El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiere que el Congreso legislativo le otorgue la facultad para acelerar el proceso de deportación de decenas de miles de niños y niñas que pretendían ingresar sin acompañante por la frontera austral de este país, en lo que algunos consideran una crisis de refugiados. En una carta que […]

Dos adolescentes guatemaltecos en una parada de su duro camino a Estados Unidos: Wilfredo Díaz/IPS

Por Carey L. Biron
WASHINGTON, Jul 1 2014 (IPS)

En una carta que envió al Congreso el lunes 30 de junio, Obama solicitó unos 2.000 millones de dólares para “reforzar” la respuesta policial ante la nueva corriente inmigratoria.

El presidente estadounidense también pidió la modificación de las leyes para que los agentes federales puedan entrevistar y deportar en cuestión de días a muchos de los 52.000 menores de edad sin acompañante que arribaron en los últimos meses de América Central, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Aunque Obama aseguró que se brindaría la “atención adecuada” a quienes fueran detenidos, también dejó en claro que la estrategia central de la nueva política de Washington será ponerle freno a la afluencia repentina de inmigrantes.»Estaríamos enviando de vuelta a cientos de miles de niños y niñas que correrán peligro en sus países de origen”: Adam Isacson, de WOLA.

Estados Unidos tomará “medidas firmes para… disuadir tanto a los adultos como a los niños de realizar este peligroso viaje, aumentar la capacidad de los procedimientos de aplicación de la ley y de remoción, y rápidamente devolver los migrantes ilícitos a sus países de origen”, declaró el presidente en la carta.

De hecho, el uso repetido de las palabras “firmeza” y “disuasión” subrayan la mentalidad de asedio a la que Obama le presta su voz. La carta se conoció horas antes de que el presidente anunciara el fracaso de su intento de reforma del sistema de inmigración, al menos para este año, debido a la feroz polarización política reinante en este país.

El Congreso se encuentra actualmente en receso legislativo, por lo que el presidente agregó que todos los detalles sobre su solicitud se conocerán después que los legisladores retomen sus funciones a mediados de julio.

“Lo que no veo aquí es algún cambio de estrategia, simplemente se refuerza lo hecho antes. Parecería que mucho de esto tiene el propósito de ayudar a quienes están encargados de deportar a la gente para que hagan su trabajo con mayor rapidez”, comentó Adam Isacson, un socio de la organización independiente Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su acrónimo en inglés).

“Eso tiene algún tipo de mensaje disuasorio, pero el peligro es que estaríamos enviando de vuelta a cientos de miles de niños y niñas que correrán peligro en sus países de origen. No parece que los abogados de asilo vayan a tener un aumento” en sus fondos, agregó en diálogo con IPS.

El debilitamiento de debido proceso

Defensores de los inmigrantes respondieron a la propuesta de Obama con preocupación.

“Los niños llegan traumatizados, con hambre, sin hablar el idioma, y sin embargo se espera que expresen algún temor a regresar para que se les permita entrar a Estados Unidos. Eso es sumamente injusto”, sostuvo Wendy Young, la presidenta de Kids in Need of Defense, una organización que ofrece asistencia jurídica gratuita en este tipo de situaciones.

“Estos niños no tendrán acceso a un abogado, nadie los asesorará. A nosotros nos lleva horas e incluso días entender el proceso que enfrentan, pero hacer eso en la frontera sin asistencia es simplemente imposible”, añadió en diálogo con los medios el lunes.

Desde mediados de los años 90, las autoridades federales no pueden emplear la “vía rápida” para deportar a los niños inmigrantes, salvo que sean oriundos de México o Canadá. La propuesta de Obama eliminaría esa limitación y extendería la autoridad para cubrir a los inmigrantes procedentes de países no contiguos.

Sin embargo, los activistas sostienen que nada cambió con respecto a la intención original de la ley.

“La propuesta presidencial limitaría el derecho al debido proceso de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad”, advirtió Marielena Hincapie, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, una organización que brinda ayuda legal a los inmigrantes, en una conferencia de prensa tras el anuncio de Obama.

“Si el Congreso autorizara estos cambios, la administración derivará los niños de vuelta a los peligros de los cuales escaparon sin tener la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal”, añadió.

Inmigrantes versus refugiados

En el centro del debate sobre la política de Washington referida a la afluencia actual de inmigrantes menores de edad yace una guerra de contextos. ¿Los niños son atraídos a Estados Unidos por su política permisiva o son expulsados de sus países de origen debido al incremento de la violencia?

La forma en que los legisladores y el público en general interpreten esa cuestión influirá sobre si el gobierno debe tratarlo como un problema de inmigración o, como sugieren algunos, como una crisis de refugiados.

El gobierno considera que el motivo “es algo más que la violencia, sino no propondría cambios a la ley. Pero nosotros encontramos que los niños huyen de la violencia y huyen por sus vidas”, afirmó Kevin Appleby, director de política migratoria de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, refiriéndose a un estudio que su organización realizó en noviembre.

Appleby sugiere que en el último lustro recrudeció la influencia de las redes del crimen organizado en varios países de América Central.

Estas redes “apuntan especialmente a los niños y niñas…con amenazas de muerte. Eso es lo que en verdad los impulsa” a emigrar a Estados Unidos, aseguró.

“Los niños sin acompañante oriundos de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen numerosos motivos para irse, pero el miedo a la violencia es el trágico factor en común”, declaró el miércoles 26 Leslie Vélez, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ante el Congreso de Estados Unidos.

“Sorprendentemente, 58 por ciento de los niños y niñas mencionaron la violencia en sus países de origen como al menos una de las razones clave para irse. Esa cifra varía según el país: en El Salvador fue de 72 por ciento, en Honduras 57 por ciento y en Guatemala 38 por ciento”, explicó.

La representante de ACNUR también advirtió en el Congreso que los niños sin acompañante que expresan estos temores no pueden ser devueltos a sus países de origen sin “el acceso a los procedimientos adecuados de asilo”.

Las raíces del problema

Un asunto pendiente es qué hará Estados Unidos para abordar las causas subyacentes de esta nueva corriente inmigratoria. El Congreso aprobó aumentos considerables a la ayuda destinada a la seguridad en América Central, pero aun no se sabe cómo se gastará ese dinero.

“Temo que veamos un gran refuerzo de la capacidad de seguridad fronteriza en esos países, añadiendo nuevas armas y capacidad letal a las fuerzas de seguridad… de una manera muy poco transparente”, señaló Isacson, de WOLA.

“Lo hemos visto en varias ocasiones en el pasado. En un clima de impunidad, añadirle más botas al terreno puede ser desastroso”, advirtió.