La conferencia internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que se realizará en Samoa la primera semana de septiembre, dejará de lado un asunto sensible: la propuesta de crear una nueva categoría de “refugiados ambientales” que huyen de diminutas naciones expulsados por el aumento del nivel del mar. “No figura en la declaración […]

Un joven camina con su bicicleta por una calle inundada en Georgetown, la capital de Guyana. Crédito: Desmond Brown/IPS

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 27 2014 (IPS)

“No figura en la declaración final”, dijo a IPS un diplomático de uno de los PEID bajo reserva de su identidad. Los países ricos vecinos de esos diminutos estados temen una ola de refugiados, explicó.

La propuesta implicaría enmendar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 1951, lo que la convierte en un asunto aún más divisorio.“Está claro que los gobiernos tienen la obligación de disminuir los desastres climáticos, así como las comunidades y personas desplazadas deben recibir protección legal en sus países y en el exterior”: Kristin Casper

El documento final, que ya aprobó el Comité Preparatorio de la ONU en julio, se adoptará tras la reunión que se realizará entre el 1 y el 4 de septiembre en Apia, la capital samoana.

Sara Shaw, coordinadora de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra Internacional, dijo a IPS: “Creemos que los refugiados climáticos tienen derecho legítimo a reclamar asilo y deben ser reconocidos por la convención para los refugiados y recibir protección internacional”.

Lamentablemente, apuntó, las mismas naciones desarrolladas, responsables emitir la gran mayoría de los gases que causan el cambio climático, se niegan a ampliar la convención para incluirlos.

“Peor aún, tratan de debilitar la protección existente para los refugiados”, añadió Shaw.

El primer “refugiado climático” demandante, originario de Kiribati, perdió la solicitud de asilo presentada ante un tribunal de Nueva Zelanda, en mayo, porque la legislación internacional no reconoce al aumento del nivel del mar ni el calentamiento global como causas válidas para iniciar el trámite.

Ioane Teitiota, de 37 años, alegó que su isla natal se hundía y que buscaba pasturas verdes y más seguras.

Pero el tribunal dictaminó que la convención de 1951, que nunca previó el cambio climático, solo permite solicitar asilo a una persona por “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”.

El boletín electrónico de la ONU cita a François Crépeau, relator especial para los derechos humanos de los migrantes: “No tenemos una legislación internacional, u otro tipo de mecanismo, que permita a las personas ingresar a un estado contra la voluntad del mismo, a menos que sean refugiados”.

E incluso en esos casos, apuntó, no tienen técnicamente derecho a ingresar, pero no se los pueden castigar por ello. Frente a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2013,

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Winston Baldwin Spencer, dijo en septiembre de 2013 ante la asamblea general de la ONU: “Es un hecho reconocido, pero vale la pena repetirlo, que los pequeños estados insulares son los menos responsables del cambio climático y, sin embargo, sufrimos la peor parte de sus consecuencias”.

Los pequeños estados insulares han reiterado su “profundo pesar” por la falta de medidas tangibles en las negociaciones climáticas en el marco de la ONU.

Las naciones ricas, apuntó el gobernante antiguano, deben cargar con la responsabilidad moral, ética e histórica por emitir grandes concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicos a la atmósfera.

“Son esas acciones que pusieron al planeta en riesgo y comprometieron el bienestar de las actuales y futuras generaciones”, remarcó.

Kristin Casper, asesora legal de campañas y acciones de Greenpeace International, dijo a IPS: “Es escandaloso que los PEID vayan a perder su territorio para fines de siglo por el aumento del nivel del mar”.

“Saludamos los esfuerzos de los PEID, otros gobiernos y organizaciones no gubernamentales que reclaman acciones urgentes para que el mundo pueda atender de manera justa las migraciones climáticas”, que van a aumentar, añadió.

“Está claro que los gobiernos tienen la obligación de disminuir los desastres climáticos, así como las comunidades y personas desplazadas deben recibir protección legal en sus países y en el exterior”, remarcó Casper.

El secretario general de la conferencia de Samoa, Wu Hongbo, declaró a la prensa que se esperan unos 700 participantes, entre ellos gobernantes, 21 autoridades de agencias de la ONU y representantes de unas 100 organizaciones.

La reunión, oficialmente llamada Tercera Conferencia Internacional sobre los PEID, tuvo sus antecesoras en Barbados, en 1994, y en Mauricio, en 2005.

Entre los 52 PEID se destacan Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Fiyi, Granada, Suriname, Timor-Oriental, Tuvalu y Vanuatu.

El documento final de la conferencia, indicó Wu Hongbo, contiene varias recomendaciones para llevar a cabo acciones para avanzar. Pero son objetivos que los gobiernos no pueden lograr solos.

Shaw dijo a IPS que hay millones de personas en el mundo desplazadas o forzadas por las circunstancias a refugiarse en otros países a causa del hambre o conflictos. Muchas de esas crisis se exacerban por el cambio climático porque recursos como el agua potable se vuelven escasos generando disputas y enfrentamientos.

“Las consecuencias del cambio climático, entre las que se destacan el aumento del nivel del mar, las sequías y eventos extremos más frecuentes, llevarán a un mayor número de refugiados climáticos en el mundo”, alertó.

“Pero dudamos que esos refugiados vayan a recibir algún día una cálida bienvenida en los países ricos, cuya contaminación los obligó a dejar su hogar”, añadió.

La realidad es que la vasta mayoría de los refugiados climáticos terminan en otros países pobres, mientras los más ricos erigen vallas y muros cada vez más altos para evitar que lleguen a buscar una vida mejor para ellos y sus familias, se lamentó Shaw.

Según la ONU, los PEID están entre las regiones más vulnerables del mundo en términos de la intensidad y frecuencia de desastres naturales y ambientales y su creciente impacto.

Los PEID sufren las desproporcionadamente grandes consecuencias económicas, sociales y ambientales de los desastres.

Esa vulnerabilidad agrava otros problemas que afrontan en tanto que países en desarrollo, como la globalización y la liberalización comercial, la seguridad alimentaria, la dependencia energética, la falta de agua potable, la degradación del suelo, la gestión de la basura y la biodiversidad.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme