La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reelegida el domingo 26 para un segundo mandato, destacó la reforma política como el primer desafío a enfrentar, entre los muchos que tiene por delante, incluidos el deterioro económico y la crisis energética. Pero su gran promesa electoral ya comenzó a complicarse. Su propuesta de promoverla mediante una consulta […]

Las reformas políticas prometidas durante la campaña por la reelegida presidenta de Brasil, Dima Rousseff, como respuesta a las masivas protestas de junio y julio de 2013, comienzan a entrabarse en la semana siguiente a ser apoyadas en las urnas. Crédito: Cortesía de Ibase

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 29 2014 (IPS)

Su propuesta de promoverla mediante una consulta popular y un plebiscito es rechazada por su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la nueva mayor fuerza parlamentaria, que defiende que el Congreso Nacional legislativo protagonice la aprobación de los cambios para su posterior ratificación en referendo.

El disenso por los intereses en juego llena de obstáculos el camino, aunque es prácticamente consensual la necesidad de cambiar las reglas políticas, especialmente las electorales. Más de 20 proyectos de ley y enmiendas constitucionales sobre el tema están paralizados en el bicameral parlamento, fragmentado en 28 partidos desde enero.

“Solo una movilización de la sociedad podrá destrabar la reforma política”, presionando el parlamento que, “dominado por intereses corporativos, no representa la diversidad de la población”, sostuvo Cándido Grzybowski, director del no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase).

Brasil está al borde del “impase institucional”, al acallar la voz de amplios sectores, como las mujeres, los negros, campesinos e indígenas, con baja o ninguna representación parlamentaria, destacó el sociólogo, quien duda que haya condiciones para “revitalizar la democracia” con cambios efectivos.

Al poner el tema en la agenda, la presidenta “le da visibilidad” a una necesidad desnudada en las elecciones generales este octubre y en las masivas protestas sociales de junio y julio de 2013, que “siguen latentes” y pueden volver en cualquier momento, ante la falta de respuestas, advirtió Grzybowski a IPS.

Para atender esas manifestaciones de reclamos difusos, Rousseff propuso públicamente entonces por primera vez un plebiscito para autorizar una asamblea constituyente exclusiva para la reforma política.

La iniciativa no tuvo apoyo en el Congreso, del que depende la convocatoria de un plebiscito, pero movilizó 482 sindicatos, asociaciones variadas y organizaciones no gubernamentales que realizaron en septiembre último un “plebiscito popular” en que votaron 7,75 millones de personas, 97 por ciento a favor de la reforma política.

El poder económico domina el sistema electoral brasileño y por ende las decisiones políticas. Hacendados y empresarios suman 70 por ciento de los legisladores, mientras solo nueve por ciento son mujeres y 8,5 por ciento afrodescendientes, aun siendo mayorías, señala el movimiento en defensa del “Plebiscito Constituyente”.

Otra iniciativa, la Coalición por la Reforma Política Democrática y Elecciones Limpias, busca democratizar la política mediante un proyecto de ley que, básicamente, pretende alterar tres reglas electorales y fortalecer “mecanismos de democracia directa” en decisiones políticas cruciales.

Dilma Rousseff deberá enfrentar en su segundo mandato un escenario mucho menos positivo del que tenía cuando tomó posesión de la Presidencia de Brasil, el 1 de enero de 2011. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Prohibir donaciones de empresas a campañas electorales, elegir diputados en dos vueltas (una para partidos y la segunda para los candidatos) y con paridad de género en las listas partidistas son los cambios propuestos.

El objetivo es corregir “asimetrías” en la disputa electoral que actualmente es individual, importando poco la organización política y “vaciando el debate de ideas y propuestas”, explicó a IPS desde Brasilia uno de los asesores políticos de la Coalición, Ricardo Durigan.

