La corrupción y la evasión fiscal constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos en América Latina, pues contribuyen a la desigualdad y la inequidad en los países de la región, según diferentes estudios y especialistas consultados por IPS. “La evasión fiscal provoca que las personas más vulnerables no puedan disfrutar plenamente sus derechos económicos, sociales, […]

La evasión fiscal y la monetaria se unen en América Latina para alimentar la desigualdad en la región. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

Por Marianela Jarroud
SANTIAGO, Oct 8 2014 (IPS)

“La evasión fiscal provoca que las personas más vulnerables no puedan disfrutar plenamente sus derechos económicos, sociales, de salud y educación”, afirmó Rocío Noriega, asesora de Gobernabilidad, Ética y Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Agregó que “la corrupción tiene un impacto negativo sobre el disfrute de los derechos humanos”. Además, explicó a IPS, constituye “una amenaza para la democracia, ya que viola sistemáticamente el fundamento de la ciudadanía al perpetuar una desigualdad fundada en el acceso de unos pocos al poder, dinero y conexiones personales”.

La corrupción, como forma de asignación de recursos públicos a fines distintos del bien común, es una forma grave de violación de los derechos humanos, coinciden expertos.
Corrupción como problema

Para la mayoría de los latinoamericanos, la corrupción es uno de los tres problemas más importantes en su país, según las respuestas a la encuesta Latinobarómetro 2013.

En Costa Rica, 20 por ciento menciona a la corrupción, 29 por ciento los problemas económicos y seis por ciento la delincuencia.

En Honduras la corrupción tiene 11 por ciento, los problemas económicos 61 por ciento y la delincuencia 28 por ciento. En Brasil y Colombia 10 por ciento de las personas entrevistadas la ubican como su mayor preocupación, ubicándola en tercer lugar después de los problemas económicos y la delincuencia.

En Argentina y Perú, ocho por ciento de los entrevistados colocan la corrupción como su principal problema, en Bolivia y República Dominicana siete por ciento, en México seis por ciento, en Ecuador, Panamá y Paraguay cinco por ciento, en Guatemala cuatro por ciento, en Nicaragua tres por ciento, en El Salvador y Venezuela dos por ciento, y en Chile y Uruguay, uno por ciento.

Latinobarómetro puntualiza que el sondeo haría pensar que la corrupción no es un problema tan resaltante como indican expertos e informes de transparencia, pero eso sucede porque, como antes pasó con la delincuencia, en muchos países de la región permanece como un tema oculto y citan el caso de México como gran ejemplo.

Ese es el país donde más ciudadanos conocen casos de corrupción (39 por ciento) y los informes de transparencia lo colocan como de alta corrupción, pero solo seis por ciento lo ve como el mayor problema.

Fuente: Latinobarómetro 2013

En 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que, como la corrupción puede ocurrir de muchas formas y contextos, es casi imposible identificar todos los derechos humanos que puede violar.

Añadió que la corrupción constituye un obstáculo para el desarrollo de las sociedades, pero también un grave problema para el fortalecimiento de la legitimidad de la democracia, pues su prevalencia y la percepción de la ciudadanía sobre su incidencia en los asuntos e instituciones públicas, pueden socavar gravemente el apoyo al régimen democrático.

La encuesta Latinobarómetro 2013 refleja que 26 por ciento de los latinoamericanos entrevistados aseguran conocer algún caso de corrupción en su país en los últimos 12 meses. Un porcentaje similar dice que en su gobierno casi todos son corruptos.

Venezuela y México, encabezan el listado, con 39 por ciento, seguidos de Paraguay (38 por ciento) y Chile (35 por ciento). Entre los países con menor percepción de corrupción, se encuentran Uruguay (19 por ciento), Nicaragua (17 por ciento), Honduras, Guatemala y Brasil (16 por ciento), además de El Salvador (ocho por ciento)

La analista Francisca Quiroga, experta en políticas públicas de la Universidad de Chile, aseguró a IPS que tanto la corrupción como la evasión fiscal tienen una relación directa con la desigualdad y la inequidad.

Adujo que “las políticas tributarias poseen un instrumento para asignar recursos y proveerlos para el desarrollo de las políticas sociales”.

