Europa presenta su nueva imagen en el Mediterráneo después de la operación marítima italiana de búsqueda y rescate Mare Nostrum, iniciada en octubre de 2013 a un costo de nueve millones de euros mensuales, que logró recuperar casi 100.000 inmigrantes, aunque costó la muerte a otros 3.000 que intentaron la travesía. La Unión Europea (UE) […]

Roberto Savio. Crédito: IPS

Por Roberto Savio
ROMA, Nov 28 2014 (IPS)

La Unión Europea (UE) está poniendo en marcha la Operación Conjunta Tritón, con un presupuesto mensual de 2,9 millones de euros (3,6 millones de dólares) con fondos garantizados hasta fin de este año.

Su función no es salvar vidas sino reforzar los controles fronterizos. Patrullará solo hasta 30 millas náuticas de la costa, lo que resulta insignificante en comparación con la operación Mare Nostrum, que llegaba hasta cerca de la costa de Libia.

Aunque se trata de una operación muy limitada, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, ha declarado que su país no contribuirá, porque el rescate de inmigrantes es un estímulo para cruzar el Mediterráneo. Ahora los europeos estarán forzados a aceptar cualquier trabajo, y por lo tanto la ley del mercado se convertirá en el principal criterio para sus movimientos en el continente.

Hay una lógica perversa en esa afirmación: mientras más inmigrantes mueran, mayor será el desaliento a que otros intenten la travesía. Por lo tanto, ¡la situación ideal sería alcanzar una tasa de mortalidad que pueda detener la inmigración ilegal de una vez por todas!

En este contexto, vale la pena señalar que el gobierno británico está estudiando la posibilidad de retirarse del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, algo que incluso el presidente ruso, Vladimir Putin, nunca ha considerado. El argumento es que nadie puede estar por encima de los tribunales británicos.

Londres también se niega a pagar su parte del incremento de las contribuciones que corresponden a los miembros de la UE, y está estudiando la forma de poner un límite anual al número de europeos que tienen derecho a trabajar en Gran Bretaña.

Por último, el gobierno de Cameron recibió con indignación la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que colocó un tope a los bonos que pueden recibir los banqueros, rechazando la posición de Gran Bretaña de que la medida era ilegal.

Londres sostenía que los niveles salariales -aunque se trate de banqueros desacreditados- forman parte de la política social y, por tanto, están bajo la autoridad de los Estados miembros y no de la UE.

Entretanto, el mismo tribunal ha dictado otra sentencia, que exime a los Estados miembros de la UE de permitir la residencia a ciudadanos de otros países europeos que no tienen empleo o actividades económicas. En consecuencia, el parlamento alemán ya está preparando una ley para expulsar a los inmigrantes europeos que no encuentren un puesto de trabajo en el plazo de seis meses.

Por supuesto, esto abrirá las puertas a todos los demás países de la UE para reducir la libre circulación de europeos en los 28 países del bloque, que era la piedra angular de la visión original de la Europa solidaria.

Ahora los europeos estarán forzados a aceptar cualquier trabajo, y por lo tanto la ley del mercado se convertirá en el principal criterio para sus movimientos en el continente.

Desde la firma del Acta Única Europea en 1986, los gobiernos nunca han logrado ponerse de acuerdo sobre una base social mínima, que habría otorgado a los ciudadanos derechos laborales para actuar colectivamente como europeos frente a un mercado que está unificado económicamente, pero carece de legislación social común.

De hecho, ahora se ha llegado al punto donde los criterios sociales son los últimos en ser invocados para juzgar si un país se está recuperando o no, muy por detrás de los criterios económicos y financieros.

Una Grecia devastada vuelve a ser considerada por los mercados financieros porque sus indicadores económicos están en ascenso.

Y España es frecuentemente citada como ejemplo de que la aplicación de las políticas de austeridad, indicadas por la canciller alemana, Angela Merkel, son un ejemplo para los países rezagados como Italia y Francia.

Pero una fuente muy diversa, la organización humanitaria católica Cáritas, informa que solo 34,3 por ciento de los españoles tienen una vida normal, mientras que 40,6 por ciento se han quedado atrapados en la precariedad, 24,2 por ciento se encuentran en una exclusión parcial y 10,9 por ciento padecen una severa exclusión.

Para comprender esta tendencia, hace seis años 50,2 por ciento de los españoles llevaba una vida normal. Ahora, un ciudadano de cada cuatro sufre de exclusión y de esos 11 millones de excluidos, 77,1 por ciento están desempleados, 61,7 por ciento no tienen casa y 46 por ciento no cuentan con atención médica.

Según un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre los menores en la recesión, 76,5 millones de niños y niñas en los países ricos viven en condiciones de pobreza. En España, 36,3 por ciento de ellos viven en estado de precariedad.

La novedad es que ahora, algunas de las mayores instituciones financieras han comenzado a llamar la atención sobre las cuestiones sociales.

La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet L.Yellen, confesó su preocupación por el aumento de la desigualdad de la riqueza patrimonial y de los ingresos en su país, y su temor porque las posibilidades que tienen las personas para progresar económicamente parecen estar disminuyendo.

Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cita con frecuencia temas como “desempleo insoportable” y “exclusión creciente”.

En el trasfondo está el hecho comprobado de que la mayoría de los países que tomaron medidas de excepción para reducir la deuda pública, han tenido un crecimiento débil, como los países europeos.

Al mismo tiempo, a los países que introdujeron una política de estímulo, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, les ha ido mucho mejor, incluyendo la reducción del desempleo.

No obstante, Merkel continúa ignorando las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras instituciones internacionales, ya que solo le interesa agradar a su electorado, que se identifica cada vez más con sus intereses inmediatos, perdiendo de vista las perspectivas europeas.

Y como era previsible, los bancos continúan renuentes a considerar los problemas sociales. Recientemente, los reguladores europeos y estadounidenses impusieron nuevas multas por 4.500 millones de dólares a una serie de grandes bancos por actividades ilegales, acercándonos a la marca de 200.000 millones de dólares desde que comenzó la crisis financiera en 2008.

Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JP Morgan, el mayor banco del mundo, declaró en una entrevista que es importante que Estados Unidos cree un “puerto seguro” donde la práctica ilegal de la contratación de familiares de líderes políticos por su banco, “no sea castigada”.

De acuerdo con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, entre 2009 y 2010 en Estados Unidos 93 por ciento del crecimiento económico terminó en los bolsillos del uno por ciento más rico de la población. Además, las 16.000 familias con una riqueza de al menos 111 millones de dólares han visto duplicar su parte, subiendo desde 2012 hasta representar 11,2 por ciento de la riqueza nacional.

Las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos costaron 3.400 millones dólares y la mayor parte procedía de esa pequeña minoría. La democracia, donde todos los votos son iguales, es cada vez más una plutocracia donde el dinero decide.

En una reunión con líderes de los movimientos sociales, el 26 de octubre, el papa Francisco les dijo: “Me llaman comunista por hablar de la tierra, el trabajo y la vivienda … pero el amor por los pobres está en el centro del Evangelio”.

Por cierto, los gobiernos están haciendo lo contrario…

Editado por Pablo Piacentini