Las corporaciones más grandes del mundo continúan brindando escasa información sobre sus operaciones globales, según un nuevo análisis que advierte que las empresas extractivas en particular no están preparadas para atender los requisitos de divulgación de sus datos. Las conclusiones proceden de la organización Transparencia Internacional, que analizó a 124 de las empresas más grandes […]

Niños juegan en el relave minero de Morococha, Perú. Crédito: Milagros Salazar/IPS

Por Carey L. Biron
WASHINGTON, Nov 7 2014 (IPS)

Las conclusiones proceden de la organización Transparencia Internacional, que analizó a 124 de las empresas más grandes del planeta.

Con la información públicamente disponible, los investigadores calificaron a cada corporación en base a tres preocupaciones: medidas anticorrupción, transparencia en las operaciones mundiales y las subsidiarias, y revelación de las finanzas país por país y a nivel de proyectos.

La resistencia de la industria a regulaciones como las que se prevé entrarán en vigor en Estados Unidos, la UE y Canadá “es bastante fuerte, así que no sorprende que las empresas no estén revelando voluntariamente esta información y, en cambio, esperen hasta que las obliguen a hacerlo”: Alexandra Gillies, del Natural Resources Governance Institute
Las actividades anticorrupción tienen un grado relativamente alto y va en aumento, pero en los otros dos parámetros la situación es mucho más débil. De hecho, el promedio para los informes país por país, considerados como el eje de la transparencia, es de un dispar seis por ciento, y 50 empresas han registrado cero.

Al presentar el estudio el miércoles 5, el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, observó que el poder de las empresas multinacionales en la economía global actual rivaliza incluso con el de los países más grandes.

“Un mayor poderío económico conlleva una mayor responsabilidad”, dijo. “La mala conducta corporativa crea la corrupción que causa pobreza e inestabilidad”.

En general, las compañías británicas son las que presentan un mejor desempeño en el nuevo índice, las chinas y asiáticas en general las que registran el peor, y el sector tecnológico de Estados Unidos recibe especiales críticas por su falta de transparencia.

Transparencia Internacional viene realizando informes sobre gobernanza corporativa desde 2008. Divulgó el último de esos estudios en 2012.

Los pobres resultados de los informes país por país, en particular, preocuparán a los activistas contra la pobreza y a los proponentes de gastos en el sector público. Este tipo de revelaciones, por ejemplo, permitirán a gobiernos comparar de modo eficiente información más allá de fronteras con el objetivo de reducir la evasión fiscal, así como el directo robo de ganancias.

Es posible que los países en desarrollo hayan perdido unos seis billones (millones de millones) de dólares entre 2001 y 2011 por la evasión fiscal y otros manejos financieros turbios, según la organización Integridad Financiera Mundial.

“La movilización de recursos internos se considera clave para destrabar el desarrollo económico”, dijo Koen Roovers, asesor de la Unión Europea para la Coalición de Transparencia Financiera, una red mundial que financió el informe de Transparencia Internacional, en diálogo con IPS.

El hecho de que se divulgue al público información país por país “permitirá a los ciudadanos de naciones en desarrollo determinar si los impuestos que pagan las compañías transnacionales que comercian en sus países están en línea con sus actividades. La evidente ausencia de esta información genera motivos de sospecha”, añadió Roovers.

Industria reticente

Con el objetivo de garantizar que los réditos relacionados con los recursos naturales estén salvaguardados en los países en desarrollo, las industrias extractivas del mundo han estado especialmente en la mira en materia de requisitos de revelación de datos.

En los últimos años, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Canadá aprobaron requisitos de ese tipo proyecto por proyecto, que estipularon la obligatoriedad de informar sobre todos los pagos que hicieran empresas extractivas a gobiernos extranjeros.

Y aunque actualmente la legislación estadounidense está retenida en tribunales debido a una demanda presentada por la industria petrolera, los requisitos de la UE entrarán en vigor a mediados del año próximo. Las nuevas normas de Canadá podrían implementarse antes.

