La construcción de grandes centrales hidroeléctricas en Brasil enfrenta al gobierno y las empresas en numerosas escaramuzas con ambientalistas, indígenas y movimientos sociales. Pero la generadora binacional de Itaipú es una excepción, donde se practica la colaboración. Con un conjunto de 65 acciones ambientales, sociales y productivas, el programa Cultivando Agua Buena (CAB) es dirigido […]

El artículo Cuidar el agua es un deber energético en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

El río Paraná, empequeñecido por la mole de concreto de la represa del complejo hidroeléctrico binacional de Itaipú. Crédito: Mario Osava /IPS

Por Mario Osava
FOZ DO IGUAÇU, Brasil, Dec 19 2013 (IPS)

Con un conjunto de 65 acciones ambientales, sociales y productivas, el programa Cultivando Agua Buena (CAB) es dirigido y apoyado por activistas. Sectores gubernamentales estudian usarlo como modelo en otros grandes proyectos de infraestructura, para mitigar impactos y conflictos.

Comparado con lo que sucede en las demás centrales hidroeléctricas, “es un avance”, reconoció Robson Formica, coordinador del Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por su sigla en portugués) en el sureño estado de Paraná, en cuyo extremo oeste se ubica la gigantesca planta energética.

Itaipú Binacional, la empresa que opera la central compartida por Brasil y Paraguay, decidió asegurar la generación eléctrica eficiente a largo plazo, cuidando la cuenca del río Paraná para garantizarse agua en cantidad y calidad. Eso facilita convergencias con el ambientalismo.

Más de 80 por ciento de la electricidad de Brasil proviene de los ríos, así que su seguridad energética depende de las lluvias y del mejor aprovechamiento posible de sus aguas.

El CAB de Itaipú se lanzó en 2003, dos décadas después de que se llenara el embalse de 1.350 kilómetros cuadrados –que expulsó a miles de familias campesinas e indígenas del área— y cuando la empresa se había consolidado como la mayor generadora mundial de electricidad.

Para Formica estas acciones son “importantes, pero limitadas y aisladas”. No establecen “una política de desarrollo local, ni un cambio estructural en el territorio”, matizó el dirigente del MAB, duramente crítico de las centrales hidroeléctricas y que estima en un millón las personas desplazadas por ellas en Brasil.

La demanda de que la empresa asuma funciones que corresponden al Estado ganó fuerza ante la proliferación de megaproyectos que trastornan de forma abrupta extensos hábitat. Además, leyes ambientales intentan imponerles el pago de compensaciones, que suelen cubrir omisiones de los servicios a cargo del Estado.

En el caso de Itaipú, esa exigencia se justifica particularmente. Se trata de una empresa singular, doblemente estatal y con ingresos de 3.797 millones de dólares en 2012.

Sus dominios, en tierras y aguas fronterizas de Brasil y Paraguay, contienen la gigantesca planta hidroeléctrica, su embalse, 104.000 hectáreas de conservación ambiental, la Universidad de Integración Latinoamericana y el Parque Tecnológico de Itaipú.

El programa CAB se extiende por toda la cuenca del Paraná 3, el área brasileña a lo largo de los 170 kilómetros del embalse. Abarca 29 municipios, con una superficie de 8.339 kilómetros cuadrados y un millón de habitantes.

Sus 65 acciones incluyen desde asistencia a indígenas, acuacultura, plantas medicinales y biogás, hasta educación ambiental, en una aparente dispersión que un eje central, cuidar el agua, interconecta en un conjunto concertado.

Es así que en desarrollo rural sustentable la prioridad es la agricultura orgánica, para reducir los pesticidas que contaminan la represa. “Empezamos con 186 familias, hoy son 1.180” las participantes y hay unos 2.000 huertos orgánicos, celebró Nelton Friedrich, director de Coordinación y Medio Ambiente de Itaipú.

También se creó la Plataforma Itaipú de Energías Renovables, para proteger los ríos de las deyecciones de animales. Al convertirlas en biogás, con el que se genera electricidad, se crea otra fuente de ingresos para los agricultores y se evita la contaminación de las aguas.

La cuenca, en la que predomina la agricultura familiar, con 26.000 minifundios, concentra millones de puercos, aves y vacunos. Sus excrementos, acumulados en el embalse, provocarían un exceso de nutrientes y la consecuente proliferación de plantas acuáticas que, al pudrirse, le quitarían oxígeno a las aguas.

Es el fenómeno de la eutrofización, explicó Cícero Bley, superintendente de Energías Renovables de Itaipú. “La contaminación por residuos orgánicos es más común que la de agrotóxicos” y en algunos casos obliga a la limpieza permanente de las represas, acotó.

La renovación del agua en el embalse demora cerca de 30 días, lo que agrava la preocupación.

En el río Madeira, en el estado norteño y amazónico de Rondônia donde acaban de entrar en operación las centrales hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau, bastan dos o tres días, comparó Domingo Fernandez, investigador responsable de fauna ictícola en Itaipú.

Por eso, el saneamiento y la reforestación de su ribera son necesidades evidentes para mantener productiva el agua de la cuenca. Dentro del programa CAB se sembraron más de 24 millones de árboles alrededor del embalse.

Las iniciativas siguen una metodología que también es clave y que amplió la actuación a toda la cuenca afectada, “porque la naturaleza se organiza por cuencas”, destacó Friedrich.

El modelo se fundamenta en la responsabilidad compartida, involucrando a todos los actores locales, desde entes públicos y privados a la sociedad civil y universidades, y en la participación comunitaria, en una especie de “democracia directa”.

Con ese fin se constituyeron comités gestores en los 29 municipios, que incluyen en promedio 57 representantes de variados sectores, después de numerosas reuniones de sensibilización y discusión de los problemas.

Los llamados Pactos de las Aguas, que son compromisos comunitarios firmados con ceremonia, impulsan el diseño y ejecución colectiva de planes y proyectos.

Estas iniciativas trazan un buen camino, pero están lejos de redimir la deuda social de Itaipú, según Aluizio Palmar, fundador del Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular y exsecretario de Ambiente y de Comunicación de Foz de Iguaçú, el municipio brasileño donde está instalada la hidroeléctrica binacional.

La construcción del megaproyecto entre 1975 y 1983 desplazó a familias campesinas, que muchas veces carecían de títulos de propiedad para obtener indemnizaciones, y multiplicó las “favelas” (barrios pobres y hacinados) y los datos de violencia en Foz de Iguaçú, recordó.

Las compensaciones financieras, como las regalías, benefician sobre todo a las alcaldías, que las usan en sedes de lujo y atracciones turísticas y casi nada en atender las necesidades de la población, lamentó Palmar.

De todas maneras, el cuadro de Itaipú contrasta con el de otras cuencas brasileñas, especialmente la del río de São Francisco, cuya revitalización es un clamor nacional y que cuenta con un incipiente programa, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Cinco grandes hidroeléctricas, con potencia conjunta de 10.827 megavatios (77 por ciento de la de Itaipú), aprovechan sus cada día más escasas aguas en el interior del Nordeste de Brasil.

Su mayor tramo cruza esta región semiárida y, además de las sequías, el São Francisco sufre sedimentación y contaminación por actividades humanas, como la deforestación de sus riberas, el desagüe urbano sin tratamiento y varios proyectos agrícolas irrigados con sus aguas.