La financiación empresarial desequilibra el juego y fomenta la corrupción que más tarde podrá influir en decisiones de interés del donador. Es lo que se busca evitar, adoptándose el Fondo Democrático de Campañas, con recursos públicos distribuidos a los partidos, y contribuciones personales limitadas a menos de 300 dólares.

El partido que postule un candidato de “segmentos sociales subrrepresentados”, como los negros y campesinos, recibirá tres por ciento más del aporte del fondo que les tocaría, detalló Durigan.

“En Brasil no hay la cultura de donaciones personales” a partidos, pero se crearía una “oportunidad para involucrar muchas personas” directamente en las elecciones, arguyó. Otras reglas buscan elevar la representación femenina y el peso de los partidos, estimulando su consistencia ideológica.

La propuesta de la Coalición, de siete artículos, altera numerosas disposiciones de tres leyes electorales. La opción por un proyecto de ley facilita su aprobación, que solo exige mayoría simple en las dos cámaras, mientras que una enmienda constitucional requiere mayoría de 60 por ciento en doble votación.

La vía escogida fue la “iniciativa popular”, un instrumento de democracia directa previsto en la Constitución brasileña de 1988, que permite someter al Congreso proyectos de ley firmados por uno por ciento del electorado, equivalente actualmente a 1,42 millones de personas, en un país con una población de 200 millones.

Así se logró poner en vigencia a partir de 2010 la Ley de Ficha Limpia, que impide candidaturas de políticos condenados por órganos colegiados de la Justicia, en general de segunda instancia.

La Coalición, compuesta de 103 movimientos sociales e instituciones como el católico Consejo Nacional de los Obispos y la Orden de Abogados de Brasil, ya recogió cerca de 600 firmas, informó Durigan.

Una “reforma política democrática” es condición previa para impulsar otras reformas, como la tributaria, también trabada hace décadas pese al consenso de que el sistema impositivo brasileño es injusto, por gravar más a los pobres, y excesivamente costoso por comprender decenas de impuestos, contribuciones y encargos.

La corrupción, fomentada por el sistema electoral vigente, aviva la demanda de reformas. El escándalo de Petrobras, gigantesca empresa estatal de la que habrían sido desviados miles de millones de dólares entre 2006 y 2012, según una investigación policial y judicial aún en marcha, agrega nuevos argumentos.

Los presuntos aportes cobrados a constructoras y proveedoras de grandes proyectos petroleros se destinaron a organizaciones en el poder, como el Partido de los Trabajadores, que gobierna el país desde 2003, y el PMDB.

Así lo dijo a la justicia Paulo Roberto Costa, el exdirector de Petrobras que aceptó delatar toda la trama para reducir su pena.

Controlar los daños de este escándalo es otro desafío para la presidenta, que enfrenta también el deterioro económico que casi le costó la reelección, alcanzada en segunda vuelta con solo 51,6 por ciento de los votos válidos.

Datos como una inflación acumulada anual de 6,75 por ciento, la economía en virtual estancamiento, la industria en decadencia, dificultades fiscales y fuerte déficit externo, tasas de interés elevadas y desconfianza de empresarios e inversores en su Presidencia, se suman para pronosticar dos años de aprietos para la economista Rousseff.

A agravar el panorama se suma una crisis energética, desatada por la sequía que azota el centro y el sureste de Brasil hace más de dos años. Sin lluvias, cayó la generación hidroeléctrica, que aporta dos tercios de la electricidad nacional, forzando la operación de más termoeléctricas que encarecen la energía, contrariando otra promesa de la mandataria.

Seria irónico que Rousseff pierda popularidad por el agravamiento de la crisis energética, de prolongarse la sequía. Su carrera política despegó en el meridional estado de Rio Grande do Sul, al comandar el sector energético de 1999 a 2002, evitando efectos locales del apagón y el racionamiento eléctrico que sufrió el país en 2001.

Elevada al Ministerio de Minas y Energía en 2003, reestructuró el sistema eléctrico nacional de una forma que ahora está en tela de juicio.

Editado por Estrella Gutiérrez