La persistencia en indagar las causas de la muerte del cantautor Víctor Jara, de los expresidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende y del poeta Pablo Neruda da implícita visibilidad a otros miles de chilenos que sufrieron crímenes de la dictadura (1973-1990) que todavía no han sido sancionados. “Hay aquí una búsqueda de verdad histórica […]

El artículo Verdad histórica de Chile se esconde en muertes de alto perfil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Pablo Neruda grabando sus poemas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1966. Crédito: Dominio público

Por Marianela Jarroud
SANTIAGO, Nov 9 2013 (IPS)

“Hay aquí una búsqueda de verdad histórica a través de procesos penales”, cuyo mayor impulso ha sido la impunidad, dijo a IPS el director del magíster en derecho penal de la Universidad Alberto Hurtado, Luis Emilio Rojas.

Si bien “se busca hacer efectivas eventuales responsabilidades penales que pudieran haber existido, indirectamente, la reactivación de los procesos penales ayuda a establecer la ocurrencia de hechos que son hitos, que es la historia de Chile”, agregó.

El abogado de derechos humanos Eduardo Contreras fue el primero en presentar, junto a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), una querella para que se establecieran las causas de la muerte del presidente socialista Salvador Allende, quien se suicidó durante el bombardeo de las fuerzas golpistas a la casa de gobierno, La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

Hoy pide que se esclarezca el fallecimiento del poeta Pablo Neruda, ocurrida el 23 de septiembre de 1973, apenas 12 días después del sangriento derrocamiento de su gran amigo Allende.

Los restos de Neruda fueron exhumados en abril desde la tumba que compartía con su última esposa, la cantante y escritora Matilde Urrutia (1912-1985), en su residencia de Isla Negra, 110 kilómetros al oeste de Santiago.

El viernes 8, siete meses después de su exhumación, el Servicio Médico Legal informó que peritos forenses internacionales descartaron la presencia de sustancias tóxicas de origen químico en los restos de Neruda.

Contreras advirtió que se trata solo de una primera parte de la pesquisa y anticipó que el lunes 11 “solicitaremos que se dirija la investigación a otros laboratorios en búsqueda de elementos toxicológicos de naturaleza biológica, no química, como gas sarín, gas mostaza, bacterias”.

El juez Mario Carroza, quien investiga si existió participación de terceros en la muerte del ganador del premio Nobel de Literatura 1971, señaló que “judicialmente no se puede establecer” todavía si a Neruda lo mataron o no hace 40 años.

Si los resultados de estos expertos no satisfacen a todas las partes, “tendremos que buscar otras alternativas”, agregó.

Neruda tenía al momento de su muerte 69 años y llevaba 28 afiliado del Partido Comunista de Chile.

Por entonces se preparaba para partir al exilio en México, desde donde se proponía ser la voz de la oposición a la dictadura.

Su ánimo fue derribado en los días previos a su muerte, cuando sus tres casas fueron allanadas por agentes de la dictadura.

En su vivienda más preciada, la de Isla Negra, sufrió la brutalidad militar: la tropa dio vuelta sus colecciones de caracoles, conchas y mariposas, sus botellas y sus mascarones de proa, libros, cuadros y hasta sus versos inconclusos.

Los militares hicieron despedir a todo el personal y solo quedaron Urrutia y su chofer, Manuel Araya.

Neruda padecía cáncer de próstata, pero Araya asegura que murió por la supuesta inyección que un falso médico le aplicó en el estómago en la clínica privada Santa María, que habría sido ordenada por la dictadura.

En la misma clínica murió, nueve años después, el exmandatario Eduardo Frei Montalva (1964-1970), contaminado con agentes biológicos, según la investigación judicial del crimen.

El caso de Frei Montalva impactó a la sociedad chilena, que comprobó que la dictadura había utilizado toxinas contra sus opositores, pero también sirvió para que “algunos incrédulos tomaran conciencia”, dijo a IPS la presidenta de la AFEP, Alicia Lira.

Sin embargo, pese a que ahora se habla abiertamente de las violaciones a los derechos humanos, la impunidad persiste, añadió Lira.

“Hay impunidad cuando muchos casos fueron cerrados en la fiscalía militar, que es juez y parte; cuando más de 178 agentes del Estado que asesinaron y desaparecieron a personas no han pasado ni un solo día en la cárcel, porque se les aplicó la media prescripción o se les otorga pena remitida”, se lamentó.

El compositor, cantante y activista Víctor Jara fue asesinado el 15 de septiembre de 1973, tras haber sido detenido en el Estado Chile como otros muchos opositores. Su cuerpo mostraba señales de tortura e impactos de bala. Pero solo en 2008 se abrió una investigación sobre su muerte y sus perpetradores. El principal perpetrador, el teniente del ejército Pedro Barrientos, todavía está libre en Estados Unidos.

Para Contreras, ante las contradicciones es un deber “moral”, investigar.

“Así como la ley obliga a investigar la muerte de un hombre que muere de frío por vagancia, lo que me parece justo, por qué no se investiga la muerte de un residente de la República. Eso nos parecía una perfecta canallada”, explicó en referencia a Allende.

Durante muchos años, subsistieron las dudas sobre la muerte de Allende, quien se mantuvo en el sede de gobierno, armado y resistiendo el bombardeo al que fue sometido por los golpistas. Finalmente se confirmó que se había suicidado.

En el caso de Neruda también hubo contradicciones, por lo que “estás obligado ética y moralmente a investigar, y si no lo haces, eres un canalla”, sentenció Contreras.

Durante el régimen militar murieron 3.065 personas y unas 37.000 fueron a prisión por causas políticas.

Las causas judiciales por violaciones de derechos humanos activas en Chile son unas 1.300 y se refieren a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, inhumación ilegal o asociación ilícita, cometidas entre 1973 y 1990.

Estas causas y otras ya resueltas abarcan a 75 por ciento de las víctimas de ejecuciones o desaparición forzada reconocidas por el Estado, pero solamente a una proporción mínima de quienes sobrevivieron la prisión política y las torturas.