El nuevo estatus de Palestina tendrá un impacto nulo sobre el terreno

Después de las votaciones en la AG, el propio gobierno israelí anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Jerusalén Este y Cisjordania, junto a la planificación de la denominada zona E-1, situada entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumin (véase mapa). De llevarse a cabo el Plan E-1   se seguiría ahondando en la fragmentación de Cisjordania y la creciente separación de Jerusalén Este de Cisjordania. Así se imposibilitaría el establecimiento de un Estado palestino con continuidad territorial, cohesión demográfica y viabilidad económica.

Por extensión, también se descartaría la opción de los dos Estados para la resolución del conflicto, que ―conviene recordar― es la que cuenta con mayor base jurídica y consenso político internacional.

En contra de su proyección mediática, estas medidas no son sólo represalias por la osadía palestina de acudir a la ONU, sino que también forman parte prioritaria de la ideología colonial que comparte el actual ejecutivo israelí, integrado por Netanyahu y Lieberman.

Ambos dirigentes han propiciado la coalición de sus respectivas formaciones políticas, Likud y Beiteinu, de cara a las elecciones legislativas de enero, con una lista de candidatos partidarios de la expansión colonial y detractores de la solución de los dos Estados.

De hecho, la única entidad palestina que aceptarían, de aceptar alguna, sería la de un pequeño y fragmentado bantustán, dependiente y subordinado a las exigencias israelíes en prácticamente todos los ámbitos (político, económico, demográfico, territorial, laboral, acuífero y de seguridad).

De aquí que Israel, pese a sus amenazas y castigos, no acabe con la Autoridad Palestina (AP). Su objetivo es mantenerla débil y dependiente, cercana a la asfixia, pero sin que sucumba del todo. La congelación del traspaso a la AP de los fondos impositivos que recauda de la población palestina se mueve en esa dirección.

Pero no busca el colapso ni la desaparición de la AP, pues iría en contra de sus intereses. En un escenario semejante, su gobierno militar tendría que administrar directamente el territorio ocupado y su población. Con el incremento de los costes materiales, humanos y políticos de lidiar con sus asuntos cotidianos (infraestructuras, educación, sanidad y un largo elenco de actividades).

Sin olvidar que debería mantener la seguridad exclusivamente mediante el poder duro (coacción y fuerza militar) al carecer de autoridad y legitimidad ante una población que rechaza abiertamente su dominio colonial. Este hipotético escenario retrotraería el conflicto a la etapa anterior a los Acuerdos de Oslo (1993) en la que se produjo la primera Intifada (diciembre de 1987), con el consecuente desgaste que supondría para su imagen exterior.

Ante este paisaje, Israel, de momento, sigue interesado en mantener a la AP, aunque impotente, para que cumpla la función de subcontratista (o de clase compradora) en la intermediación entre la potencia ocupante y la población ocupada.

Obviamente, tanto la AP como el conjunto de la sociedad palestina son conscientes de que el paso dado en la ONU, desde su anterior condición de “entidad observadora” a la actual de “Estado observador”, no tiene una traducción sobre el terreno en la dirección que desearían.

Esto es, de ver concluida la ocupación para dar lugar a la independencia y el establecimiento de su Estado soberano, que conviva en paz y seguridad junto a Israel y los otros Estados de la región.

Lejos de estos deseos, la realidad es bien diferente, está férreamente determinada por la persistente ocupación militar israelí, que no parece tener intención de concluir. Por tanto, si sobre el terreno no habrá cambios, como se apresuró en recordar el primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu, ¿qué margen de maniobra otorga el nuevo estatus de Palestina alcanzado en la ONU?

¿Qué puede cambiar?

En principio, es en el ámbito internacional donde se podrían apreciar algunos cambios. En concreto, en la diplomacia multilateral y bilateral. Pese a no ser Estado miembro de la ONU, Palestina podría ingresar en una treintena de sus agencias especializadas.

Del mismo modo, su estatura política podría realzarse con el reconocimiento del Estado palestino ―dentro de las fronteras de 1967― por parte de otros Estados que se sumarían, así, a los más de 130 que ya lo han hecho.

Sin olvidar, por último, su potencial recurso para acudir a los tribunales internacionales: el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

Muchos análisis coinciden en resaltar que sería ante esta última instancia judicial donde Palestina tiene mayores posibilidades de presionar a Israel. Cabe recordar que una demanda anterior fue rechazada porque no constaba en documento alguno que Palestina fuera un Estado. Una vez cumplido este requisito (al menos nominal o formalmente), todo parece indicar que se abre una nueva oportunidad.

