Parques eólicos mexicanos violarían normas de la OCDE

Cuatro proyectos eólicos en el sureño estado mexicano de Oaxaca, operados o financiados por inversores europeos, podrían violar normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según denuncias de activistas que supervisan estos desarrollos. Tres de esos parques eólicos son desarrollados por la compañía Electricité de France (EDF) y el cuarto […]

Comunidades en el sureño estado de Oaxaca, en México, denuncian que los parques instalados en sus tierras violan sus derechos humanos. Crédito: Cortesía de Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Aug 27 2014 (IPS)

Tres de esos parques eólicos son desarrollados por la compañía Electricité de France (EDF) y el cuarto cuenta con fondos de inversión pública de Dinamarca y Holanda.

Para Benjamin Cokelet, fundador y director ejecutivo del Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, en inglés), los parques eólicos han incurrido en varias violaciones a derechos humanos que debe examinar la OCDE, que conforman los países del Norte industrial y algunos del Sur, como los latinoamericanos Chile y México.

“Los tres proyectos eólicos de EDF aseguran que las consultas comunitarias ocurrieron, pero no hemos visto ninguna evidencia de que esos permisos fueron conseguidos”, dijo a IPS el responsable de la organización con sede en Nueva York y Ciudad de México.

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales contienen pautas de comportamiento sobre asuntos como derechos humanos, empleo y relaciones laborales, ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores e impuestos.

En materia ambiental, indica, se debe “proporcionar puntualmente a los ciudadanos y a los trabajadores información adecuada, medible y verificable sobre los impactos potenciales de las actividades de la empresa sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad”.

Además, “desarrollar una actividad de comunicación y consulta adecuada y puntual con las comunidades directamente afectadas por las políticas medioambientales, de salud y seguridad de la empresa y por su aplicación”.

EDF mediante su subsidiaria EDF Energies Nouvelles (EDF EN) posee las granjas eólicas de La Mata-La Ventosa. Otra filial es copropietaria del parque Bii Stinu, mientras otra tercera opera la instalación de Santo Domingo.
El istmo eólico

El istmo de Tehuantepec es el corazón del aprovechamiento energético del viento en México. Esa fuente renovable aporta más de 1.900 megavatios, repartidos en 26 parques eólicos en el país, cuya generación la encabezan empresas españolas.

En este país petrolero, las energías renovables participan con cerca de siete por ciento de la oferta total, sin incluir las grandes hidroeléctricas. Pero el plan oficial es que la las energías renovables aporten 23 por ciento del consumo en 2018, 25 por ciento en 2024 y 26 por ciento en 2027.

Para ello, se pretende que la energía eólica aporte 15.000 megavatios a comienzos de la próxima década.

Los tres proyectos se enclavan en el istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico y el divisor natural entre América Central y América del Norte.

La Mata-La Ventosa genera 67,5 megavatios, Bii Stinu 164 y Santo Domingo 160.

El otro proyecto cuestionado es Mareña Renovables, con una capacidad de generación de 396 megavatios, en la oaxaqueña comunidad costera de San Dionisio del Mar, en el Pacifico.

Actualmente, está detenido por recursos judiciales de ejidatarios de las tierras que ocupa.

Datos de Poder indican que en el istmo de Tehuantepec, con un ancho de 200 kilómetros y una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, hay al menos 20 proyectos eólicos, controlados por 16 compañías diferentes.

Allí existen 1.230 núcleos agrarios, mayoritariamente ejidos (tierras comunales) y de población indígena. De los cinco pueblos indígenas presentes en el istmo, los más populosos son los zapotecos y los ikoots.

Reportes de Poder exhiben un contexto favorable para las empresas y perjudicial para las comunidades.

“Las irregularidades existentes evidencian la colusión entre los actores públicos y privados”, resalta la organización.

El resultado produce “la creación de relaciones asimétricas y acuerdos de renta abusivos”, caracterizados por el ocultamiento del daño permanente de las granjas eólicas para las tierras agrícolas, la falta de una compensación justa por los daños y los alquileres irrisorios por las tierras.

Por faltar, faltan traductores a las lenguas indígenas en las negociaciones entre las empresas y las comunidades.

Estas han sido excluidas del consentimiento libre, previo e informado garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para Cokelet, ese coctel implica el incumplimiento de las empresas de los estándares internacionales ambientales y sociales para sus emprendimientos.

EDF EN se incorporó el 26 de diciembre de 2013 al Pacto Mundial de la ONU, un conjunto de 10 principios sobre derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción de cumplimiento voluntario por las empresas públicas o privadas signatarias. En diciembre, EDF EN debe enviar su reporte de cumplimiento de esos principios.

La construcción de Mareña Renovables se encuentra detenida desde 2013 por fallos judiciales favorables a las comunidades afectadas.

La obra se compone de dos parques eólicos que producirán 396 megavatios, con una inversión de 1.200 millones de dólares. El proyecto es copropiedad del administrador de pensiones holandés PGGM.

Cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por casi 75 millones de dólares. Además, la oficial Agencia de Crédito a la Exportación de Dinamarca (EKF) aporta un empréstito al comprador de la electricidad por unos 20 millones de dólares.

El internacional Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, presentó el 26 de diciembre de 2012, en representación de 225 habitantes de siete comunidades indígenas, una queja ante el Mecanismo Independiente de Investigación y Consulta del BID.

El reclamo es por daños ante la ausencia de consultas adecuadas y completas con las comunidades en el arranque del proyecto y la falta de medidas en el diseño y ejecución para evitar los impactos adversos.

El 18 de septiembre de 2013, el Panel de Revisión de Cumplimiento del Mecanismo del BID admitió la queja. Ahora el panel prepara la investigación del caso, para elaborar después un reporte y proceder a supervisar el cumplimiento de sus disposiciones.

Mata-La Ventosa, de EDF, recibió también un crédito de 189 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés), dependiente del Banco Mundial. Además, la IFC canalizó otros 15 millones de dólares del Fondo de Tecnología Limpia.

Roberto Albisetti, gerente para México y Centroamérica de la IFC, reconoció a IPS el riesgo de la presentación de quejas por las granjas eólicas en Oaxaca, aunque aseguró que el mecanismo independiente de denuncias (CAO, en inglés) de la corporación no recibió inconformidades hasta ahora.

“El manejo de las comunidades ha sido muy serio. Invertimos mucho dinero en los procesos de consulta, pues es mejor prevenir que luego enfrentarse a quejas”, declaró.

En 2010, la IFC desembolsó 375 millones de dólares para la construcción de Eurus, otro parque eólico oaxaqueño, que genera 250 megavatios.

Mareña Renovables, el proyecto de la holandesa PGGM, ofrece otros flancos que la exponen a denuncias internacionales.

Fomento Económico Mexicano (Femsa), el embotellador mexicano de Coca Cola, sería el mayor consumidor de la electricidad generada. Además, Femsa es el segundo mayor accionista del holandés Grupo Heineken.

Femsa también suscribió el Pacto Mundial de la ONU el 24 de mayo de 2005 y debe presentar su reporte de cumplimiento el 18 de marzo de 2015. Mientras, Heineken se adhirió el 19 de enero de 2006 y en julio envió su informe de cumplimiento.

Para Cokelet, la financiadora agencia danesa EKF, que también signó el Pacto Mundial, puede ser demandada ante la OCDE por la violación de sus principios de promoción de prácticas de préstamos sostenibles a la exportación hacia países de bajos ingresos.

En esa misma posición se encuentran Heineken y PGGM, que podrían ser demandadas por la violación de los lineamientos de la OCDE, insistió.