La captura de un presunto capo del tráfico de drogas en Honduras abre una batalla legal inédita al ser requerido por Estados Unidos, abriendo el primer caso de extradición en este país, que incluyó hace solo dos años esta figura en su jurisdicción. Carlos Arnoldo Lobo, presuntamente uno de los mayores transportistas de droga en […]

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Miembros de un cuerpo especial de la policía cuando ejecutaban uno de los allanamientos a las viviendas del presunto capo del narcotráfico Carlos Arnoldo Lobo, en la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Crédito: Cortesía del Ministerio Público.

Por Thelma Mejía
TEGUCIGALPA, Apr 4 2014 (IPS)

Carlos Arnoldo Lobo, presuntamente uno de los mayores transportistas de droga en la región, fue detenido el 27 de marzo en una panadería de una de las zonas más exclusivas de la norteña ciudad de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de la capital.

El proceso sobre su extradición comienza el 10 de este mes, podría concluir ese día o en los tres siguientes y va a poner a prueba un instrumento con el que se pretende frenar la impunidad en Honduras, uno de los países latinoamericanos con mayor criminalidad.

El gobierno de Juan Orlando Hernández achaca la violencia a que por este país pasa 80 por ciento de la droga que va al mayor consumidor del mundo: Estados Unidos.

Conocido como “El Negro” Lobo, el detenido es oriundo de Esparta, en el noroccidental y costero departamento de Atlántida, y fue capturado en un operativo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, un cuerpo de elite de investigación, captura, inteligencia y contrainteligencia.

Se lo acusa de ser uno de los mayores transportistas marítimos de drogas desde Honduras, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, aunque ocasionalmente hacía vuelos aéreos, confiaron a IPS agentes que pidieron el anonimato por seguridad.

Hace dos años, la fiscalía contra el crimen organizado le incautó unas 46 propiedades entre casas, yates y terrenos, así como cuentas bancarias, en un operativo realizado en tres regiones del litoral atlántico: Islas de la Bahía, La Ceiba y San Pedro Sula. Las propiedades estaban a nombre de supuestos testaferros, se alegó.“Todo indica que el gobierno quiere dar golpes contundentes y pone el tema de la extradición como una muestra de voluntad política firme”:
Miguel Cálix.

Al detenerlo, se le decomisaron otras cuatro casas en dos lujosas urbanizaciones y tres vehículos.

Las autoridades aseguran que el presunto capo se inició gracias a sus conocimientos como marino y se lo vincula con el cartel colombiano de Los Mellos de Kasandra, con el que coordinaba el envío de cargamentos al sur de Estados Unidos.

En enero de 2012, el Congreso legislativo reformó el artículo 102 de la Constitución para habilitar la extradición de hondureños a otros países por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.

En abril de ese año, Estados Unidos solicitó la extradición de Lobo, por el presunto delito de conspiración en el transporte y distribución de drogas.

Dos años después, un juez especial nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su captura.

“Cuando ‘El Negro’ Lobo supo que habían pedido su extradición, bajó su perfil, salía y entraba al país, fue difícil dar con él porque no usaba mucho el teléfono para comunicarse, los contactos los hacía por medio de sus parientes más cercanos y a veces usaba el correo electrónico”, dijo uno de los agentes antidrogas consultados.

Lobo está recluido en una celda de máxima seguridad del principal centro penitenciario, a unos 30 kilómetros de Tegucigalpa.

El día 10, el juez decidirá si procede su extradición. En caso positivo, los defensores de Lobo podrán apelar y, si lo hacen, el magistrado determinará en tres días si el recurso es válido. Si lo rechaza, ese mismo día puede ordenar el traslado del reo a Estados Unidos, y si se acepta la apelación, el proceso durará unos días más, resumieron a IPS abogados consultados.

Con el presunto capo se estrena un instrumento que encontró varias trabas en la CSJ, cuyos magistrados alegaron que carecían de garantías de seguridad para actuar, como vehículos blindados y protección personal, demandas que en parte se acogieron.

Luego los jueces invocaron la falta de un reglamento para aplicar la extradición y, tras un debate legal con el parlamento, terminaron aprobando en mayo de 2013 un instructivo con un procedimiento especial para que un ciudadano hondureño pueda ser entregado a otro país para ser juzgado y eventualmente cumplir condena.

El analista político Miguel Cálix dijo a IPS que el caso abre “un debate del cual la gente no quiere hablar”. “Toca determinar que la extradición se ejecute en el marco del respeto a los principios jurídicos y de derechos humanos que los tratados internacionales establecen”, subrayó.

“Todo indica que el gobierno quiere dar golpes contundentes y pone la extradición como una muestra de voluntad política firme, que hasta ahora nadie había querido empujar. Viene una batalla legal interesante, aunque los procedimientos deben ser expeditos”, acotó.

El ex fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, subrayó a IPS que “este caso no se debe calentar, se debe proceder en base a la legalidad pero sin mostrar temor a la criminalidad organizada, y se debe ir más allá, investigar la ruta del dinero y sus conexiones bancarias”.

En abril de 2013 Estados Unidos incluyó a un primer hondureño en su lista de personajes ligados al narcotráfico, el empresario José Miguel Handal, conocido como “Chepe” Handal.

Dos meses después, ese país indicó que los hermanos Javier y Leonel Rivera encabezaban el cartel Los Cachiros, y vinculó a cinco de sus empresas con el narcotráfico.

No existe en Honduras ningún proceso contra Handal y los Rivera, asentados en los departamentos de Cortés y Colón, también en el norte atlántico.

No se sabe si Estados Unidos los incluyó o no en una lista de nueve extraditables pedidos a Honduras, que encabeza Lobo.

Un fiscal antidrogas confió a IPS bajo anonimato que la batalla no solo será legal “sino también política, porque si extraditan a ‘El Negro’ Lobo, lo narcos con fuertes vínculos políticos saben que irán contra ellos”.

A su juicio, el presidente Hernández “está decidido a entrarle a la extradición, presionará a la justicia por ello, y obviamente habrá una reacción, no sabemos cuál, pero sí sabemos de reuniones en los últimos días de carteles locales buscando una cohesión nacional”.

La extradición también causa polémica porque hace más de 20 años se expatrió, violando la Constitución, al hondureño Juan Ramón Matta, por cargos de narcotráfico. Desde entonces está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

Paulatinamente, Honduras pasó de ser puente de la droga a país que también produce y procesa. En las regiones occidentales y del norte atlántico se asegura que operan pequeños carteles locales con conexiones con mafias mexicanas y colombianas.

En esos lugares IPS constató que la ausencia del Estado, las limitaciones de la policía, la corrupción y la impunidad son caldo de cultivo para el crimen organizado.

En varias zonas es común ver en las carreteras, a plena luz del día, vehículos blindados no oficiales, con hombres fuertemente armados y luciendo chalecos antibalas.