El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes 16 que repatrió a dos saudíes detenidos en la prisión militar de la bahía de Guantánamo, Cuba, menos de dos semanas después de que dos reclusos argelinos fueron igualmente enviados de regreso a su país de origen. Saad Muhammad Husayn Qahtani y Hamud Abdulah Hamud habrían sido […]

El artículo Estados Unidos avanza hacia clausura de Guantánamo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Por Ramy Srour
WASHINGTON, Dec 17 2013 (IPS)

Una soldado observa a prisioneros de Guantánamo el 11 de enero de 2002. Crédito: Dominio público

Saad Muhammad Husayn Qahtani y Hamud Abdulah Hamud habrían sido trasladados de la prisión militar estadounidense a Arabia Saudita, mientras legisladores de Estados Unidos discuten una iniciativa que facilitaría los esfuerzos del gobierno de Barack Obama para clausurar ese centro de detención, donde sospechosos de terrorismo carecen del debido proceso judicial y son sometidos a torturas.

“Estados Unidos hizo progresos reales al transferir a detenidos de Guantánamo a pesar de las engorrosas restricciones legislativas para impedirlos”, declaró Paul Lewis, el enviado especial del Pentágono (sede del Departamento de Defensa) para el cierre de Guantánamo.

Hace poco más de una semana se anunció que otros dos reclusos, los argelinos Belkacem Bensayah y Djamel Ameziane, también habían sido repatriados. Ahora quedan 160 detenidos, de los cuales 80 ya tienen autorizada su liberación. Las medidas fueron bien recibidas por organizaciones de derechos humanos y expertos de Estados Unidos.

“Amnistía Internacional – Estados Unidos saluda este renovado compromiso de la administración de Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo y la insta a poner fin a las detenciones de forma totalmente compatible con los principios de derechos humanos”, declaró a IPS la asesora de esa organización internacional, Naureen Shah.

El debate en este país se ha concentrado principalmente en las consecuencias de esta decisión para la seguridad nacional y en la promesa de larga data del gobierno de Obama de cerrar la prisión.

“Es una gran noticia que el gobierno de Obama esté tomando medidas”, dijo a IPS la profesora adjunta de derecho en la American University de Washington, Jennifer Daskal, exabogada del Departamento de Justicia. “Es coherente con lo que dijo que iba a hacer”.

Un cambio legislativo

Durante su campaña presidencial de 2008, Obama prometió cerrar la criticada prisión militar para mejorar la imagen de Estados Unidos en el extranjero. Y renovó esa promesa a principios de este año. Que todavía no la haya cumplido se atribuye en parte a su propia reticencia y a la fuerte oposición del Congreso legislativo.

Sin embargo, en las últimas semanas el Capitolio redobló su interés en el tema, ya que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), destinado a grandes compras anuales, cuya votación en el Senado está prevista para esta semana.

Una disposición de la NDAA le proporcionaría al Poder Ejecutivo más facultades para conceder traslados de detenidos de Guantánamo, y es posible que facilite a la Casa Blanca cumplir con su compromiso de clausurar ese centro de detención ilegal según el derecho internacional.

“La NDAA es la señal de un cambio, pues suministra apoyo a la administración para que traslade a los detenidos cuya transferencia fue aprobada”, dijo Daskal.

Pero mientras la NDAA puede proporcionar a Obama un apoyo sustancial para el cierre de la prisión, sobre todo porque prohíbe que los reclusos sean trasladados a Estados Unidos, algunos expertos advierten que el presidente tendrá que invertir mucho capital político para tener éxito.

“En los dos primeros años de su administración, el partido de Obama controló la cámara baja y el Senado, y ese fue el mejor momento para lograrlo”, dijo a IPS el ex subsecretario de Defensa para asuntos de los detenidos durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009), Charles Stimson, ahora gerente del Programa de la Ley de Seguridad Nacional de la Heritage Foundation, un centro de investigación conservador de Washington.

“Pero si nos fijamos en los caprichos del calendario electoral, hay otras cuestiones, como [la atención sanitaria] y la economía. Así que, a menos que Obama gaste un capital político real en el tema [de Guantánamo], tal vez no sea políticamente posible”, agregó.

Al mismo tiempo, Stimson señaló que la liberación de los detenidos sauditas y argelinos puede ser la clave de una posible estrategia para la Casa Blanca, si es verdad que desea cerrar la prisión en 2016.

“Otra forma es la intensificación de los traslados, algo que también hizo [Bush], simplemente sacando a estos sujetos de la isla, sabiendo, sin embargo, que algunos de ellos volverán a la actividad; no existe una transferencia libre de riesgo cuando se trata de Guantánamo”.

Stimson reconoce que Obama recibió una tarea especialmente complicada.

“La administración de Obama ha hecho un buen trabajo en la evaluación de los altos riesgos que presentan los detenidos que quedan en Guantánamo”, opinó. Cuando el gobierno “actual llegó al poder, solo quedaban los reclusos que habíamos decidido no transferir. Y esos fueron los casos más difíciles”.

El asunto de Yemen

Uno de los problemas más importantes que enfrenta Obama es el gran porcentaje de ciudadanos yemeníes recluidos en Guantánamo. Hasta ahora, el gobierno de Yemen no ha dado garantías a Washington de que será capaz de controlar a esas personas.

Sin embargo, algunos advierten que los políticos no deben exagerar el obstáculo que presenta el gobierno yemení.

Existen “evaluaciones que indican que es posible garantizar las salvaguardas apropiadas en el traslado de detenidos a Yemen”, según Daskal, de la American University. “Y los gobiernos de Estados Unidos y Yemen han estado discutiendo el tema”.

Aun así, la repatriación de los yemeníes será una parte crítica del cierre de la prisión, opinó Daskal. La administración de Obama la llevará a cabo solo “cuando determine que sirve a los intereses de seguridad de la nación y que el gobierno yemení puede proporcionar esas garantías”.