Los cruentos episodios que marcaron el fin de la guerra civil de Sri Lanka, entre fuerzas gubernamentales e insurgentes separatistas tamiles, serán sometidos a una investigación internacional independiente, decidió este jueves 27 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las graves violaciones denunciadas por organismos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) son […]

El artículo La ONU resuelve investigar crímenes de guerra en Sri Lanka fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Sala del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Crédito: Cortesía del Consejo

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Mar 27 2014 (IPS)

Las graves violaciones denunciadas por organismos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) son atribuidas a los dos bandos y abarcan los abusos durante el periodo final de las acciones bélicas y después de la victoria del gobierno, en mayo de 2009 en una guerra civil iniciada en 1983.

“Casi cinco años después, las víctimas todavía aguardan justicia y rendición de cuentas”, resumió a IPS la directora de Human Rights Watch en Ginebra, Juliette de Rivero.

“Faltan respuestas sobre las muertes de más de 40.000 civiles en los últimos meses de combates, y sobre 6.000 desapariciones forzadas”, precisó.

Colombo rechazó la resolución de la ONU por entender que erosiona la soberanía del pueblo srilankés y los valores esenciales de la Carta de la ONU, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los principios básicos del derecho que consagran la igualdad entre los pueblos.

La decisión fue adoptada por 23 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones, y tampoco satisfizo del todo a los dirigentes tamiles que siguieron los debates en esta ciudad suiza, sede del Consejo.

Ni el informe que presentó al Consejo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ni el texto de la aprobada resolución dicen nada para detener el genocidio actualmente en curso contra la nación tamil, declaró a IPS uno de sus dirigentes, Visvalingam Manivannan.

“Nosotros creemos que eso solo se puede lograr con el establecimiento (en Sri Lanka) de una administración transitoria promovida por la ONU y bajo la tutela de su Consejo de Seguridad”, expuso Manivannan, representante de la organización no gubernamental Vigneshvssu Vssu Vssu, con rango consultivo en agencias de la ONU.

El caso de Sri Lanka ha sido atípico en el Consejo de Derechos Humanos por los alineamientos que provocó entre los 47 estados que conforman el máximo cuerpo de la ONU en la materia.

El proyecto de resolución fue auspiciado por Estados Unidos, con respaldo de Gran Bretaña, Macedonia, Mauricio y Montenegro, con fuerte apoyo en los debates de los países de la Unión Europea.

Junto con la propia Sri Lanka, la voz cantante en contra la llevó Pakistán, con sonoro respaldo de China y Rusia.

Colombo perdió esta vez el respaldo de tres naciones asiáticas clave: India, Indonesia y Japón, que se abstuvieron en la votación.

La divisoria Norte-Sur que aún persiste en el Consejo, así como en otros organismos multilaterales, se desdibujó en este caso. De los 13 votos africanos, tres favorecieron a Sri Lanka, cuatro a Estados Unidos y los restantes seis se abstuvieron, incluido Sudáfrica.

Entre los latinoamericanos no hubo medias tintas. Cuba y Venezuela votaron en contra y defendieron los argumentos de Colombo.

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú se alinearon con Washington. “Lo hicimos para que termine la impunidad”, justificó a IPS un diplomático de uno de estos países.

El representante de Sri Lanka, embajador Ravinatha Arayasinha, sacó otra conclusión.

Al sumar los 24 estados que a partes iguales se abstuvieron o se opusieron, “una mayoría de los 47 miembros del Consejo dejó en claro que no apoyan las acciones de Estados Unidos, Gran Bretaña y los coauspiciantes de la resolución para imponer el mecanismo de investigación internacional”, dijo.

La resolución del Consejo recordó que la Alta Comisionada había concluido que los mecanismo nacionales de justicia y de derechos humanos de Sri Lanka fracasaron sistemáticamente en la obligación de establecer la verdad y obtener justicia.

Por ese motivo, el Consejo acogió adicionalmente la recomendación de Pillay de establecer un mecanismo internacional de investigación que indague más a fondo las violaciones a los derechos humanos.

Un dirigente del Frente Popular Nacional Tamil (TNPF, por sus siglas en inglés), Gajendrakumar Ponnampalam, estimó que la gravedad de los abusos ocurridos durante el conflicto en Sri Lanka exige que al menos se lleve a cabo una investigación internacional creíble.

“Esos abusos requieren un proceso judicial en la Corte Penal Internacional o en un tribunal especial”, manifestó a IPS el representante de TNFP.

Un grupo de expertos designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, concluyó que fuerzas del gobierno estuvieron involucradas en abusos generalizados, incluidos bombardeos indiscriminados a civiles, ejecuciones sumarias y violaciones de mujeres.

A los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil-Eelam les acusaron de capturar a civiles para usarlos como escudos humanos, de enrolar a niños como soldados y de asesinar a familias que intentaban huir de las conflagraciones.

La resolución del Consejo exhorta también al gobierno de Sri Lanka a realizar una investigación independiente y creíble de las denuncias y a poner fin a las violaciones y abusos de los derechos humanos en el país.

Ponnampalan sostuvo que “está en marcha un genocidio llevado a cabo por el estado srilankés, con el objetivo de ‘destamilizar’ Sri Lanka”.

“Cualquier proyecto de reconciliación debe incluir a la nación tamil, minoritaria en la isla, y a la mayoría de la nación cingalesa”, demandó el dirigente del TNPF.

Sin embargo, “la nación cingalesa no tiene intención de reconciliarse con la nación tamil y solo quiere asimilarla en su visión de una Sri Lanka budista cingalesa”, sostuvo.

En efecto, actualmente “la única salida para el pueblo tamil en Sri Lanka es la huida del país o la asimilación”, concluyó.