Los países africanos tienen muchas leyes para proteger el ambiente, pero todavía no logran que se cumplan los instrumentos legales que responden a los desafíos planteados por el cambio climático, alertan varios investigadores. “La mayoría de los países africanos tienen buenas leyes ambientales. Pero son tan buenas en el papel como mala es su implementación”, […]

Vendedores de leña. La agricultura itinerante puso en peligro a la selva del distrito de Karonga, en el norte de Malawi. Crédito: Mantoe Phakathi/IPS.

Por Ignatius Banda
BULAWAYO, Zimbabwe, Jun 4 2014 (IPS)

“La mayoría de los países africanos tienen buenas leyes ambientales. Pero son tan buenas en el papel como mala es su implementación”, confirmó Samuel Ogalla, gerente de programa de la alianza panafricana de justicia climática (PACJA, por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones de la sociedad civil del continente, en entrevista con IPS.

En muchos estados hay leyes que, por ejemplo, castigan a quienes contribuyen al recalentamiento global. La deforestación es un gran desafío a la hora de implementar los programas de la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) porque si bien la tala ya es ilegal, no se ha hecho nada para ofrecer fuentes alternativas de energía, subrayan investigadores.

Hubo un impulso para tratar de familiarizar a los legisladores africanos en cuestiones de cambio climático y para ayudarlos a redactar normas adaptadas a las realidades locales, pero las leyes existentes no han sido suficientes para afrontar el cambio climático.

“Los países africanos deben ir más allá de escribir leyes ambientales e implementar las existentes con mecanismos de control, seguimiento y verificación si pretenden que el continente atienda los problemas vinculados al cambio climático y a otras cuestiones ambientales que afronta la región”, remarcó Ogalla.

Zimbabwe es un ejemplo de ello. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), este país tiene una de las legislaciones más exhaustivas en materia ambiental, pero también tiene enormes dificultades para atender y cumplir sus compromisos con REDD+ por las varias décadas de deforestación.

La Fundación Heinrich Böll Stiftung para el sur de África, vinculada al Partido Verde de Alemania, sostiene que el continente carece de un marco legal integral y que esto “puede significar un obstáculo para la implementación de respuestas adaptativas y posiblemente aumente la vulnerabilidad de ciertos grupos como de mujeres y pobres”.

Si bien hubo campañas para crear consciencia sobre el cambio climático, hubo “menos inversiones en aspectos legislativos”, precisa la organización.

Según los investigadores, eso relegó todo lo relativo al cambio climático a la periferia de las políticas públicas cuando se insta a los países africanos a adaptar a la realidad nacional las convenciones internacionales de las cuales son signatarios, como la CMNUCC.

Las leyes deben ir más allá de castigar a quienes practican la tala ilegal y a los contaminadores y atacar la raíz del problema, subrayó Charles Ndondo, director de Carbon Green Africa, una empresa que facilita la generación de créditos de carbono mediante la validación de proyectos de REDD+ en Zimbabwe.

“Siempre hubo leyes para atender los problemas relacionados con el cambio climático si se considera la Ley Forestal y varias otras vinculadas al ambiente”, observó.

“El único problemas es que son normas punitivas y no atacan la causa del cambio climático. La Ley Forestal prohíbe cortar madera para usarla como combustible, pero no ofrece alternativas” energéticas, remarcó Ndondo.

La organización Trade Law Centre, con sede en Sudáfrica, señaló en sus recomendaciones a bloques regionales como la Comunidad de Desarrollo de África Austral, la Comunidad de África Oriental y el Mercado Común para África Oriental y Austral, que las limitaciones para los países de este continente a la hora de implementar estrategias exitosas contra el cambio climático son “los débiles marcos legales e institucionales”.

“Las legislaciones nacionales y regionales pueden permitir a los países de la región construir su capacidad de adaptación y reducir su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático”, observó la organización.

Esos son los “cuellos de botella” que los legisladores africanos adscritos a la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (GLOBE International) “tratarán de abordar”, indicó Innocent Onah, director de GLOBE Nigeria.

GLOBE International tendrá su cumbre mundial en Ciudad de México, entre el viernes 6 y el domingo 8, para impulsar un marco legal climático que promueva el desarrollo sostenible, donde participarán parlamentarios de este continente.

“Si bien es correcto que sin leyes sobre cambio climático mucho quedaría sin hacerse a escala local, creo que aun cuando estas existen, si no hay capacidad para implementarlas o hacerlas cumplir, volvemos a la casilla de partida”, remarcó Onah en entrevista con IPS.

“El marco legal es una de las herramientas que los gobiernos pueden usar para contener los problemas causados por el cambio climático en África, pero el principal problema no es la falta de leyes, sino de recursos y de voluntad política para implementar las políticas y normas vigentes”, insistió.

Onah opinó que “los parlamentarios de diferentes países tienen distintos grados de competencias ambientales”, pero Ogalla, de PACJA, dijo que no necesariamente la respuesta es tener más leyes.

“Se redactan más y nuevas leyes sobre cuestiones ambientales en el continente, pero lo irónico es que con todas las que hay, África todavía es muy vulnerable al cambio climático y a otros problemas ambientales”, subrayó Ogalla.

Adaptar los acuerdos internacionales al ámbito nacional permite que “los países avancen con acciones nacionales distintivas y acordes con las medidas colectivas a escala internacional”, observó el Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo.