La trata de seres humanos en España es real, aunque invisible

La trata de seres humanos es un problema desconocido en España, tanto por la falta de cifras fiables como por la escasa coordinación policial nacional e internacional y la permisividad social hacia determinadas conductas relacionadas con el comercio sexual.

Estas son algunas de las conclusiones de un informe financiado por la Unión Europea y elaborado por un equipo de investigación en el que participa personal experto de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

En este estudio se comparan las legislaciones de los países europeos relacionadas con esta materia y se analiza tanto el grado de protección de las víctimas como las medidas adoptadas para evitar este delito. Además, se define un código de buenas prácticas que favorezca la promulgación de nuevas directrices europeas encaminadas a poner fin a estas conductas.

Precisamente, uno de los primeros obstáculos es que no se conoce bien la magnitud del problema, señala una de las autoras del informe, Begoña Marugán Pintos, del departamento de Análisis Social de la UC3M: “Estadísticamente se desconoce la dimensión del problema: por su naturaleza delictiva, ilegal y transnacional; por su confusa definición; por la escasa legislación (se tipifica en el Código Penal en 2010); y por las escasas herramientas de recogida de la información de que disponemos”.

Datos insuficientes

Las cifras de la trata de seres humanos en España pueden variar de 200 a 13.000 casos y solo se dispone de datos fiables cuando se practican detenciones. 

Las fuentes principales son la Policía y la Guardia Civil, cuyos informes se recopilan conjuntamente en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior. “Esos datos son alarmantemente insuficientes, sobre todo si se hace referencia a la trata para la explotación laboral y a la trata para el tráfico de órganos, que son prácticamente invisibles en España”, indica Marugán.
 
Por sus características, el problema de la trata de personas plantea dificultades de enorme calado a los gobiernos, administraciones y organizaciones sociales españolas. “En este escenario, es particularmente interesante la labor de las ONG, que son las que trabajan en el día a día con las víctimas de trata y quienes perciben mejor sus necesidades y dificultades, así como los fallos en el sistema de detección y protección”, comentan las autores del informe. Por eso, en este proyecto han trabajado intensamente con estas organizaciones sociales, además de con la fiscalía, las fuerzas policiales y las administraciones del Estado.
 
El estudio se ha abordado con una aproximación interdisciplinar, es decir, desde los campos del derecho, la ciencia política y la sociología. Esta última ha contribuido a determinar  

Modelo español
 
El modelo español se caracteriza por los tres rasgos siguientes: la centralidad del estudio sobre la trata con fines de explotación sexual; el interés prioritario de las políticas públicas en el castigo, pues solo recientemente han empezado a tomarse en consideración la prevención y protección de las víctimas; y el avance legislativo, gracias a las obligaciones adoptadas internacionalmente. “En España, por ejemplo, se ha pasado de una situación (antes de 1999) de política criminal que identificaba prostitución y trata, a otra situación (a partir del I Plan de Acción 2002-2003 y sobre todo desde el 2005) donde empieza a darse una mayor protección jurídica de las víctimas”, comenta otra de las autoras del informe, Itziar Gómez Fernández, del Instituto de Derecho Público Comparado “Manuel García Pelayo” de la UC3M.
 
“En este campo, la legislación exclusivamente represiva es inapropiada y todavía hay pocas políticas públicas dirigidas a la prevención y la protección de las víctimas, aunque este enfoque empieza a utilizarse cada vez más y anima a la esperanza”, comenta otra investigadora del mismo Instituto, Carmen Pérez González. Según ella, se debería adoptar un nuevo protocolo marco que incluyera un conjunto de medidas destinadas tanto a prevenir y perseguir la trata como a proteger, asistir y compensar a las víctimas de manera efectiva.
 
Tratamiento transnacional
 
El tema de la trata de seres humanos requiere un tratamiento transnacional, con la participación de instituciones internacionales y la cooperación de países de origen, tránsito y destino. Por ello, uno de los aspectos más importantes de esta investigación es su dimensión internacional, al involucrar a investigadores de cinco países europeos. Además de la UC3M, también han participado en ella el Centro de Estudios Sociales de Portugal, que se ha encargado de su dirección, el Instituto de Asuntos Públicos de Polonia, la Universidad Católica del Sagrado Corazón (Italia), la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) y la Universidad de Oradea (Rumania). El informe contiene fundamentalmente dos apartados: uno sobre legislación y políticas públicas y otro sobre la dimensión cuantitativa del problema.
 
El estudio incluye un decálogo de recomendaciones para afrontar este problema; entre ellas mejorar los mecanismos de cooperación entre administraciones, revisar la tipificación actual de este delito en el Código Penal (art. 177), comprobar el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros o de los pasos fronterizos para evitar una posible doble victimización de las personas tratadas, o redactar un manual para los profesionales de los medios de comunicación social.

Este manual, que ayudaría a los periodistas a crear conciencia sobre este fenómeno, podría dar cabida a las siguientes recomendaciones específicas, según las investigadoras: utilizar el concepto de trata de seres humanos (que no se emplea habitualmente), desligar la trata de la prostitución y la inmigración ilegal, y, por último, mostrar la trata con fines de exploración laboral, porque a la explotación se le atribuye todo tipo de componente sexual y se relativiza el componente laboral, con lo que se invisibilizan las ganancias económicas que esta prostitución supone.
 
 

Referencia:
 
The fight against trafficking in human being in EU: promoting legal cooperation and victim’s protection . Proyecto financiado por el Programa de prevención y lucha contra la delincuencia de la Comisaría de Asuntos de Interior en la Comisión Europea.