Pero Transparencia Internacional advierte que las compañías extractivas no están listas para cumplir con estas nuevas reglas.

“Aunque los reportes de datos país por país se introdujeron por primera vez en el sector extractivo, las 19 empresas petroleras y gasíferas incluidas en el estudio solo registraron un promedio de 10 por ciento”, según la investigación, y seis registraron cero.

No todas estas empresas tuvieron un mal desempeño en materia de reportes país por país. Por ejemplo la petrolera noruega Statoil obtuvo el registro más alto de entre las 124 empresas analizadas en este parámetro: 66 por ciento.

Entre otros actores fuertes figuran las firmas indias Oil & Natural Gas Corporation y Reliance, así como la australiana BHP Billiton, que algunos cálculos la sitúan como la mayor empresa minera del mundo.

“Aunque hay unas pocas empresas más pequeñas que han dado este paso, los grandes actores sin duda no lo han hecho. No obstante, será interesante ver cómo lucen los mismos datos dentro de otros dos años”, agregó.

De hecho, se estima que, de aprobarse, solo los requisitos de revelar esa información en Estados Unidos y la UE cubrirán 65 por ciento del sector extractivo mundial en términos de valor, según la organización internacional Publiquen Lo Que Pagan.

Y las nuevas normas canadienses, presentadas formalmente a fines de octubre con miras a implementarse en abril, también afectarán a la mayor industria minera nacional del mundo.

Además, se prevé que en una cumbre que realizará el 15 y el 16 de este mes el Grupo de los 20 (G-20) países industrializados se apruebe un nuevo estándar de reportes país por país que cubra a todas las empresas multinacionales.

Roovers, de la Coalición de Transparencia Financiera, dijo que las nuevas conclusiones de Transparencia Internacional redoblarán la apuesta para los debates del G-20.

De todos modos, observó que, tal como se avizora, es probable que los informes de ese bloque no se hagan públicos debido a preocupaciones en torno a “sensibilidades” comerciales.

Contratos en la mira

Para muchos activistas, de no lograrse la revelación pública de los datos tributarios se echará por tierra un importante fin de los requisitos más estrictos de transparencia: empoderar a los ciudadanos y a la sociedad civil para que participen en la vigilancia en el ámbito local.

“La innovación real en torno a los datos a nivel de proyecto es que los ciudadanos, o periodistas o parlamentarios, podrán entender los acuerdos en que ha ingresado su gobierno. En este momento lo que tenemos son cifras sin desglosar”, dijo Gillies.

“Si alguien está tratando con, digamos, una mina enorme en su comunidad, esos datos pueden ayudarlo a comprender cuánto dinero está recaudando el gobierno por ese proyecto, y si las molestias que (la población) enfrenta valen la pena o no”, explicó.

No obstante, ahora que hay requisitos de reporte país por país en el horizonte, Gillies y otros ya vuelcan su atención sobre la transparencia en materia de contratos.

En efecto, países como Liberia, Guinea, República Democrática del Congo y otros, así como algunas empresas, ya están poniendo a disponibilidad del público toda la información sobre contratos relativos a la extracción de recursos naturales.

“Si usted tiene buenos datos sobre ganancias o pagos, de todos modos es difícil entender qué quieren decir esas cifras a menos que usted sepa qué acuerdos se firmaron”, dijo Gillies.

“Pero la revelación de contratos ya goza de una aceptación más amplia, y unos pocos países y empresas están tomando la iniciativa. Todavía no se ha vuelto una práctica estándar y lo que se está haciendo es poco sistemático, pero es suficiente para mostrar que esta actividad no es comercialmente peligrosa”, agregó.

Los activistas esperan que dentro de pocos años la revelación tanto de los pagos como de los acuerdos firmados con gobiernos extranjeros sea una práctica habitual.

Editado por Kitty Stapp