Miguel Ormaetxea 
El miércoles 15 de octubre, el Senado aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que ya solo le queda la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados.
En ella se incluye el polémico artículo 32.2, conocido como la “tasa Google”, un enorme error que coloca a España a la cola de la innovación digital. Pero a última hora el Gobierno añadió una disposición final cuarta donde se afirma que la reforma tiene validez por un año. O sea, una chapuza con plazo de caducidad de cara a que el PP pueda afrontar las próximas citas electorales con los grandes editores sometidos a la ley de hierro de las ayudas estatales.
En dicha disposición final se precisa, además, que el Gobierno tiene un año para llevar a cabo “los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento”.
En otras palabras, que el Gobierno es consciente de que esta reforma, con su “tasa Google” incluida, no se ajusta para nada a dichas necesidades de la sociedad del conocimiento, pero da un capotazo con fecha de caducidad a los grandes editores de prensa de este país, en un intento de salvarles al menos parcialmente el desastroso estado de sus cuentas de resultados. Un año es el tiempo que el PP puede necesitar para intentar revertir ante la opinión pública la caída de popularidad que está sufriendo con el manejo de la gran crisis económica.
Garantizar la docilidad
El Gobierno y los grandes editores de la vieja prensa de papel agrupados en torno a la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) saben perfectamente que Google no va a pagar nunca ni esa tasa ni ninguna otra por el estilo y que antes cerrará Google News en España.
El máximo responsable de Google News, Richard Gingras, lo ha dejado bien claro en su visita a Madrid hace unos días. Además, tenemos el ejemplo de Alemania, donde el gigante de Internet ha minimizado los enlaces que hace a algunos de los grandes periódicos que solicitaban una tasa parecida a la que España reclama.
Para soslayar este peligro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha colado en el famoso artículo 32.2 la precisión de que esta tasa es “irrenunciable”, con lo que ninguna publicación digital podrá soslayar la reclamación de dicha tasa.
Si está bien claro que Google no pagará esa tasa pues, para ellos –como para todo el mundo de cultura digital-, dicho canon va contra las leyes no escritas de Internet, que consagran el derecho a citar y vincular cualquier noticia o información, ¿por qué este empeño sin sentido? Porque esperan que, ante la imposibilidad de sacarle el dinero al gigante norteamericano de Internet, el Gobierno termine pagando a los grandes editores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, igual que se hace con la compensación por copia privada.
El Gobierno se asegura la docilidad de los grandes editores y, de paso, la naciente galaxia de la información digital pura (en España hay más de 1.000 webs de información de todo tipo, locales y de nicho, y crecen a una velocidad superior a una al día), mucho más díscola e independiente en sus informaciones y líneas editoriales, recibe un castigo, pues si no son enlazados por el buscador, sus audiencias caerán, con beneficio para los grandes diarios, cuyas cabeceras son aún bien conocidas por el público en general.
Guerra entre pequeños y grandes
Estamos por tanto en una batalla donde, además de los factores reseñados, subyace una guerra entre el mundo de los grandes editores de papel que se desmorona y los centenares de pequeños editores digitales, a través de los cuales se informa ya en torno a un 30% de la población española.
El diario Expansión publica hoy jueves un vergonzante editorial titulado “Remuneración lógica a los editores de medios”. Apoya el canon AEDE “porque la premisa de la que parte la ley, y que reviste toda la lógica económica, es que quien haga uso comercial del contenido generado por los medios de comunicación deba remunerarse por ello”.
Esa aparente lógica económica es un subterfugio falaz, ya que parte de una premisa que está siendo barrida por la cultura digital. En vez de enfrentarse al reto de la transición digital, prefieren chocar de frente contra el futuro, a cambio de intentar salvar un abismal presente.
Tanto en Expansión como en El Mundo o El País, hay excelentes periodistas que escriben solventes informaciones sobre el mundo digital y saben bien de lo que hablan. Es una pena que una vez más, los editores no estén a la altura de las circunstancias. La prensa española tiene un retraso histórico en su transición digital, con unos ingresos digitales ridículos en comparación con su facturación total.
Pero en vez de afrontar este desafío con renovadas inversiones, alianzas, rigor, riesgo e innovación, prefieren echarse en brazos de un gobierno que está demostrando repetidamente su ceguera digital. Los editores, grandes y pequeños, deben llegar a un entendimiento justo con los gigantes de Internet, porque se necesitan mutuamente. Ése es el camino adecuado y no las tasas vergonzantes.
Oracle Day 2014
El próximo seis de noviembre, en Madrid se celebrará un importante evento: “Oracle Day 2014”. El tema central es la disrupción digital. Los organizadores subrayan que en 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados frente a los 9.000 millones que había en 2012; que los datos se van a multiplicar por 50 en ese periodo; que los datos móviles crecen a un ritmo del 78% anual, etc.
El gigante de la informática corporativa advierte que las organizaciones tienen un 75% de aplicaciones viejas ya de más de dos décadas. Nuestro Gobierno también parece que tiene una visión de hace más de 20 años. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría debería apuntarse a este evento.
Este artículo se publicó originalmente en Media-Tics. Se reproduce con autorización.
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