La defensa de la Madre Tierra, que el Estado plurinacional de Bolivia formalizó en una ley específica hace año y medio, no pasa todavía de las buenas intenciones a las acciones. La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, sancionada el 15 de octubre de 2012, establece principios para modificar […]

El artículo Ley boliviana de la Madre Tierra dura de implementar fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

El río Rocha, que cruza la ciudad boliviana de Cochabamba, parece un manantial cuando las lluvias llenan su cauce, pero la temporada seca expone su gran contaminación. Crédito: Franz Chávez/IPS

Por Franz Chávez
LA PAZ, May 19 2014 (IPS)

La defensa de la Madre Tierra, que el Estado plurinacional de Bolivia formalizó en una ley específica hace año y medio, no pasa todavía de las buenas intenciones a las acciones.

La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, sancionada el 15 de octubre de 2012, establece principios para modificar los modelos clásicos de desarrollo por uno “integral en armonía y equilibrio” con la naturaleza, “recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales”.

La norma condena la mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra, a las que considera “dones” naturales, y obliga a prevenir y evitar daños al ambiente, a la biodiversidad, a la salud humana y a valores culturales intangibles.

El capítulo IV establece un marco institucional sobre cambio climático, que se asienta en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.

El director de esa Autoridad, Benecio Quispe, fue nombrado el 18 de febrero y todavía está en el proceso de armar su equipo e instalar la sede.

La primera actividad externa de esa dirección ha sido la convocatoria a un Primer Taller Nacional sobre Políticas de Cambio Climático, orientado a organizaciones sociales, académicas, públicas y privadas, y a integrantes de los tres niveles de gobierno: central, departamental y municipal.

El objetivo del taller de dos días que concluyó el sábado 17, es ayudar a concebir las políticas de cambio climático con participación de toda la comunidad.

A partir de la ley marco y su reglamento, se podrá establecer el control satelital de las regiones expuestas a deforestación y quema de bosques, dijo a IPS el diputado David Cortés, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) e integrante de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe International).

El mayor estudio hecho hasta ahora sobre legislación ambiental, publicado por Globe International y el Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Ambiente de la británica London School of Economics, elogia la Ley Marco de la Madre Tierra por sus alcances, pero advierte que “carece de objetivos cuantificables que permitan medir su implementación”.

Lo dispuesto por la ley avanza con lentitud y dificultad “porque los modos de producción y la política neoliberal” están enraizados en los “empresarios” que se caracterizan por “explotar” los recursos naturales sin ningún cuidado, dijo a IPS el abogado y asesor de la Cámara de Diputados, Víctor Quispe, sin vínculos familiares con el director de la Autoridad.

Desde su promulgación aumentó la conciencia ambiental, aseguró Cortés, quien destacó los esfuerzos de las autoridades para crear hábitos de cuidado del agua.

Según datos oficiales, la cobertura de agua potable alcanza a 78,9 por ciento del territorio. Dos millones de habitantes, de los 10,5 millones que tiene este país, carecen de ese bien esencial y algo menos de cuatro millones no tienen saneamiento, dijo el año pasado el ministro del Ambiente, José Zamora.

Pero mientras la ley marco requiere muchas nuevas legislaciones que hagan aplicables sus principios, otras iniciativas buscan soluciones a problemas concretos, como el agua.

Este fue un tema central de la presentación que Cortés hizo en la última reunión de Globe International, celebrada los días 27 y 28 de febrero en Washington, en la sede del Senado de Estados Unidos.

En Bolivia, el cambio climático incide en el derretimiento de glaciares, que disminuye la provisión de agua a las ciudades en la temporada seca, mientras intensifica las lluvias e inundaciones en los meses de diciembre y enero, expuso Cortés.

Para preservar los recursos hídricos, el gobierno puso en marcha en 2011 el Programa Mi Agua, destinado a abastecer el consumo humano y el riego y ayudar a garantizar la soberanía alimentaria, reducir la pobreza y mejorar la productividad agrícola.

El Programa beneficia hasta ahora 2.937 proyectos en 98 por ciento de los 327 municipios bolivianos y una inversión de 118 millones, dijo a IPS una fuente del Fondo Productivo y Social, que ejecuta la iniciativa.

Estas iniciativas dan respuesta a la demanda de agua para consumo y para riego, en áreas urbanas mediante sistemas de distribución domiciliaria y en las zonas rurales con captación desde las fuentes y construcción de minirrepresas.

Pero en la ciudad central de Cochabamba, el río Rocha que la cruza se ha convertido en un desafío para las autoridades que intentan eliminar la contaminación que dejan en sus aguas unas 50 industrias.

Cuando las lluvias son abundantes, el Rocha se asemeja a un manantial claro, rodeado de árboles, pero en la época seca se convierte en una fuente de contaminación por la abundancia de nitratos y sulfatos que superan los límites permitidos, según la Dirección de Protección de la Madre Tierra de la Alcaldía de Cochabamba.

Se está aplicando para eso “un plan integral de manejo de cuencas que comienza en las nacientes” de este curso de agua que recorre zonas rurales y urbanas, explicó a IPS el director de esa dependencia, Germán Parrilla.

Las tareas incluyen el retiro de residuos sólidos que arroja la población, la remoción de escombros con que algunos vecinos rellenaron la cuenca para ganar espacios al río y sanciones a quienes contaminen, de acuerdo a las 44 recomendaciones que emitió en 2011 la Contraloría General, explicó Parrilla.

Mientras, el abogado Quispe busca que el parlamento apruebe una ley para reforestar zonas mineras del departamento de Potosí, con el fin de mejorar la calidad del aire en sitios donde quedaron abandonados a cielo abierto residuos de la explotación de estaño, zinc y wólfram.

Pero el principal objetivo del asesor parlamentario es contribuir a limpiar el río Pilcomayo, que nace en Potosí y recorre de norte a sur municipios de Chuquisaca y Tarija y se adentra luego en los territorios de los vecinos Argentina y Paraguay.

Desde su origen, el Pilcomayo arrastra restos minerales que arrojan empresas que explotan yacimientos cercanos al cauce y que matan las riquezas piscícolas aguas abajo.

“Es un asunto de vida o muerte”, dijo el abogado, quien espera que la Comisión de Desarrollo Económico apruebe su proyecto.

La iniciativa prevé crear una mancomunidad de municipios que se ocupe de un estudio de impacto ambiental, asuma medidas preventivas y realice la limpieza del río con respaldo financiero de las gobernaciones de Potosí, Chuquisaca y Tarija.