Dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos contra Argentina alentarán a los inversores depredadores y dificultarán la reducción de la deuda de los países más desfavorecidos, advirtieron organizaciones que luchan contra la pobreza. Este lunes 16 el máximo tribunal estadounidense rechazó una apelación que presentó el gobierno argentino ante el fallo […]

La Corte Suprema de Estados Unidos. Crédito: Mark Fischer/CC by 2.0

Por Carey L. Biron
WASHINGTON, Jun 17 2014 (IPS)

Este lunes 16 el máximo tribunal estadounidense rechazó una apelación que presentó el gobierno argentino ante el fallo de un tribunal inferior que le exigía a Buenos Aires el pago de 1.500 millones de dólares a los acreedores de dos fondos buitre que se negaron a aceptar un canje de su deuda pública.

Argentina dijo en agosto, cuando se conoció la sentencia, que no la acataría, aunque después moderó su postura.

Nada más conocerse el dictamen, la presidenta argentina, Cristina Fernández, afirmó que de esta manera los magistrados estadounidenses convalidan “una forma de dominación mundial en base a la especulación… para poner de rodillas a los países y a su población”. Argentina cuenta en este caso con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el gobierno de Barack Obama.“No solo se convalida el comportamiento de los fondos de capital de riesgo, sino que se los alienta. Ahora tienen nuevos instrumentos legales para obligar a países como Costa de Marfil y Zambia a la sumisión con bastante rapidez”: Eric LeCompte.

Este fallo implica un revés dramático para Argentina, que lucha desde hace años contra dos fondos buitre estadounidenses, NML Capital y Aurelius, para concluir un importante acuerdo de reestructuración de su deuda de 102.000 millones de dólares, tras la suspensión de pagos (default) del país en 2001.

NML Capital, que lideró la demanda contra Argentina en Nueva York, compró los bonos argentinos por 48,7 millones de dólares y ahora la Corte Suprema estadounidense le reconoce el derecho al cobro de 832 millones de dólares por esos papeles.

“Una ganancia de 1600 por ciento en dólares en pocos años. Yo creo que ni el crimen organizado consigue esa tasa de retorno en tan poco tiempo”, subrayó la presidenta Fernández en Buenos Aires, en un mensaje por cadena nacional de televisión.

Los 1.500 millones de dólares que Argentina deberá pagarle a los fondos buitre solo son 10 por ciento de los bonos que no entraron al canje de 2001. Si el resto de la deuda no canjeada se presentara en los tribunales reclamando el mismo derecho, Buenos Aires enfrentaría una demanda de alrededor de 15.000 millones de dólares.

Un segundo fallo, también dictado por la Corte Suprema estadounidense el lunes 16, resultó abrumadoramente a favor de los fondos de alto riesgo y permitirá a los tenedores de bonos obligar a los bancos internacionales a prestarles ayuda en la búsqueda de activos argentinos.

Los fallos envalentonarán a los inversores depredadores e implican una derrota importante para los países pobres que buscan reducir su deuda, advirtieron en Washington organizaciones no gubernamentales.

“Todavía estoy aturdido por la noticia, es devastadora”, expresó Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubileo Estados Unidos, una red de organizaciones religiosas que luchan a nivel mundial contra la pobreza.

“No solo se convalida el comportamiento de los fondos de capital de riesgo, sino que se los alienta. Ahora tienen nuevos instrumentos legales para obligar a países como Costa de Marfil y Zambia a la sumisión con bastante rapidez”, sostuvo en diálogo con IPS.

En juego se encuentra la estrategia de un pequeño número de fondos de inversión o fondos buitre, con sede sobre todo en Estados Unidos, que compran deuda de países pobres con pocas esperanzas de amortización, a una fracción de su valor nominal.

Estas empresas luego presentan demandas judiciales contra los gobiernos, porque no les pagaron el 100 por ciento del valor de los bonos adquiridos, con la intención de quedarse con parte de los ingresos fiscales y fondos de ayuda internacional cuando finalmente comienzan a fluir.

