Estados Unidos está a punto de reformar su sistema de prestación de asistencia alimentaria en el extranjero, vigente desde hace medio siglo, que sus críticos consideran obsoleto, ineficiente y hasta perjudicial para las economías de los países en desarrollo. Expertos en desarrollo y encargados de entregar la asistencia luchan desde hace años por una reforma, […]

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Crowley Logistics en Miami, Florida, es una de las tres instalaciones de envío y logística que tiene la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en este país. En caso de necesidad de ayuda humanitaria de emergencia, puede enviar provisiones al Aeropuerto Internacional de Miami en un lapso de dos horas. Crédito: USDA Photo por Lance Cheung

Por Carey L. Biron
WASHINGTON , Jan 31 2014 (IPS)

Expertos en desarrollo y encargados de entregar la asistencia luchan desde hace años por una reforma, pero advierten que estos cambios, aprobados por la Cámara de Representantes el miércoles 29 y que serían confirmados de forma definitiva la próxima semana, son modestos.

De todas formas, muchos elogian las reformas como un primer paso importante tras el debate público sin precedentes del último año.

“Este acuerdo demuestra que hay fuego real detrás de la cortina de humo sobre este tema. Vimos hablar a mucha gente, pero ahora vemos una verdadera voluntad de avanzar en esto”, dijo Eric Muñoz, asesor de políticas de Oxfam America, en diálogo con IPS.

“Estamos muy contentos con el proyecto de ley, aunque reconocemos que queda mucho por recorrer todavía. Por ahora sabemos que estos cambios ayudarán a que más ayuda les llegue a las personas en crisis y que pasan hambre, sin que les cueste un centavo adicional a los contribuyentes”, agregó.

Los cambios son el resultado de un acuerdo quinquenal de financiación, conocido como el proyecto de ley agrícola, que cubre casi todos los aspectos de la agricultura de Estados Unidos, así como la ayuda alimentaria, tanto nacional como internacional.

Washington sigue siendo el mayor proveedor mundial de asistencia alimentaria, respondiendo por aproximadamente la mitad de la distribuida en situaciones de emergencia y de largo plazo en todo el planeta.

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los demás grandes donantes, Estados Unidos exige desde hace décadas que una parte sustancial de la ayuda sea producida en su territorio y que luego se envíe al extranjero, sobre todo en barcos de bandera estadounidense.

Estos requisitos, conocidos como “monetización”, son lucrativos para los agricultores y transportistas estadounidenses, y convirtieron a estos sectores en poderosos enemigos de cualquier cambio al sistema.

Muchos países donantes adoptaron sistemas de asistencia alimentaria que dependen en gran medida de la compra de productos cerca de las zonas afectadas por la crisis. Esto permite maximizar el dinero empleado en la ayuda y tener más impacto en las personas, a la vez que ofrece una herramienta para fortalecer las economías locales en circunstancias difíciles.

Un estudio sin precedentes de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, organismo de control oficial, consideró que “la ineficacia del proceso de monetización redujo en 219 millones de dólares los fondos disponibles del gobierno de Estados Unidos para proyectos de desarrollo en un período de tres años”.

Es lo que afirmaban desde hace años las personas encargadas de entregar la asistencia.

“Sabemos por nuestra propia experiencia en países como Níger, Haití y Kirguistán que la contratación local y regional de la asistencia alimentaria no sólo ahorra dinero a los contribuyentes, sino que también proporciona alimentos a quienes los necesitan con desesperación, semanas y hasta meses antes que si salieran de Estados Unidos,” sostuvo el miércoles Andrea Koppel, vicepresidenta de relaciones internacionales en Mercy Corps, una organización humanitaria.

“El proyecto de ley agrícola aumenta drásticamente los mecanismos gubernamentales flexibles para entregar ayuda alimentaria a la gente en algunos de los países más frágiles del mundo”, aseguró.
Respaldo sin precedentes

En los últimos cinco años, Estados Unidos puso en práctica un programa piloto para estudiar la eficacia de la reducción de sus prácticas de monetización.

El nuevo proyecto de ley agrícola hará que el programa sea permanente y, a la vez, aumentará su presupuesto a unos 80 millones de dólares al año, que se utilizará para la contratación local y regional de los productos alimenticios.
Esta reforma ayudará a USAID, el principal organismo oficial de ayuda exterior, a prestarle asistencia alimentaria a alrededor de 1,8 millones de personas más, sin ningún dinero adicional.

La ley nueva también proporcionará 350 millones de dólares para programas a largo plazo en las zonas afectadas por la inseguridad alimentaria crónica.

En combinación con el cambio en la prioridad de la monetización, podría ser una reforma importante, al habilitar más dinero en efectivo para planes de desarrollo.

“La Cámara de Representantes está dando grandes pasos para reformar nuestro anticuado programa de ayuda alimentaria, con el fin de asegurarse de que no sólo estamos ayudando a las comunidades de todo el mundo en su necesidades alimentarias inmediatas, sino también apoyando a los productores locales para que puedan alimentarse por sí mismos en los próximos años”, destacó Ruth Messinger, presidenta de American Jewish World Service, organización de lucha contra la pobreza.

Aunque la ineficacia de la ayuda alimentaria de Estados Unidos es conocida desde hace años, recién ahora se pudo superar la resistencia política al cambio. El gobierno de George W. Bush (2001-2009) sugirió reducir la monetización 25 por ciento en 2008, pero la idea no prosperó en el Congreso.

En el presupuesto que presentó el año pasado, el actual presidente Barack Obama propuso una reforma radical que habría reducido la monetización 45 por ciento.

También habría derivado la supervisión de la ayuda alimentaria de Washington de un comité legislativo centrado en la agricultura a uno de ayuda exterior, lo cual generaría cambios implícitos en las prioridades.

Si bien la ley de asignaciones presupuestarias aprobada en diciembre no adoptó las propuestas de Obama, sí incluyó un monto de 35 millones de dólares adicionales para que la USAID tenga una mayor flexibilidad para lidiar con la monetización o aumentar su capacidad de respuesta a las crisis alimentarias.

Muchos vieron en esa medida un indicio importante de que el Congreso está dispuesto a seguir discutiendo más cambios.

El congresista Eliot Engel, del gobernante Partido Demócrata, apoya los cambios graduales incluidos en la nueva propuesta.

“Me siento alentado por las modestas reformas incluidas en este acuerdo sobre los programas internacionales de ayuda alimentaria”, declaró el miércoles.

“Este es un importante punto de partida para proporcionarle a USAID la flexibilidad y los recursos adicionales para combatir con mayor eficacia la inseguridad alimentaria en todo el mundo”, dijo.

Está previsto que el Senado vote la ley agrícola la próxima semana, y que, a continuación, el presidente Obama la promulgue. Los activistas dicen que ahora concentrarán su atención en las reformas incrementales que podrían obtenerse fuera del proceso de ley agrícola quinquenal.

Pondrán especial atención en el presupuesto del presidente para el próximo año, previsto en algún momento de la primavera boreal.

“No podemos esperar cinco años para tener esta conversación otra vez”, dijo Muñoz, de Oxfam.
“Vamos a seguir impulsando el cambio… Hay una clara señal de que esta conversación sobre la reforma está avanzando, pero tenemos que asegurarnos de que el avance sea sostenido y que se mejore”, añadió