A bordo de lanchas rápidas, improvisando campamentos o en tratos con las comunidades indígenas, es ostensible la presencia de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Amazonia de Venezuela. “Los vemos de tarde en tarde pasar por aquí en alguna lancha, vestidos de verde, armados, llevando provisiones”, dice a IPS un veterano […]

El artículo La otra retaguardia de las FARC fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

El cerro Autana, parque nacional y

El cerro Autana, parque nacional y «árbol de la vida» para los uwottyjas, visto desde el río. Crédito: Humberto Márquez/IPS

Por Humberto Márquez
PUERTO AYACUCHO, Venezuela, Nov 22 2013 (IPS)

“Los vemos de tarde en tarde pasar por aquí en alguna lancha, vestidos de verde, armados, llevando provisiones”, dice a IPS un veterano lanchero, Antonio, frente a las plomizas aguas del río Cuao, que van a dar a la margen derecha del Orinoco Medio, en el sureño y limítrofe estado de Amazonas.

Unos 100 kilómetros al sur, en Maroa, poblado de 2.000 habitantes junto al fronterizo río Guainía, “cuando llega la comida de Mercal (distribuidora gubernamental de alimentos subsidiados) una parte se va con los muchachos de las FARC”, relatan colaboradores del obispo José Ángel Divassón, vicario apostólico de Amazonas.

También en Atabapo, otro poblado fronterizo, “las FARC imponen orden y evitan los robos”, mientras que en comunidades indígenas “buscan establecer campamentos y reclutar muchachos a los que les ofrecen llevárselos por tres años”, aseguran.

Selvático, con abundantes y caudalosos ríos y rico en minerales, Amazonas es el saliente sur en el mapa venezolano, de 184.000 kilómetros cuadrados y con 180.000 habitantes, de los que 54 por ciento se censaron en 2011 como pertenecientes a 20 etnias indígenas.

La presencia de grupos armados de Colombia viene a ser el más nuevo de los castigos para esta región ya maltratada por el aislamiento, las carencias de servicios públicos y el desinterés electoral (por su escasa población) y económico desde el poder central.

La vulneración de su ambiente y de los modos de vida y supervivencia de sus pueblos indígenas tiene larga data. La minería aurífera informal es la más visible.

Liborio Guarulla, indígena y veterano izquierdista de oposición al gobierno central, estima que puede haber hasta 4.000 guerrilleros en este vasto estado del cual es gobernador.

En Puerto Ayacucho, la capital, Guarulla dijo que “a cinco kilómetros de aquí han hecho reuniones con comerciantes para implantar vacuna (impuesto de guerra)”.

El gobernador, del Movimiento Progresista de Venezuela, cree que la llegada de las FARC a Amazonas “es consecuencia de la ofensiva desatada por el ejército de su país desde hace unos siete años, contra las columnas que tenían como retaguardia el oriente colombiano y que ahora pasaron la frontera”.

Las izquierdistas FARC son la insurgencia más antigua y persistente de América Latina. Se alzaron en armas en 1964 y hace meses están enfrascadas en negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, que se desarrollan en La Habana.

En mayo, combatientes de las FARC al mando de “Antonio Medina” tomaron contacto con líderes del pueblo uwottyja (piaroa), que habita el Orinoco Medio y sus afluentes, para establecer una relación de cooperación, dice a IPS el chamán de la comunidad de Caño de Uña, José Carmona.

“Les dijimos que no, que tanto la presencia de ellos como de los mineros ofende nuestras tradiciones porque somos pueblos que queremos vivir sin armamentos, solamente con machetes para el conuco (parcela cultivada) y escopetas para cacería”, explica Carmona.

Después de esas reuniones, las organizaciones uwottyjas de las áreas de cinco ríos de la zona publicaron una carta a las FARC en la que manifestaron “nuestro total desacuerdo con su presencia y desplazamiento en nuestro territorio”.

Con respeto por “la condición humana” de los guerrilleros, los uwottyjas rechazaron “el intercambio comercial o contrataciones de personas indígenas” por parte de las FARC y los urgieron a “buscar la alternativa de cómo puedan retornar a su lugar de procedencia o país”.

El diputado César Sanguinetti, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, dice a IPS que “la conducta responsable del Estado es que nuestra soberanía sea impermeable”.

“Pese a la consideración de que las FARC surgen de un proceso en las entrañas del pueblo colombiano, somos un país soberano que no debe permitir que ingrese ningún tipo de fuerza armada, y como pueblo y gobierno solicitamos respeto”, agrega Sanguinetti, de la etnia curripaco, presente en el sur de Amazonas y en el sudeste de Colombia.

Otros indígenas, el maestro uwottyja Juan Pablo Arana y el técnico en salud yanomami Luis Shatiwe, estiman que la guerrilla agrava los problemas de abastecimiento de las comunidades indígenas, que deben competir con los contrabandistas para acceder a alimentos, combustible y otros bienes.

“Para conseguir harinas, azúcar, aceite, arroz o café, viajamos horas, a veces hasta Puerto Ayacucho, pero es caro por el costo de la gasolina y el aceite (para los motores de los botes o canoas) y a veces llegamos y ya no quedan esos productos en los Mercal”, dice Arana, en la comunidad Raudal de Seguera, al pie del cerro Autana, sagrado para su pueblo.

La gasolina en Venezuela es la más barata del mundo (1,5 centavos de dólar el litro), pero los precios aquí sufren otras distorsiones.

Un tambor de 200 litros, cuyo precio en Puerto Ayacucho es de 20 bolívares (lo mismo que una lata de refresco), “cuesta miles de bolívares en el Alto Orinoco, hasta 8.000 o 10.000. Las canoas de indígenas las revisan mucho los militares, pero se ve que dejan pasar las de mineros o contrabandistas”, apunta Shatiwe.

Centenares de mineros informales extraen oro de Amazonas, pese a que la minería está prohibida en este estado.

“Al pueblo de Maroa, que tiene una sola planta eléctrica, llega un cargamento de 100.000 litros de gasóleo y en tres días se acaba. ¿A quién se lo venden?”, se pregunta Guarulla.

“Los tres grandes problemas que hemos identificado son la minería ilegal, que destruye el hábitat de las comunidades, la presencia de irregulares colombianos, y temas sensibles como la falta de energía eléctrica, fallas en otros servicios, escasez o carestía de bienes y la inseguridad”, detalla Divassón.

Lo que sí llega a Amazonas, y en colores, es la polarización política del resto del país. Los techos de metal para viviendas de los indígenas son rojos, si los dona el gobierno central de Nicolás Maduro, o azules, si los entrega el gobernador Guarulla.