Los activistas y juristas que solicitan la inconstitucionalidad de la draconiana ley de Uganda contra los homosexuales creen que lograrán tumbarla. “Los jueces son humanos. Pero estamos muy seguros de que hemos hecho una argumentación convincente y de que los magistrados aplicarán su capacidad jurídica a la ley tal como fue presentada, en lugar de […]

El artículo Ofensiva jurídica contra la ley antigay de Uganda fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

El parlamentario oficialista Fox Odoi es uno de los firmantes de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antigay de Uganda. Esta fotografía fue tomada el 11 de marzo, día en que se presentó la demanda al Tribunal Constitucional. Crédito: Amy Fallon/IPS

Por Amy Fallon
KAMPALA, Mar 17 2014 (IPS)

Los activistas y juristas que solicitan la inconstitucionalidad de la draconiana ley de Uganda contra los homosexuales creen que lograrán tumbarla.

“Los jueces son humanos. Pero estamos muy seguros de que hemos hecho una argumentación convincente y de que los magistrados aplicarán su capacidad jurídica a la ley tal como fue presentada, en lugar de prestar atención al clima de la opinión pública”, dijo a IPS el secretario de la Sociedad Legal de Uganda, Nicholas Opiyo.

El martes 11, una coalición de organizaciones de juristas y defensores legales presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Uganda, en Kampala, contra la Ley Anti-Homosexualidad que el presidente Yoweri Museveni promulgó el 24 de febrero.

El objetivo del recurso es que el máximo tribunal emita una orden que frene su aplicación.

La ley endurece las penas por actos homosexuales, establece la cadena perpetua por “homosexualidad agravada” y penaliza la “promoción” de la homosexualidad.

Opiyo, quien participó en la redacción del recurso, cree que este “plantea importantes cuestiones constitucionales y legales que el tribunal debe resolver satisfactoriamente”.

El recurso cuenta con el auspicio de la Coalición de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CSCHRCL), integrada por 50 entidades no gubernamentales locales que promueven la no discriminación.

La ley antigay “viola los derechos garantizados por la Constitución a la privacidad, a la no discriminación, a la dignidad, a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes…”, arguye el recurso.

Los demandantes también solicitan que se expida una orden judicial permanente que impida a los medios de comunicación difundir imágenes, nombres, direcciones u otros detalles de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) o de quienes se supone que lo sean.

El 25 de febrero, apenas un día después de que Museveni promulgara la ley, el tabloide ugandés Red Pepper publicó una lista de “los 200 principales homosexuales de Uganda”. Le siguieron una serie de títulos sensacionalistas en varias ediciones del mismo medio y de Hello.

Geoffrey Ogwaro, de la CSCHRCL, fue mencionado por Red Pepper el 1 de este mes con un título de portada que rezaba “Homosexuales ugandeses forman gabinete”. Su fotografía apareció en la página dos.

Aunque la familia del activista sabe que es gay, su madre todavía está “con el corazón roto” luego de verlo en el periódico, dijo Ogwaro.

“Ella nunca aceptó realmente (mi homosexualidad), y cuando se hizo pública fue realmente vergonzante para ella”, explicó Ogwaro.

“Ahora se calmó un poco, pero para ella fue una conmoción”, añadió.

Según la “estimación conservadora” de Opiyo, el tratamiento del recurso podría insumir “alrededor de seis meses”. Pero incluso para entonces, el discurso público sobre la ley, que es aprobada por la mayoría de los ugandeses, puede “pesar en la decisión de los jueces”.

“No tenemos ninguna ilusión de que este recurso sea popular. Sabemos demasiado bien que el público puede estar en contra y vilipendiar a quienes lo presentaron y a sus abogados”, expresó.

Entre los litigantes está Fox Odoi, parlamentario del partido gobernante, exasesor legal de Museveni y único legislador en manifestarse públicamente contra la ley.

La norma “es irracional, no tiene fundamentos, viola cada derecho humano en el que uno pueda pensar, viola nuestra Constitución. Infringe nuestras obligaciones (contraídas en) tratados internacionales”, dijo Odoi a IPS.

“Como ciudadano, como legislador, como abogado de derechos humanos le debo al pueblo de Uganda plantarme y desafiarla. Por supuesto que hay un gran riesgo político, esta sociedad es muy homofóbica y te enrostrará todo tipo de insultos porque te plantaste para defender a la minoría. Pero en la vida uno asume un riesgo incluso cuando se despierta en su cama cada día”, declaró.

“No creo que vayamos a perder en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Apelaciones… Tenemos un buen caso”, dijo Odoi.

Otros firmantes del recurso son Joe Oloka-Onyango, profesor de derecho, Andrew Mwenda, figura de los medios, y Morris Ogenga-Latigo, exlíder de la oposición.

Varios prestigiosos activistas por los derechos homosexuales y el Foro Ugandés para la Concientización y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Salud, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHURD) también se sumaron a la petición.

Adrian Jjuuko, director ejecutivo de HRAPF, dijo que, desde que el parlamento aprobó la ley en diciembre, hubo 10 arrestos de personas presuntas o declaradas LGBTI. También hubo al menos tres desalojos de arrendatarios conducidos de forma ilegal por los propietarios.

Los activistas ugandeses llevan años apelando contra normas injustas en los tribunales. Ya se han anotado dos victorias legales. En 2011, el defensor David Kato y otras dos personas ganaron una demanda contra el ahora extinto tabloide Rolling Stone, que había reclamado ahorcar a los homosexuales. Semanas después, Kato fue asesinado.

En 2008, dos lesbianas, Yvonne Oyoo y Victor Juliet Mukasa, recibieron una indemnización de 7.800 dólares pues un juez dictaminó que sus derechos habían sido violados cuando la policía las arrestó y desnudó a una de ellas.

Algunos tienen esperanzas de obtener un nuevo triunfo.

“El tribunal puede dar resultado; suele ser muy objetivo. Lo ha sido en los otros dos casos que ganamos”, dijo Ogwaro, de la CSCHRCL.

“Sin embargo, habrá demoras habituales, porque los jueces tendrán miedo de emitir su fallo y de cómo se lo perciba”, añadió.

Y aunque el Tribunal Constitucional no falle a su favor, no es el fin de la batalla legal.

“Apelaremos a la Suprema Corte. Uganda (también) es signataria de la ley que estableció la Comunidad de África Oriental, que también cuenta con un tribunal”, dijo Odoi. “Exploraremos esa opción y seguiremos luchando”, prometió.