Este es el segundo de dos artículos sobre las acusaciones de racismo en el sistema de bienestar infantil en Filadelfia.

El artículo Los huérfanos de la pobreza fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

De izquierda a derecha: Eric Gjertsen, de Payday, Carolyn Hill y Celyne Camen, de la Red Cada Madre es una Madre que Trabaja. Crédito: Kanya D'Almeida/IPS.

De izquierda a derecha: Eric Gjertsen, de Payday, Carolyn Hill y Celyne Camen, de la Red Cada Madre es una Madre que Trabaja. Crédito: Kanya D’Almeida/IPS.

Por Kanya D’Almeida
FILADELFIA, Estados Unidos, Dec 11 2013 (IPS)

Sentada ante una mesa del tenuemente iluminado café de la biblioteca pública de Filadelfia, Carolyn Hill parece una comensal más. Pero pocos minutos de conversación bastan para conocer que esconde una profunda angustia.

Hill libra una feroz batalla contra la ciudad de Filadelfia, cuyo Departamento de Servicios Humanos (DSH) retira de sus hogares biológicos y pone bajo custodia del estado a más niños negros que cualquier otra ciudad de su tamaño en el resto de Estados Unidos.

El único motivo por el que no le devuelven a sus hijas adoptivas, dijo a IPS, es que es una mujer negra, soltera y pobre, análisis que comparten muchos activistas y expertos que trabajan para reunir a familias desmembradas por las autoridades estaduales.

El 3 de abril de 2011, el DSH de Filadelfia puso a las dos sobrinas de Hill, de uno y dos años, bajo su cuidado, luego de que le retiraran sus derechos a la madre biológica por cargos de abuso de drogas.

Apenas un año después, mientras se procesaba la documentación necesaria para concederle a Hill el estatus de madre adoptiva legal de las niñas, una trabajadora social del Servicio Luterano de Infancia y Familia, una agencia privada contratada por el DSH, consideró que ella era inadecuada para adoptar, o incluso para brindar un hogar de acogida.

“Todos los servicios necesarios para hacer funcionar esta operación representan la posibilidad de enormes contratos del gobierno para empresas privadas”. — Celyne Camen
Citando su falta de educación como motivo para el retiro inmediato de las pequeñas, la trabajadora social se las llevó, sin avisar, justo antes de las vacaciones de Pascuas.

“Cuando vienen a visitar a las niñas, se quedan apenas 15 minutos”, dijo a IPS. “¿Qué puedes saber de alguien en 15 minutos? Ellos lo llaman inspecciones de hogares, pero son más bien invasiones de hogares”.

Entonces desconocía sus derechos como cuidadora y, buscando ayuda con desesperación, Hill se topó con “DSH – Devuélvannos a nuestros hijos”, una organización de autoayuda con sede en Filadelfia y coordinada por la Red Cada Madre es una Madre que Trabaja.

Junto con esta comunidad de voluntarios y asesores legales, pasó los últimos dos años escarbando hasta llegar al núcleo de una política sistemática de retiro de niños y niñas en Filadelfia. Esta empieza con asistentes sociales poco calificados y recargados de tareas que atienden las líneas telefónicas de emergencia para la protección a la infancia, y pasa por todos los niveles de trabajadores sociales, agencias, tribunales y “defensores de los niños”.

Todo aquel que presente una demanda contra un padre o madre solo tiene que llamar a una de las muchas líneas telefónicas nacionales de emergencia, que remiten las llamadas a agencias como el DSH para que las investigue.

El DSH de Filadelfia no respondió a las solicitudes de declaraciones de IPS para este artículo.

Los asistentes sociales que realizan la investigación pueden entonces listar al padre en cuestión en un registro central de abusadores de niños en base a nada más que una interacción de una hora con la familia.

“En algunos estados, los padres pueden apelar, pero en otros no existe esa posibilidad en absoluto”, dijo Phoebe Jones, integrante de la Red Cada Madre es una Madre que Trabaja, en diálogo con IPS.

Una vez presentada la denuncia por maltrato, los asistentes sociales pueden ingresar a viviendas para registrarlas sin que medie una orden. En 29 estados, esos funcionarios tienen libertad para “confiscar” a un niño o niña de inmediato si el padre o la madre se resisten a alguna de estas medidas.

