Comunidades rurales y organizaciones sociales de El Salvador coinciden en que la falta de leyes en materia de acceso al agua es uno de los principales obstáculos para resolver las disputas por el recurso que se viven en el país. “Si tuviéramos regulado en la Constitución el derecho al agua, no estaríamos en este pleito”, […]

Jeniffer Hernández, de 12 años, llena su cántaro de agua de la toma colectiva en la comunidad de Los Pinos, en el municipio de Tacuba, en el occidente de El Salvador. Este es uno de los puntos donde quienes carecen de conexión por tubería a sus hogares, acceden gratuitamente al recurso. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
TACUBA, El Salvador, Nov 11 2014 (IPS)

“Si tuviéramos regulado en la Constitución el derecho al agua, no estaríamos en este pleito”, dijo a IPS el síndico de la Asociación de Desarrollo Comunal Bendición de Dios (Adescobd), David Díaz, al lamentar uno de los mayores retrocesos que se han dado en este país centroamericano en la materia.

El 30 de octubre, diputados de la derecha impidieron que la unicameral Asamblea Legislativa ratificase una reforma al artículo 69 de la Constitución aprobada previamente, que otorgaba rango de derecho humano al agua y la alimentación, obligando así a garantizar su acceso.“Antes teníamos que caminar dos horas hasta el río Nejapa, para llenar los cántaros, ahora tenemos el agua aquí nomás”: María Esther Gómez.

Adescobd nació a fines de 1995 en Tacuba, un pueblo del occidental departamento de Ahuachapán, a 116 kilómetros al oeste de San Salvador, para manejar el proyecto de un sistema de agua potable que permitiese el abastecimiento de siete caseríos.

Desde 2007 la asociación mantiene un agrio litigio con el alcalde de esa localidad, Joel Ernesto Ramírez, por el control del sistema.

“El proyecto es nuestro, nosotras hemos trabajado duro, nuestros maridos han aguantado hambre trabajando en montar el sistema… no es del alcalde”, afirmó a IPS la pobladora Ermelinda Hernández, del caserío La Puerta, mientras lavaba el maíz recién cocido para preparar las tortillas (tortas planas del cereal) del almuerzo.

Pobladores de esos siete caseríos, que aglutinan a unos 12.000 habitantes, señalaron que el alcalde se ha apropiado del proyecto que sacaron adelante los asociados cuando, ante la falta de apoyo de la alcaldía, lograron fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y asistencia técnica de Crea Internacional.

Denuncian que el alcalde, aduciendo que los antiguos gestores, removidos por los socios, situaron en quiebra a la asociación, pretende apoderarse de la finca donde nace el agua que abastece el sistema y así controlarlo.

También alegan que Ramírez planifica vender el recurso a otras comunidades ajenas al municipio y al proyecto, lo que dejaría sin suficiente suministro a los siete caseríos.

IPS no logró contactar al alcalde para que diese su versión de los hechos.

Con la reforma constitucional, “tuviéramos mejores herramientas legales para defendernos, la Constitución nos ampararía”, aseguró el síndico Díaz, oriundo del caserío de Loma Larga.

Diputados del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ambos de derecha, negaron sus votos para ratificar el cambio constitucional.

La reforma se aprobó en abril del 2012 por 81de los 84 diputados, antes de que terminase su mandato trienal al mes siguiente.

En este país centroamericano de 6,2 millones de personas, las reformas constitucionales deben aprobarse durante una legislatura y ratificarse con dos tercios de los votos (56) en la siguiente, en este caso, la que finaliza en mayo del 2015.

La modificación buscaba que el Estado velara porque los ciudadanos fueran la prioridad en el uso de los recursos hídricos y no los intereses económicos, explicó a IPS la activista Karen Ramírez, portavoz del Foro del Agua, que aglutina a más de un centenar de organizaciones que luchan por el derecho al agua.

La reforma establecía que es obligación del Estado “aprovechar y preservar el recurso hídrico y procurar su acceso a los habitantes”. Ese compromiso requería de políticas públicas y leyes para regular el sector.

El agua por tubería es suministrada a los salvadoreños por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, un ente estatal autónomo sin potestad para decidir quién tiene derecho al agua, cuando hay conflictos o escasez.

Tampoco tiene jurisdicción en proyectos comunitarios como el de Tacuba, ni voz en la confrontación existente.

Actualmente, los habitantes de los caseríos de Adescobd tienen agua sin restricciones, pese a que en mayo del 2014, la Corte Suprema de Justicia desechó un amparo contra la clausura de la asociación por el alcalde.

Adescobd prepara una demanda contra la vulneración de sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó a IPS su abogado, Edwin Trejo.

Al recorrer comunidades afectadas, IPS dialogó en Los Pinos con hombres, mujeres y niños que hacían cola en una parcela, a la orilla de un camino de tierra, para llenar sus cántaros de un grifo se conecta con el sistema y que suministra el agua gratuitamente.

“Antes teníamos que caminar dos horas hasta el río Nejapa, para llenar los cántaros, ahora tenemos el agua aquí nomás”, contó una de las mujeres, María Esther Gómez, indignada como los demás por lo que consideran maniobras para despojarles de su agua.

El de Tacuba es solo un ejemplo de los conflictos por el recurso que se repiten en El Salvador, ante la falta de normas y de controles.

Otro caso es el del cantón de El Tablón, en el municipio de Sociedad, en el oriental departamento de Morazán. Allí, los habitantes de los caseríos de Los Amayas, El Carrizal y El Centro se enfrentan por el servicio con los de un cuarto: Las Cruces.

El sistema de agua potable lo construyeron los cuatro caseríos del cantón en los años 80.

“Ellos piensan que nosotros los vamos a dejar sin agua a ellos, y la cosa no es así, lo que nosotros queremos es que se distribuya a partes iguales y que ellos no abusen”, explicó a IPS la campesina Aura Zapata sobre la situación con los pobladores de Las Cruces.

En este país centroamericano, 93,5 por ciento de los habitantes urbanos tienen acceso al agua potable por tubería. Pero la cifra baja a 69,8 por ciento en el área rural, donde el 15 por ciento se abastece de pozos y otro 15 por ciento mediante otros medios, según datos de la Encuesta de Hogares Múltiples, de mayo del 2013.

Ramírez, del Foro del Agua, señaló que los diputados contrarios a la reforma buscan proteger los intereses de poderosos grupos empresariales, que ven amenazados sus ingresos si la Constitución prioriza a los ciudadanos en el tema de acceso a los recursos hídricos.

La no ratificación de la reforma constitucional se sumó a otro revés para los defensores de democratizar el acceso al agua.

Tras años de espera, la Asamblea finalmente discute un proyecto de Ley General de Aguas. Pero en la comisión encargada, diputados de derecha modificaron el neurálgico artículo 10 del texto, que creaba un nuevo ente regulador del recurso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adscrito al Ministerio de Medio Ambiente.

Pero el 7 de octubre, diputados del PCN, Arena y de la Gran Alianza Nacional (Gana) impusieron un cambio, para que a Conagua la controle un nuevo organismo autónomo, con participación de cinco gremios de empresarios y dos organismos estatales.

“Cuando haya conflictos donde el ente rector debe decidir a favor de la gente, la votación allí pondría en desventaja los derechos de los pobres”, aseguró Ramírez.

El gobernante Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el Ministerio del Medio Ambiente aseguran que revertirán el cambio durante el debate en el plenario de la asamblea del proyecto. El FMLN es la principal fuerza parlamentaria, pero con solo 31 diputados, seguido por Arena con 28.

Editado por Estrella Gutiérrez