El sistema de derechos humanos de la ONU se estremeció otra vez ante las evidencias de la impunidad con que actúan los protagonistas del prolongado conflicto de Medio Oriente, agravado desde el 8 de Julio por los sangrientos ataques de Israel a la franja de Gaza. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización […]

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Jul 24 2014 (IPS)

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró el miércoles 23 convencido de que la ausencia de responsabilidad por las violaciones del derecho internacional “refuerza una cultura de impunidad” en esa región, durante una sesión especial para discutir la situación en Gaza.

Sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los ataques a la zona de Gaza, el miércoles 23 de julio. Crédito: Violaine Martin/Naciones Unidas

Para afrontar el problema, el Consejo, con sede en esta ciudad suiza, apeló al mismo expediente empleado durante la primera guerra de Gaza: el envío de una comisión independiente e internacional para que investigue “todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”.

Ante ese primer conflicto en la zona, iniciado el 27 de diciembre de 2008 y que se prolongó durante tres semanas, el Consejo otorgó un mandato similar a una misión integrada por tres juristas de renombre, el sudafricano Richard Goldstone, como presidente, la paquistaní Hina Jilani y la británica Christine Chinkin, además del coronel Desmond Travers, un experto retirado de las fuerzas armadas irlandesas.

El informe de la Comisión Goldstone, conocido en septiembre de 2009, acusó de crímenes de guerra y de ataques deliberados a civiles tanto a Israel como a Hamas, los mismos bandos de esta tercera guerra de Gaza.

La segunda Guerra de Gaza duró apenas una semana, del 14 al 21 de noviembre de 2012, con igual coreografía, cohetes de Hamas hacia Israel, que en este caso llegaron hasta Tel Aviv, y represalias israelíes para destruir las bases de lanzamiento palestinas.

En la primera guerra murieron 1.400 palestinos, la mitad civiles, y 13 israelíes, de los cuales tres eran civiles. En el segundo conflicto cayeron 170 palestinos y no hubo informaciones de bajas israelíes.

Durante las dos semanas del conflicto actual, los muertos palestinos suman cerca de 650, de las cuales unas 150 son niños y 75 mujeres. El número de desplazados por los combates en la Franja de Gaza asciende a 140.000, según preciso durante la sesión especial la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

La intensificación de las hostilidades en la crisis actual acrecentó las preocupaciones de Pillay, quien advirtió al Consejo que “la cultura de la impunidad por denunciadas violaciones al derecho internacional invita aún más a transgresiones”.

A continuación Pillay pronunció la frase que ha tenido especial repercusión. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son dos de los más graves tipos de delitos que existen, y las denuncias dignas de crédito de que esos delitos han sido cometidos deben ser verdaderamente investigadas”, dijo. Aunque matizó: “Hasta el momento, no lo han sido”.

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, Makarim Wibisono, explicó a IPS que Pillay se refirió a la ausencia de investigaciones sobre los asesinatos masivos cometidos en los inicios de las operaciones militares por parte de Israel.

El mismo Wibisomo advirtió a los dos bandos que los ataques indiscriminados y desproporcionados contra centros de población equivalen a crímenes de guerra y los perpetradores de esos actos, como de otras violaciones a los derechos humanos, deben ser responsabilizados.

En ese contexto, “saludamos los pasos que ya han sido dados”, expresó. Luego precisó que aludía a la investigación iniciada por Israel que determinó la detención de seis israelíes como presuntos responsables de haber quemado vivo el 2 de este mes al palestino Muhammed Abu Khdeir, de 16 años.

Ese episodio y la anterior aparición, el 30 de junio, de los cuerpos de tres jóvenes israelíes aparentemente asesinados, han sido considerados detonantes de los actuales enfrentamientos.

Philippe Dam, subdirector de la oficina de Human Rights Watch en Ginebra, comentó a IPS que durante varios conflictos armados ni Israel ni las autoridades palestinas han adoptado la más remota medida adecuada para perseguir a los violadores de las leyes de la guerra.

Dam compartió la idea de enviar la misión investigadora que informe de las violaciones cometidas por todas las partes, identifique a los responsables de delitos graves y formule recomendaciones a todos los sectores y a la ONU.

El representante de Amnistía Internacional ante la ONU de Ginebra, Peter Splinter, opinó que la misión investigadora tiene que apoyarse en los análisis y las conclusiones del informe Gladstone.

Esta vez, “la comunidad internacional debe respaldar plenamente las disposiciones para asegurar rendición de cuentas y justicia para las víctimas. No debe desperdiciar la oportunidad como hizo cuando las recomendaciones del informe Gladstone no fueron aplicadas”, dijo a IPS.

Renate Bloew, la representante de la alianza ciudadana internacional Civicus ante la ONU en esta ciudad suiza, reclamó una investigación imparcial de la comisión investigadora sobre todos los delitos cometidos, incluidos los crímenes de lesa humanidad.

“Por encima de todo estamos consternados por la tragedia de que el estado de Israel, después de que por su historia del Holocausto merece más que nadie vivir en paz y con fronteras seguras, que este estado se haya transformado de víctima en victimario”, declaró a IPS.

El envío de la misión investigadora fue rechazado por Israel, que tiene rango de observador en el Consejo. “No tenemos necesidad de una comisión, dijo su representante”, quien aseguró que Hamas es el agresor, quien comete los crímenes de guerra.

Estados Unidos, el único de los 47 miembros del Consejo que votó en contra de la resolución, demandó que Hamas cese de inmediato el lanzamiento de cohetes contra Israel y defendió el derecho del Estado israelí a defenderse.

Todos los países de América Latina miembros, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Venezuela, votaron con la mayoría de 29 naciones que aprobaron la resolución.

Los países de la Unión Europea y otros del continente que siguen la línea de Bruselas se abstuvieron, al igual que cuatro naciones africanas, Benín, Botswana, Burkina Faso y Gabón.