En el resto de los estados, dijo Jones, los trabajadores sociales pueden pedir a las agencias del orden que les entreguen al niño.

Hill culpa de su actual calvario a los asistentes sociales que se ocuparon de su caso. Según ella, lo único que vieron fue que vivía en una casa pobre, sin tener en cuenta que siempre había alimentos en el refrigerador, una comida casera en el horno y risas en el hogar.

“Mis sobrinas y yo salíamos a pasear juntas, hacíamos la siesta juntas, comíamos juntas, jugábamos juntas”, relató. “Ahora están varadas todos los días en un centro de cuidados diurnos desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde”.

Una empresa lucrativa

Tras batallar un año entero, protestando frente al tribunal, aportando infinita documentación como prueba de sus capacidades como tutora, detallando el apoyo que le brindaban su familia extendida, su iglesia y su comunidad, Hill finalmente se las arregló para que el DSH se retractara.

Pero apenas se proclamó apta para volver a recibir a las niñas, intervino el Centro de Apoyo a los Defensores de la Infancia.

Según Celyne Camen, de la Red Cada Madre es una Madre que Trabaja, los defensores de la infancia se ocupan de representar a niños y niñas en los juicios por dependencia.

El trabajo de esos defensores consiste en presionar a favor de lo que piensan que es lo mejor para el niño, independientemente de lo que él mismo pueda querer. En el caso de Carolyn Hill, una de las pequeñas en cuestión tenía apenas 15 meses.

“¿Cómo puede una niña de esa edad ser representada por extraños que no entienden sus necesidades?”, preguntó Camen.

En su opinión, la directiva del Centro de Apoyo a los Defensores de la Infancia representa los enormes incentivos financieros que hacen funcionar el sistema de cuidados de acogida y, por ende, de retiro de niños de sus hogares biológicos en Estados Unidos. Está integrada por financistas suizos, bancos de inversión como Merrill Lynch, gigantes legales como Blank Rome y algunos de los presidentes más ricos de las principales empresas farmacéuticas.

“Estas corporaciones están muy interesadas en reestructurar este sector en particular para depositar más influencia en manos privadas”, dijo Camen. Todos los servicios necesarios para hacer funcionar esta operación representan la posibilidad de enormes contratos del gobierno para empresas privadas”.

Aramark, una firma de administración de servicios y suministros, tiene una posición destacada en la directiva del Centro de Apoyo. Entre sus muchos clientes hay 600 instituciones correccionales, a las que proveen de “todo, desde uniformes hasta lápices”, dijo Camen, señalando un hilo conductor entre las instituciones de cuidados a la infancia y el vasto archipiélago de prisiones dispersas por todo Estados Unidos, similar al “ducto de la escuela a la prisión”.

Además, planteó Eric Gjertsen, de la red Payday, una organización con sede en Filadelfia que trabaja con hombres afectados por las prácticas del DSH, el sistema también se sirve de pruebas de capacidad parental, clases de manejo de la ira, evaluaciones psicológicas y exámenes médicos realizados por cientos de empresas privadas.

Todd Lloyd, director de políticas de bienestar infantil en la organización sin fines de lucro Pennsylvania Partnerships for Children, dijo que solo dar vivienda a un solo niño podría costar entre 10.000 y 66.000 dólares al año.

También hay que tener en cuenta “que los costos de ubicación no son los únicos involucrados en el retiro de un niño de su hogar; además hay otros costos administrativos”, por ejemplo los judiciales.

Dicho esto, las finanzas requeridas para operaciones de retiro de niños en todo el país conceden al DSH de Filadelfia un presupuesto operativo de 600 millones de dólares. Eso es “suficiente para transformar la situación de muchos niños señalados como víctimas de negligencia, junto con sus familias”, dijo Jones a IPS.

Hill afirmó que su lucha la puso en contacto con decenas de padres que también libran una batalla para recuperar a sus hijos. Muchos de ellos hacen malabarismos para mantener a grandes familias de cinco o más hijos, y la vasta mayoría informa haber perdido la patria potestad por inconvenientes menores.

“Conocí a una madre cuya tía llamó al DSH por ella. Cuando (los enviados del DSH) llegaron no encontraron nada malo excepto que el retrete de su casa estaba tapado. Pero se le llevaron a su hijo. Eso no tiene sentido. Si a usted se le tapa el retrete no necesita al DSH, necesita un plomero”, dijo.