Sin embargo, es menester advertir que los espacios mencionados también son susceptibles de presentar algunas limitaciones. En la esfera multilateral el ingreso de Palestina en la UNESCO (octubre de 2011) acarreó las represalias de Estados Unidos (además de las de Israel y Canadá), que no ingresó los fondos correspondientes al último periodo de 2011 y obligó a dicha agencia a la suspensión de las actividades programas para ese tramo del año.

No necesariamente tiene que volver a repetirse esta situación, pero tampoco cabe descartarla del todo o que se articulen otras medidas de presión en la misma dirección.

A su vez, en la escena bilateral, por muchos que sean los Estados que reconozcan el Estado palestino, el reconocimiento no conforma un Estado. Los Estados existen con independencia de su reconocimiento o no por otros. Palestina posee sus tres elementos constitutivos (territorio, población y gobierno), pero carece de la imprescindible soberanía para su articulación estatal debido a la prolongada ocupación de su territorio. El reconocimiento por sí mismo no liberará el territorio palestino de la ocupación militar.

En cuanto al recurso judicial también se aprecian ciertas restricciones. La primera, y más evidente, es que no siempre el Derecho Internacional es asistido por la fuerza para su implementación. La propia cuestión palestina constituye un ejemplo muy elocuente.

Año tras año se repiten como un mantra las resoluciones de la ONU sobre su solución sin ningún efecto práctico. Del mismo modo que, por mencionar otro caso, el Tribunal Internacional de Justicia emitió su opinión no vinculante sobre la construcción del muro en 2004, en la que apelaba a detener su construcción, desmantelar los tramos construidos y reparar los daños causados por violar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y afectar a la integridad del territorio palestino. Pero el muro sigue inamovible.

Sin embargo, estos pronunciamientos, valorados de manera positiva, tienen ―de momento― más un efecto político y diplomático que práctico o ejecutivo, que recae en el CS de la ONU.

Más allá de los procedimientos, tecnicismos o estratagemas jurídicas que se puedan desarrollar para disuadir, paralizar o evitar los tribunales internacionales, no menos importante es la presión política para que la AP no judicialice el conflicto.

Una de las principales contrapartidas que algunos gobiernos europeos quisieron extraer de su apoyo al nuevo estatus palestino en la ONU era, precisamente, que la AP se comprometiera a no llevar a Israel ante dichos tribunales. Ésta es también la principal inquietud de las administraciones estadounidense e israelí, mucho más que las políticas o diplomáticas que se puedan derivar de su nueva condición de Estado observador.

Perspectivas

En síntesis, el paso dado en la ONU ha sido muy significativo. Si bien la original petición palestina de 2011 no logró su máximo objetivo de ingresar como Estado miembro, no menos cierto es que su recién adquirida condición de Estado observador no miembro sitúa a Palestina en una posición intermedia entre su anterior clasificación como entidad observadora y su aspiración a Estado miembro.

Aunque no renuncia a este objetivo, las perspectivas de alcanzarlo son mínimas por la explícita oposición de Estados Unidos que vetaría su admisión en la ONU.

No menos importante ha sido el amplio apoyo que recibió su propuesta, dejando prácticamente solos a Estados Unidos e Israel (secundados por Canadá, República Checa, Panamá, Micronesia, Islas Marshall, Nauru y Palau). Por primera vez Alemania se desmarcó del voto negativo de Israel y se abstuvo al igual que el Reino Unido y otros países europeos.

Sin embargo, más de la mitad de los Estados miembros de la Unión Europa dio su voto afirmativo. Israel perdía así el denominado voto cualitativo de Europa. Pero no conviene hacerse ilusiones, Europa no adoptará medidas de presión sobre Israel más allá de ligeras amonestaciones.

En suma, pese al triunfo político y diplomático de la iniciativa palestina, lo cierto es que su impacto en el terreno será nulo. Sólo en la esfera internacional cabe que Palestina compense su debilitada posición frente a la hipotética reanudación de las negociaciones con Israel.

Previamente, sus dos principales fuerzas políticas, Fatah y Hamás, deberían alcanzar la unidad nacional. Junto a este prioritario objetivo, podría explorarse con mayor efectividad los nuevos márgenes abiertos en la diplomacia mundial, consciente de que este paisaje también está ensombrecido por serias limitaciones.

José Abu-Tarbush es profesor titular de Sociología en la Universidad de La Laguna. Editor del blog Panorama Mundial de Tendencias21