“El componente que está detrás es hacerse cargo de la desigualdad, de la asignación de la redistribución de recursos, y también de generar economías más sostenibles”, añadió.

“Cuando se habla de derechos humanos y de derechos sociales, en particular, uno de los elementos que se debe tener presente es cuál es la política tributaria y cuáles los mecanismos institucionales que van a asegurar la legitimidad de esas decisiones”, afirmó.

La alta desigualdad es uno de los rasgos más distintivos de la situación social en América Latina.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región presenta un nivel de desigualdad en la distribución del ingreso que es sustancialmente más alto que en otras regiones del mundo, con un coeficiente de Gini medio de 0,53.

Ese coeficiente mide la desigualdad de ingresos, va del cero al uno y el primero establece la perfecta igualdad y el segundo la perfecta desigualdad.

Como ejemplo, el país menos desigual de la región es más desigual que cualquier miembro no latinoamericano de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o de cualquier país de Oriente Medio o del norte de África, asegura el informe Evasión y Equidad en América Latina, de la División de Desarrollo Económico de la Cepal.

Los cinco países latinoamericanos con peor distribución del ingreso, según el organismo, son Brasil, Guatemala, Honduras, Paraguay y Chile, por ese orden.

En Chile, por ejemplo, la mayoría de las personas con empleo ganan unos 500 dólares mensuales, en un país donde un kilogramo de pan vale dos dólares, mientras las 4.500 familias más ricas viven con más de 30.000 dólares al mes.

Algunos ejemplos de la inequidad en la distribución de los ingresos latinoamericanos. Crédito: IPS

“La evasión tributaria es un fraude contra la desigualdad, de eso no cabe la menor duda”, afirmó a IPS la socióloga Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.

“La evidencia empírica masiva demuestra que hay una mejora en la distribución del ingreso después del pago de impuestos”, añadió.

Aseguró que “la informalidad de nuestros estados permiten la evasión fiscal” que se puede materializar tanto en las altas esferas del poder económico como en una dimensión ciudadana.

Es algo que califica como “fraude social” y que apunta a aquellas costumbres que están legitimadas masivamente en la práctica de una sociedad y que el estado no puede erradicar. “Son costumbres ya sea incorrectas, ilegales e inmorales”, explicó.

La socióloga precisó que ese fraude social puede ser incorrecto, inmoral o ilegal. El incorrecto agrupa a faltas que no están sancionadas legalmente pero afectan la convivencia, como estacionar mal un vehículo y paralizar el tránsito. El inmoral incluye situaciones como comerse algo mientras se hace la compra en un supermercado y no pagarlo.

El fraude social ilegal, en tanto, puede ser masivo y abarca a aquellos que no pagan el boleto del bus, que usan los subsidios estatales en forma indebida o que no tributan.

Como en otros países latinoamericanos, una práctica muy frecuente en Chile es que los negocios de barrio entregan facturas alternadamente, recordó Lagos, algo altamente validado por la ciudadanía.

“No me importa”, dijo a IPS Bernarda, una mujer de mediana edad que todos los días compra pan en un almacén cercano a su casa en el barrio de La Florida, en el sureste de Santiago, pero no siempre recibe una factura fiscal por su compra.

“Yo a esta señora (la dueña del almacén) la conozco hace años y sé que es honrada”, agregó. “Da lo mismo”, dijo una vecina a su lado. “¿Para qué me sirve una boleta (factura fiscal)? Además, todos lo hacen”, añadió.

Un comportamiento extendido en la región y que tiene un reflejo cotidiano en la pregunta que comerciantes y prestadores de servicios repiten en variados países a los consumidores a la hora de pagar: “¿Con IVA (impuesto al valor agregado) o sin IVA?”.

Lagos precisó que en la última década ha aumentado la legitimidad de la justificación de la evasión fiscal, debida a que la corrupción “aumenta la percepción de los ciudadanos de que es justificable no pagar los impuestos porque se los roban y los gastan mal”.

Con todo, Quiroga cree que llegó el momento de que la ciudadanía tome conciencia con respecto a que sus derechos políticos y sociales son vulnerados en la medida que los sistemas permitan la evasión fiscal y la corrupción se instale como práctica.

“Solo así, estaremos haciendo frente a este flagelo”, sentenció.

Editado por Estrella Gutiérrez