Preocupados por la seguridad alimentaria en Antigua y Barbuda, dos grupos comunitarios desarrollan una iniciativa para movilizar gente hacia actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, cuyas consecuencias afectaron la producción agrícola local. “Quiero que por lo menos se unan 10.000 personas en Antigua y Barbuda en este proceso de tratar de mitigar los […]

Por Desmond Brown
GUNTHORPES, Antigua, Nov 12 2014 (IPS)

“Quiero que por lo menos se unan 10.000 personas en Antigua y Barbuda en este proceso de tratar de mitigar los efectos del cambio climático”, precisó a IPS una de las promotoras del proyecto, Evelyn Weekes.

“Elijo la agricultura porque es uno de los sectores más afectados por el fenómeno y uno de los que más contribuye al cambio climático”, explicó.

Bhimwattie Sahid cosecha una papaya en su huerta de Guyana. La seguridad alimentaria es motivo de mayor preocupación en el Caribe debido a que la variabilidad climática afecta a la agricultura. Crédito: Desmond Brown/IPS

“Planeo movilizar a por lo menos 10.000 hogares en acciones climáticas como la clasificación de residuos, la elaboración de abono y la agricultura ecológica diversificada”, detalló Weekes, quien está al frente de la Sociedad de Acuaponia, Acuicultura y Agroecología, con sede en este país.

Otro objetivo del proyecto es “ayudar a proteger nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas y nuestra seguridad alimentaria” usando las funciones del ecosistema en la horticultura, pues con eso los agricultores no tendrán que retroceder a los monocultivos, al uso de pesticidas y fertilizantes químicos, añadió.

La seguridad alimentaria genera preocupación no solo en este país, sino en todos los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), porque la variabilidad climática afecta a la agricultura.

Los especialistas pronostican eventos climáticos más extremos, como inundaciones y sequías, así como tormentas más intensas a largo plazo en el océano Atlántico.

Weekes indicó que los proyectos propuestos por los pequeños agricultores en áreas vulnerables contará con ayuda económica del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés).

“Nuestra seguridad alimentaria es una de las cosas más preciadas por la que tenemos que velar y una agricultura ecológica es lo que nos ayudará a protegernos”, arguyó Weekes.

“Apelo a las iglesias, a los grupos comunitarios y de agricultores, a organizaciones no gubernamentales y a sociedades de amigos, escuelas, etc. para que movilicen a sus miembros y podamos reunir a 10.000 personas o más para mitigar y adaptarnos al cambio climático”, insistió.

Weekes también explicó que la separación de residuos comprende el redireccionamiento de los alimentos para que no entren en el vertedero de Cooks, en un esfuerzo nacional por elaborar compost.

“No tiren restos de comida en la basura porque, ¿dónde van a terminar? Irán a parar a vertederos, que liberarán más metano a la atmósfera”, explicó.

El metano y el dióxido de carbono liberado a la atmósfera son producto de la descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas (sin oxígeno). Grandes cantidades de materia orgánica, como restos de alimentos y condiciones húmedas, aumentan la producción de gas, y en especial de metano, en los vertederos.

Como el metano tiene un potencial de recalentamiento atmosférico 72 veces mayor que el dióxido de carbono, la elaboración de abono es una importante actividad de mitigación. El abono también sirve para reconstituir los suelos degradados y, por consiguiente, ayuda a la agricultura.

Pamela Thomas, directora de la Red de Agricultores del Caribe (CaFAN), dijo que su organización había recibido la aprobación para proyectos de agricultura inteligente, con fondos del GEF.

“Tratamos de hacer una agricultura inteligente. Es decir, preservar la actividad y proteger las plantas de los rayos del sol”, explicó Thomas, también embajadora de la sociedad civil para agricultura ante la Organización de las Naciones Unidas.

“También recolectaremos agua y utilizaremos bombas a energía solar para extraer el líquido hacia los invernaderos para irrigación”, explicó.

CaFAN representa a agricultores de los 15 estados de la Comunidad del Caribe (Caricom). Fundada por organizaciones agrícolas de la región en 2002, negocia en nombre de sus miembros y desarrolla programas y proyectos para mejorar su sustento, además de colaborar con todos los actores del sector a favor de los trabajadores agrícolas.

“Si una nación no puede alimentarse a sí misma, ¿qué será de nosotros?”, arguyó Thomas, quien también dijo que quería que más agricultores abandonaran los fertilizantes sintéticos y los pesticidas y se volcaran a la agricultura orgánica.

Antigua y Barbuda fue el país del Caribe que más recursos destinó a la importación de alimentos por habitante con unos 1.170 dólares, seguida de Barbados, con 1.126 dólares, Bahamas, con 1.106, y Santa Lucía, con 969 dólares.

Además del gasto, depender de las importaciones aumenta la vulnerabilidad, pues los huracanes pueden interrumpir el suministro de alimentos. Por ello, la agricultura es un sector importante para la financiación del PPD, del GEF.

El director ejecutivo del GEF, Naoko Ishii, quien se reunió con la delegación caribeña en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, realizada en Samoa los cuatro primeros días de septiembre, elogió a los grupos comunitarios de esta región.

“Quedé bastante impresionado con su determinación a luchar contra el cambio climático y contra otros desafíos”, dijo a IPS. “También me entusiasmó mucho y me impresionó que adoptaran un enfoque más integrado que en otras partes del mundo”, añadió Ishii.

La circunscripción caribeña del GEF está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Suriname.

Ishii también se mostró “bastante entusiasmado” con la participación de ocho países en la iniciativa Desafío del Caribe, un proyecto a gran escala promovido por Nature Conservancy, que invirtió 20 millones de dólares a cambio del compromiso de los países de la región de apoyar y gestionar nuevas y existentes áreas protegidas.

Los países miembro deben proteger 20 por ciento de sus hábitats marinos y costeros para 2020. Bahamas, Jamaica, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves ya forman parte del proyecto.

Ishii dijo que algunos de los países que participan en el Desafío del Caribe ya habían recibidos fondos del GEF y que hay cuatro proyectos del GEF que apoyan a la iniciativa.

Se trata de fondos duraderos y de la gestión de ecosistemas marinos en países de la Organización de Estados del Caribe Oriental, construir una red nacional sostenible de áreas marinas protegidas para Bahamas, repensar el sistema nacional de áreas marinas protegidas para alcanzar la sostenibilidad económica en República Dominicana, fortalecer la sostenibilidad operativa y económica del sistema nacional de áreas protegidas en Jamaica.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme