Ocho meses después de ser introducido en la Asamblea Legislativa, el proyecto para crear una Ley Marco de Cambio Climático se tambalea en Costa Rica, ante críticas de expertos, el cambio de gobierno y las modificaciones al texto inicial. La propuesta presentada en agosto de 2013 al parlamento unicameral pretendía establecer “un marco operativo para […]

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica debe decidir si el país contará con una ley que sirva como marco a sus políticas sobre cambio climático. Crédito: Diego Arguedas Ortiz/IPS

Por Diego Arguedas Ortiz
SAN JOSÉ, May 21 2014 (IPS)

La propuesta presentada en agosto de 2013 al parlamento unicameral pretendía establecer “un marco operativo para el desarrollo de políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático”. Pero se estancó cuando le faltaba solo una segunda votación para convertirse en ley.

La oposición de los responsables del área climática del anterior gobierno, de grupos de expertos en la materia y de un número representativo de diputados, aconsejó devolver el juego a la primera casilla.

El 9 de abril, último mes de la anterior legislatura, se presentó en la Comisión de Ambiente un texto reformado y con un nuevo nombre: Ley de Adecuación Institucional para el Cambio Climático.

Las negociaciones sobre el proyecto arrancan otra vez, pues la legislatura iniciada el 1 de este mes presenta una amplia renovación en los 57 escaños de la Asamblea.

“Ese proyecto tal y como está es nefasto, no soluciona nada y más bien empeora”, dijo a IPS el director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía, William Alpízar, que permanece en el cargo desde el gobierno anterior, de la presidenta Laura Chinchilla.

Desde su despacho “mandamos un voto a la Comisión (de Ambiente), donde dijimos que este proyecto debe ser eliminado”, explicó.

Alpízar sigue en su cargo pese a que el 8 de este mes asumió la Presidencia el centroizquierdista Luis Guillermo Solís, quien puso fin al dominio de las dos fuerzas tradicionales: el Partido de Liberación Nacional (PLN), de Chinchilla, y la Unidad Social Cristiana. Solís encabeza el Partido Acción Ciudadana (PAC) y llegó al poder con el respaldo de 77 por ciento de los votos.
Un avanzado climático

Costa Rica es un país avanzado en legislación ambiental, que en 2007 asumió el compromiso de ser carbono neutral para 2021.

En 1994 una reforma constitucional garantizó a los costarricenses el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En 1996 se promulgó la Ley Forestal, que reconoció cuatro prestaciones naturales básicas de los bosques: biodiversidad, protección del agua, belleza escénica y captura de carbono. Sobre esta normativa se apoyó el primer programa de pagos por servicios ambientales, que remuneraba a quien protegiera sus bosques de la deforestación.

La iniciativa de carbono neutralidad todavía no es ley, pero tiene el respaldo de varios decretos ministeriales y de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, suscrita un año después de adquirido el compromiso. El nuevo gobierno ha indicado que lo mantendrá.

En 2012 se creó el Mercado Voluntario Doméstico de Carbono, que permitió la generación y comercio de bonos de carbono. René Castro, quien fue ministro de Ambiente y Energía desde 2010 hasta este mes, afirmó el 3 de abril que la cobertura boscosa le permite al país mitigar ya 17,5 millones de toneladas de dióxido de carbono por año.

El objetivo es compensar 21 millones de toneladas que se estima emitirá para el año 2021.

Durante el cuatrienio anterior, se aprobaron también la Ley de Vida Silvestre y la Ley de Gestión de Recurso Hídrico, ambas de iniciativa ciudadana.

Alpízar critica que el proyecto no fue consultado con los sectores involucrados, crea burocracias innecesarias, no recopila la legislación previa ni tiene fundamentos actualizados.

“Esto es algo que requiere un diálogo con ciudadanos en áreas vulnerables, con los sectores del transporte público. Tiene que haber una participación ciudadana efectiva en la creación de la ley”, aseguró a IPS la coordinadora de la Estrategia de Carbono Neutralidad de la Universidad de Costa Rica, Olga Corrales.

