”, dijo a IPS la abogada Julie Murray, que representa a la organización humanitaria Amnistía Internacional, que respalda el artículo 1502.

“La SEC recibió unas 13.000 cartas que la instan a adoptar con prontitud esta disposición, y creemos que la comisión hizo un trabajo exhaustivo de análisis de los temas, tomando en cuenta las inquietudes planteadas por estos grupos, e intentando que la norma fuera menos onerosa y más fácil de cumplir”, agregó.

La apelación sigue a una enérgica decisión jurídica, en julio pasado, que confirmó la vigencia del artículo 1502, aprobada por el Congreso legislativo estadounidense en 2010, pero cuyo trámite concluyó en 2013.

En su texto actual, la norma establece que para junio próximo las grandes empresas tendrán que certificar la procedencia de un puñado de minerales de África central, mientras las compañías más pequeñas tendrán un plazo mayor.

Una cuestión central para la decisión final del tribunal sobre la apelación serán los cálculos que empleó la SEC para determinar la carga económica que el artículo 1502 supondría a las empresas.

La Comisión calculó que sumaría más de 4.000 millones de dólares en costos de cumplimiento inicial, más costos anuales de entre 200 y 600 millones de dólares.

Sin embargo, la abogada Murray sugiere que las empresas podrán reducir esos costos cuando aprendan a cumplir con las nuevas disposiciones.

“En general, creemos que es importante que las empresas conozcan el origen de los materiales que utilizan. La mayoría de los consumidores dicen que necesitan saber si los materiales que compran son responsables de violaciones, torturas o asesinatos” en República Democrática del Congo (RDC), dijo.

“Además, esta norma no trata solo de derechos humanos, sino que también desempeña un papel importante en informar a los inversores y los consumidores”, agregó.

El martes 7, sin embargo, dos de los tres jueces encargados del caso parecían dudosos sobre algunos aspectos del artículo 1502. Los magistrados expresaron su preocupación por el precedente que establecería la disposición, la capacidad de la SEC para crearla, e incluso el alcance de la ley subyacente.

Microprocesadores libres de guerras

En 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció formalmente que los ingresos procedentes de la extracción de minerales fortalecían a varios grupos armados que combaten en el este de la RDC.

La industria electrónica es una de las mayores consumidoras de los minerales en cuestión, entre ellos el estaño, oro y tungsteno.

Los partidarios del artículo 1502 argumentan que muchas empresas exhiben un interés creciente en hacer lo necesario para cumplir con la disposición, por razones tanto de marca como financieras. La opinión general es que Intel hizo un esfuerzo muy serio para limpiar su cadena mundial de suministro.

“Hace dos años, le dije a varios colegas que necesitábamos una meta ambiciosa, el compromiso… de que los metales utilizados en nuestros microprocesadores sean libres de conflicto”, declaró el lunes 6 el director ejecutivo de Intel, Brian Krzanich.

“Sentimos la obligación de aplicar cambios en nuestra cadena de suministro, para asegurar que nuestra empresa y nuestros productos no financiaran de manera inadvertida las atrocidades humanas en RDC”, agregó.

Un ejecutivo de Intel representa a la empresa en la Asociación Nacional de Fabricantes, por lo que técnicamente es una de las partes en la apelación actual.

En su página digital, Intel señala que sus “posturas no siempre se alinean 100 por ciento con las de las organizaciones industriales y comerciales a las que pertenecemos”.

Intel calificó su limpieza de minerales de conflictos como “hito fundamental”, pero para Krzanich matizó que “solo es un comienzo”. “Continuaremos con nuestras inspecciones y resolveremos los problemas que se encuentren”, dijo el ejecutivo, que exhortó al resto de la industria de la electrónica a seguir su ejemplo.

Otras voces opinan que el liderazgo de otros sectores en esa dirección es igualmente importante.

“Ahora que Intel presentó el primer producto libre de conflictos, es hora de que otras empresas hagan lo mismo”, dijo Sasha Lezhnev, analista de políticas de Enough Project, un grupo activista de Washington.

“Particularmente en el caso del oro. Es importante que los joyeros tomen medidas, y las empresas del sector aeroespacial también deben redoblar sus esfuerzos. Este problema no lo resolverá una compañía sola”, advirtió a IPS.

Lezhnev acaba de regresar de RDC y observó que el artículo 1502, aunque no está vigente todavía, ya tuvo un papel fundamental en quitarle fondos a los grupos armados de la zona oriental del país africano. La presencia de estos grupos en las zonas mineras es hoy mucho menor, aseguró.

“Los minerales de contrabando cuestan ahora alrededor de un tercio del precio de los certificados, por lo que el nuevo precio que la norma contribuyó a generar ofrece un fuerte incentivo para crear un comercio libre de conflictos”, sostuvo.

“Se observa el desarme de muchos grupos armados… Esto no se debe solo a la nueva regulación, peor la misma ofrece un fuerte incentivo para ello”, agregó.