La ausencia de mercados de materias primas e insumos para el nuevo sector privado de Cuba está agrandando la explotación ilegal de flora y fauna en peligro de extinción. La caza, la pesca y la tala furtivas están en auge también por la pobreza de comunidades rurales aisladas. En 2010, el gobierno socialista de Raúl […]

El artículo Hambre de flora y fauna en el joven sector privado de Cuba fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Un carpintero organiza un cargamento de troncos de caoba, madera preciosa decomisada por las autoridades de Ciénaga de Zapata. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Apr 22 2014 (IPS)

La ausencia de mercados de materias primas e insumos para el nuevo sector privado de Cuba está agrandando la explotación ilegal de flora y fauna en peligro de extinción.

La caza, la pesca y la tala furtivas están en auge también por la pobreza de comunidades rurales aisladas.

En 2010, el gobierno socialista de Raúl Castro dio luz verde a la empresa privada en un número limitado de actividades, la mayoría servicios. Pero, sin mercados mayoristas para proveer a este sector de 455.000 cuentapropistas, pronto aparecieron fenómenos no previstos, como el alza de la explotación de naturaleza.

Los bosques, que cubren 28,6 por ciento del territorio de este país caribeño, están soportando las consecuencias.

“Se puede sacar la licencia de carpintero, pero nadie facilita la materia prima. También se puede construir más o mejorar las viviendas. La gente necesita tablas, ventanas, de todo… y para solucionar el problema va al monte y corta”, relató a Tierramérica el carpintero Antonio Gutiérrez, que trabaja en un aserradero de la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe insular.

El año pasado, el Cuerpo de Guardabosques impuso 19.993 multas por un monto de 125.000 dólares e incautó 2.274 metros cúbicos de madera. Aunque no hay datos de cargamentos confiscados en años anteriores, las autoridades aseguran que este delito va en aumento.

“Eso es un decomiso de caoba y roble”, dijo Gutiérrez, de 48 años, mostrando una pila de troncos jóvenes. “Les falta un mundo para ser palos de verdad”, aseguró sin dejar de señalar con un dedo los delgados troncos apilados en el suelo.

Hay que vender más madera a la población para resguardar el bosque de la tala ilegal, opinó.

La directora forestal del Ministerio de la Agricultura, Isabel Rusó, dijo en marzo a la prensa que la ley vigente desde 1998 establece multas poco aleccionadoras para la tala ilegal y no contempla los negocios privados, que deben realizar complejos trámites burocráticos para adquirir madera a empresas estatales o comprar el producto en el mercado negro.

El proyecto de nueva ley forestal se presentaría en 2015 al parlamento.

Los problemas, sin embargo, no se limitan a los bosques.

El año pasado, las autoridades confiscaron 1.696 embarcaciones y registraron 2.959 casos de pesca ilegal. En 2012 habían sido 1.987 y en 2011 apenas 996 casos.

En la occidental provincia de Pinar del Río, que posee ricas reservas naturales, se decomisaron más de dos toneladas de tortugas marinas, la mayoría en peligro de extinción.

También se confiscaron 219 barcas rústicas y se aplicaron multas por uso de artes de pesca prohibidas, captura de especies protegidas u tóxicas y vandalismo a empresas pesqueras estatales, entre otros delitos.

La caza de la “tortuga caguama (Caretta caretta) es indiscriminada porque se hace de noche y muchas veces las hembras están camino a desovar en la arena”, dijo a Tierramérica el albañil Pedro Fernández, de 62 años y aficionado a la pesca desde hace cuatro décadas.

“La matanza, limpieza y desecho de los restos se realizan en el mar”, agregó.

“Por esa manera de operar, es difícil controlar el problema y conocer la magnitud real”, indicó este vecino de la capital que asegura no haber participado nunca de la caza furtiva.

Según él, para atrapar a los quelonios, los pescadores colocan redes a modo de trampas en el fondo del mar durante un mes o más.

De mayo a septiembre, las tortugas caguama, verde (Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata) –entre otras especies amenazadas— ponen sus huevos en las arenas de playas cubanas.

Muchas de esas playas están protegidas, como las del archipiélago Jardines de la Reina, los Cayos de San Felipe, el Cayo Largo del Sur, la Isla de la Juventud y la península de Guanahacabibes, en Pinar del Río.

Pero esto no detiene a los depredadores. Tampoco las duras penas con que se castiga el contrabando y los recios controles policiales en este país de régimen socialista.

En el mercado negro, la carne de distintos animales, el pescado y los mariscos se cotizan a precios astronómicos. Un kilogramo de carne de caguama o de cocodrilo cuesta entre cinco y siete dólares. El salario medio de un empleado estatal equivale a 19 dólares. Pero hay cubanos que obtienen ingresos mayores por otras vías y pueden costearse esos lujos.

En este negocio, sin embargo, no siempre hay suerte. Un joven habanero regresó con las manos vacías el mes pasado de un viaje a Pinar del Río para adquirir filetes de caguama.

“Ningún pescador me vendió nada. Y eso que la gente compra rápido esta carne rica en proteínas, blanda y sabrosa”, dijo a IPS este joven, expendedor ocasional del alimento vedado.

Estas ilegalidades se multiplican en costas, bosques, manglares, ciénagas y pantanos, incluso en las 103 áreas protegidas de este archipiélago.

Los daños a las especies en peligro de extinción son el rostro más sensible de la tala, la caza y la pesca ilegal en este país que tiene 1.163 animales y 848 plantas amenazadas.

Las reducidas poblaciones de manatí, delfín, cocodrilo, caimán, carey, caguama, tinglado, paiche, coral negro, cobo, cotorra y el colorido molusco polimita son objetivo de los depredadores.

Por lo general, los infractores son hombres, aunque las mujeres participan en el transporte y venta de los productos.

Las autoridades están fortaleciendo la vigilancia y la inspección, incluso para evitar el contrabando internacional, y la educación ambiental.

“Pero falta encontrar alternativas de desarrollo para las poblaciones que viven cerca o dentro de las reservas naturales”, dijo a Tierramérica el administrador del área protegida Laguna Guanaroca-Gavilanes, Carlos Rojas.

Allí, a 11 kilómetros de la ciudad pesquera y turística de Cienfuegos, en el sureste cubano, disminuyeron estos delitos “por miedo a la ley, no porque exista conciencia ambiental”, aseveró.

“Los proyectos educativos ayudan, pero vemos que la gente se siente todavía con el derecho a pescar. Estas prohibiciones crean conflictos en la manera de ganarse la vida”, amplió Rojas.

Un paso positivo de su administración fue engrosar la plantilla con personas de comunidades aledañas. Pero Rojas lamenta que nunca se implementara un proyecto de pesca sostenible y cree que el ecoturismo sería otra vía de sustento amigable con el ambiente.

El gran incentivo de la explotación de peces, mariscos y moluscos de la laguna es “la demanda”, dijo. Y hay causas nuevas, como el coleccionismo, que está en auge, y la falta de mercados proveedores para el sector privado, sostuvo.

“Se entregaron licencias para hacer artesanías y elaborar alimentos, pero nadie sabe de dónde salen algunas de las cosas que se venden”, advirtió.

Hace dos años, la no gubernamental Asociación Cubana de Artistas y Artesanos tuvo que tomar medidas restrictivas con quienes vendían objetos elaborados con corales, caracoles y moluscos como las polimitas, entre otras especies vulnerables.

Este artículo fue publicado originalmente el 19 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.