Pero el promotor del proyecto, Alfonso Pérez, asegura que es una norma necesaria porque otorga un marco institucional para tratar el fenómeno del cambio climático.

Pérez, dirigente del PLN, con mayoría en la anterior Asamblea pero que no sigue como diputado, sostiene que la Dirección de Cambio Climático, actual órgano rector en la materia, es un ente técnico sin el poder político necesario.

El proyecto original de Ley Marco creaba dos consejos: uno político y otro técnico, que regularían las prácticas costarricenses ante el cambio climático.

En la nueva versión solo se mantiene la Comisión Nacional de Cambio Climático (Conclima), que se plantea como un esfuerzo de integración de varios ministerios (Ambiente y Energía, Agricultura y Ganadería, Educación, Salud, Obras Públicas) y de otras instituciones centralizadas.

El principal cambio del segundo proyecto es la creación de Conclima, a la que se asigna una veintena de funciones, desde promover la educación sobre cambio climático en escuelas y universidades hasta velar por un ordenamiento territorial y una reestructuración del transporte que ayuden a disminuir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero.

Pérez es el representante en Costa Rica de la organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe International), que agrupa a legisladores de 80 países y que impulsa la adopción de marcos legales nacionales sobre temas como forestación, cambio climático y capital natural.

En su cuarto informe sobre legislación climática, Globe destacó el proyecto costarricense y anticipaba su aprobación para este año.

“La palabra marco generó una expectativa. Se habla en el segundo proyecto presentado de una adecuación institucional. Pero sí le damos la dimensión correcta, que es dotar al país de la institucionalidad. La administración y el ministro anterior sí lo apoyaban”, dijo Pérez a IPS.

Pero el nuevo gobierno duda del proyecto, al que el PAC se había opuesto en la anterior legislatura. Su ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, señaló a IPS que la iniciativa necesita una revisión, aunque prefirió no dar detalles.

En la nueva Asamblea, donde los proyectos suelen necesitar el empuje de uno o varios legisladores, todavía nadie “adoptó” la iniciativa.

En cambio, entre los considerados “líderes” ambientales del nuevo parlamento figuran algunos de sus detractores.

“Esa ley no dice nada, es un enunciado de buenas intenciones y crea más entidades burocráticas e instancias que vienen a aumentar la parte burocrática y no se establecen mecanismos y políticas claras”, dijo a IPS el diputado Edgardo Araya, del izquierdista Frente Amplio.

Araya es uno de los principales abogados ambientalistas del país y pidió formar parte de la Comisión de Ambiente que deberá aprobar el proyecto para que siga con vida.

Olga Corrales y Araya coincidieron en que al proyecto le falta establecer que el cambio climático es un asunto de desarrollo, si bien la iniciativa apunta a esta vinculación al indicar que Conclima debe impulsar medidas multisectoriales para atacar al cambio climático.

Organizaciones ambientalistas como Costa Rica Limpia o Arca y el principal científico climático del país, Lenín Corrales, también adversan el proyecto.

El espíritu inicial del proyecto partió de un informe de 2011 de la Contraloría General de la República, el ente fiscalizador del Estado, señalando que la Dirección de Cambio Climático es un ente técnico sin capacidad operativa, aseguró Pérez.

Lo cierto es que Costa Rica no tiene una ley integral sobre cambio climático.

Durante la campaña electoral, el equipo ambiental del ahora presidente Solís prometió la creación de un “supraministerio” para el cambio climático, formado por ministros de varias carteras.

También es incierta la suerte de otro proyecto presentado por Pérez al parlamento, el de la Ley para la Valoración del Capital Natural e Integración de la Contabilidad Verde en la Planificación para el Desarrollo, que aspira a cuantificar el valor de la biodiversidad, el agua y el suelo.

Ese valor se sumaría a los criterios técnicos para otorgar permisos de construcción o de funcionamiento y también podría servir para medir el peso de los bienes naturales en la economía nacional.