Los fondos de este tipo mantienen sus demandas aun cuando otros inversores acceden a reducir la deuda –en lo que se conoce como canjes de deuda- y aceptan rendimientos inferiores a los esperados que, no obstante, le permiten al gobierno deudor empezar a recuperarse económicamente.

Incluso un solo fondo buitre o acreedor que no acepte el canje puede anular todo el proceso de reestructuración de la deuda, ya que legalmente el acuerdo no puede avanzar sin la aprobación de todos los tenedores de bonos.

El caso paradigmático de Argentina comenzó en 2001 cuando dejó sin amortizar 102.000 millones de dólares en bonos tras años de turbulencias que hundieron su economía. En 2005 y 2010 ofreció canjes de deuda a los inversores extranjeros por bonos nuevos a un cuarto de su valor original.

Cerca de 93 por ciento de los acreedores de Argentina finalmente aceptaron los canjes, pero NML Capital y Aurelius se negaron a hacerlo y posteriormente demandaron al gobierno argentino en tribunales de Nueva York.

“Es hora de que Argentina cumpla sus compromisos con sus acreedores, lo que beneficiará tanto a la economía argentina como su posición internacional”, declaró NML en un comunicado de prensa tras el fallo contra la apelación.

Una opción atractiva

Observadores del proceso temen que la decisión de la Corte Suprema no solo aliente al resto de los acreedores de la Argentina, sino que fomente las estrategias de los tenedores que no aceptan los canjes de deuda.

“Este comportamiento ya era una de los más rentables del mundo, y este fallo ahora lo considera legítimo y aun más rentable, dado que los inversores tendrán que gastar menos en litigio”, señaló Le Compte.

Algunos analistas sugieren que Aurelius y NML demandaron a Argentina no tanto por el dinero en juego en el caso, sino por el modelo que un fallo favorable ayudaría a consolidar en el futuro.

El fallo jurídico podría tener numerosas repercusiones adversas. Ahora, los fondos buitre podrían atacar los ingresos fiscales de países en extrema pobreza, así como la ayuda internacional que se les brinde.

Las gestiones de reestructuración de la deuda que realizan prestamistas multilaterales como el FMI o el Club de París, que facilitaron la reducción de la deuda de 90 países en unos 573.000 millones de dólares, también podrían complicarse.

Los inversores legítimos probablemente decidan no participar de este tipo de reestructura ya que ahora sus inversiones podrían correr riesgo.

En la batalla jurídica de Argentina de los últimos años, el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de Obama, así como una amplia variedad de inversores, apoyaron formalmente a Buenos Aires.

A principios de este mes, un portavoz del FMI afirmó que el organismo multilateral “sigue profundamente preocupado por las amplias implicaciones sistémicas que el fallo de primera instancia podría tener para el proceso de reestructuración de la deuda en general”.

Soluciones a mediano plazo

Existen numerosos esfuerzos internacionales en curso que podrían llegar a limitar la acción de los inversores depredadores o crear un sistema de arbitraje internacional que aborde el problema de la deuda soberana.

En los últimos días, el FMI analizó un documento de trabajo destinado a prevenir las crisis económicas mundiales.

Según un análisis de Jubileo Estados Unidos y New Rules for Global Finance, una organización no gubernamental de Washington, se busca “limitar o eliminar la conducta depredadora extrema… que viola las políticas de alivio de la deuda, su reestructuración y el buen funcionamiento del sistema financiero”.

Tanto a nivel nacional o internacional, sin embargo, cualquier medida de este tipo solo ofrecerá una solución única en el mediano plazo. Argentina ahora tiene hasta el 30 de junio para cumplir con los pagos de todos sus tenedores de bonos, entre ellos NML y Aurelius, aunque pagar lo que podría llegar a ascender a unos 15.000 millones de dólares arriesgaría otro default.