Sudáfrica intenta frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y para eso quiere poner un impuesto al dióxido de carbono (CO2) que los grandes contaminadores arrojan a la atmósfera. La transición hacia una economía baja en carbono será más fácil para Sudáfrica –que ocupa el lugar 12 en volúmenes de CO2— si las empresas […]

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Viviendas del municipio Khayelitsha, en las afueras de Ciudad del Cabo, beneficiadas con techos aislantes, calentadores solares de agua y bombillas de bajo consumo. Brendon Bosworth/IPS

Por Brendon Bosworth
CIUDAD DEL CABO, May 30 2014 (IPS)

Sudáfrica intenta frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y para eso quiere poner un impuesto al dióxido de carbono (CO2) que los grandes contaminadores arrojan a la atmósfera.

La transición hacia una economía baja en carbono será más fácil para Sudáfrica –que ocupa el lugar 12 en volúmenes de CO2— si las empresas que contaminan pagan por la cantidad de gas que emiten.

“Tenemos una de las economías con mayor contenido de carbono en el mundo”, dijo a IPS el investigador en economía verde Anton Cartwright, del Centro Africano para las Ciudades, de la Universidad de Ciudad del Cabo.

Las centrales termoeléctricas a carbón proporcionan cerca de 90 por ciento de la electricidad de Sudáfrica, lo que hace que la economía sea sumamente dependiente de la emisión de CO2.

“No le sacamos mucho provecho a nuestro carbón. Utilizamos un carbón de baja calidad con un alto contenido de CO2”, explicó Cartwright.

Estaba previsto que el impuesto entraría en vigor en 2015, pero en febrero el Ministerio de Economía anunció un aplazamiento hasta enero de 2016, alegando que necesita hacer “más consultas”.

Compensaciones para amortiguar el golpe a la industria

Inicialmente, el impuesto obligaría a los grandes contaminadores, la minería, los combustibles fósiles y el acero, a pagar 11,50 dólares por tonelada equivalente de CO2, pero gravando solamente entre 20 y 40 por ciento del total de sus emisiones.

Para amortiguar el efecto en la industria, el Ministerio de Economía propuso que se permita a los contaminadores aligerar su carga tributaria mediante la inversión en proyectos para compensar el dióxido de carbono que emiten mediante la absorción del CO2 presente en la atmósfera.

“La combinación del impuesto con la compensación es muy delicada”, dijo Cartwright. “Primero se estimula el mercado y luego se le dan flexibilidades”.

La compensación del carbono es una forma de reducir, evitar o capturar gases. Los contaminadores compran certificados, cada uno equivalente a una tonelada de CO2, de proyectos verificados como reforestación o iniciativas de eficiencia energética en las viviendas, y a precios más baratos que el impuesto.

El mercado de las compensaciones del carbono está estancado actualmente en Sudáfrica.

“Por el momento no hay operaciones”, explicó Robbie Louw, director de Promethium Carbon, una empresa consultora en carbono y cambio climático. “El precio internacional de los certificados de es muy bajo en este momento”, agregó en conversación con IPS.

En Europa, los créditos del carbono se transan a menos de 50 centavos de dólar, dijo Louw.

Si no se grava el carbono, los grandes emisores sudafricanos no tienen obligación de reducir su contaminación ni de aplicar políticas de compensación, explicó Carl Wesselink, director de SouthSouthNorth, una organización sin fines de lucro de Ciudad del Cabo, dedicada al cambio climático y el desarrollo.

El impuesto al carbono debería cambiar esa situación.

El gravamen propuesto y la legislación de compensación harán crecer la demanda y el precio de los certificados de carbono, aseguró Roland Hunter, de C4 EcoSolutions, una firma que asesora al gobierno sobre un proyecto para reforestar partes degradadas de la provincia del Cabo Oriental con spekboom, un árbol del tipo suculento con gran capacidad de absorber CO2.

Proyecto emblemático de compensación encuentra obstáculos

La iniciativa estrella de compensación de carbono en Sudáfrica, el Proyecto Piloto Kuyasa, registrado como un mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en el Protocolo de Kyoto, se ha mostrado muy lenta en la emisión de certificados.

Este programa galardonado equipó 2.300 viviendas de bajo costo en Khayelitsha, un municipio semiinformal en las afueras de Ciudad del Cabo, con calentadores solares de agua, techos aislantes y lamparillas de bajo consumo eléctrico.

Estas medidas de eficiencia energética evitan la emisión de 7.000 toneladas de CO2 por año. Pero aunque se registró como MDL en 2005 y se completó en 2010, el proyecto todavía no expidió ningún crédito de carbono.

Este problema obedece a la burocracia de los gobiernos locales y nacional para llevar a cabo el engorroso proceso de verificación del MDL, dijo Wesselink, cuya organización desarrolló el proyecto y, como socia de Ciudad del Cabo, es responsable de la venta de los créditos.

Se calcula que este año se expedirán unos 10.000 créditos CER (Reducción de Emisiones Certificada), dijo.

El dinero resultante se destinará a los gastos de mantenimiento, que son asumidos en la actualidad por SouthSouthNorth con fondos de donantes.

Los fondos son necesarios ya que los 1.500 calentadores solares, fabricados por una empresa china, son propensos a la oxidación y a las fugas y tienen una vida útil corta, informó a IPS el gerente del proyecto MDL de Kuyasa, Zuko Ndamane.

“En un día pueden llegar hasta 10 personas para reportar fugas de agua”, aseguró. “Si no estoy en la oficina, van a mi casa”.

Con la venta de créditos el proyecto invertirá en el reemplazo de los calentadores oxidados por unidades con una vida útil de 20 años y fabricadas por una empresa sudafricana, agregó Ndamane.

Kuyasa no tiene fines de lucro. Se necesitarían décadas para recuperar el costo del proyecto, unos 3,5 millones de dólares, exclusivamente vendiendo créditos de carbono.

“La instalación de calentadores solares y aislamiento en las casas es algo que el gobierno, o alguien más, debería financiar. Es una cosa buena”, sostuvo Wesselink.

Los beneficios que deja para la salud pública y el desarrollo social hacen que el desembolso valga la pena. Pero este tipo de proyectos deben realizarse a gran escala para que tengan sentido financiero, argumentó.

Impuesto pendiente

El impuesto al carbono y las opciones de compensación asociadas a él deberían impulsar la cotización de proyectos limpios en Sudáfrica. Pero a la industria le preocupa el gravamen que se avecina, en especial a Eskom, la empresa eléctrica del Estado.

Eskom no podría absorber el incremento de costos que implica el impuesto al carbono, explicó a IPS Gina Downes, representante de la empresa pública.

Además, la empresa está discutiendo con el Ministerio de Economía una forma de recuperar los costos de la puesta en práctica del Plan Integral de Recursos del Departamento de Energía, que prevé reducir la proporción de carbón en la generación eléctrica del 90 por ciento que había en 2010 a 65 por ciento en 2030, añadió Downes.

“Creo que puede haber cambios sustanciales” en el diseño del impuesto, “sobre todo en relación con las emisiones de Eskom”, señaló Louw, de Promethium Carbon. “Es el sector que tiene mayor impacto en la economía”.