Un grupo de organizaciones internacionales, dirigido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y con el respaldo de la ONU, persigue a un tipo nuevo y creciente de delincuentes acusados de graves delitos ambientales, que en su mayoría escaparon al largo brazo de la ley. La operación de alcance mundial es la primera de […]

Un carpintero acomoda una carga de caoba, madera valiosa incautada por las autoridades de Cuba en el ecosistema pantanoso de la Ciénaga de Zapata. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Dec 1 2014 (IPS)

La operación de alcance mundial es la primera de su tipo en perseguir a fugitivos buscados por una amplia gama de delitos, entre ellos la tala, la caza furtiva y el tráfico de animales declarados en peligro de extinción.

La caza furtiva, sobre todo en el centro de África, provocó la desaparición de al menos 60 por ciento de los elefantes en la región durante la última década.

El 17 de noviembre, Interpol, la mayor organización policial del mundo, divulgó las fotografías de nueve fugitivos acusados de estos crímenes, incluido Feisal Mohamed Ali, acusado de liderar una red de contrabando de marfil en Kenia, según el diario Daily News, de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

La alianza internacional solicitó la ayuda del público para obtener información que podría conducir a encontrar a los nueve sospechosos cuyos casos fueron elegidos para la fase inicial de las investigaciones.

Esto “envía un fuerte mensaje de que los delitos ambientales no tienen que ver simplemente con un animal al que le disparan ilegalmente por acá o un árbol talado ilegalmente por allá… tiene que ver con la delincuencia organizada y puede tener efectos devastadores”, afirmó Rob Parry-Jones, director de política internacional del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en diálogo con IPS.

La reacción de Interpol es algo que el WWF quería desde hace tiempo. “Y también es algo que los organismos reguladores querían”, añadió.

La situación actual es un avance frente a años atrás cuando WWF y Traffic, una organización que vigila el tráfico de animales silvestres, comenzaron su campaña para elevar el perfil político de este tipo de delitos, dijo Parry-Jones.

Con el nombre clave de INFRA-Terra, la operación internacional tiene el apoyo del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, que es un esfuerzo de colaboración de la secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas.

“Esta primera operación representa un gran paso contra las redes delictivas que actúan contra la vida silvestre”, declaró en un comunicado de prensa Ben Janse van Rensburg, de la Cites.

Cada vez más, los países tratan los delitos contra la vida silvestre como un delito grave, y “vamos a hacer todo lo posible para localizar y detener a estos criminales para asegurar que comparezcan ante la justicia”, destacó.

Nathalie Frey, de Greenpeace Internacional, dijo a IPS que su organización apoya firmemente la iniciativa de Interpol para reforzar la aplicación de la ley contra los delitos ambientales.

Al dar a los delincuentes ambientales un nombre y un rostro “se muestra que las agencias de aplicación de la ley finalmente están comenzando a tomar delitos como la tala ilegal y la pesca tan en serio como el asesinato o el robo”, agregó.

Abordar con eficacia los delitos ambientales a través de las fronteras internacionales exige marcos legales que puedan coordinar entre sí, señaló Parry-Jones, del WWF.

Si los marcos legales de los países reconocen estos delitos como graves, con una pena de prisión superior a cuatro años, entonces pasa a regir la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que permite la cooperación policial internacional y la asistencia judicial recíproca, explicó.

La naturaleza de los delitos ilustra los vínculos con otras formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico de personas y el contrabando de armas, y refuerza el argumento sostenido por WWF y Traffic, que el delito ambiental es un tema transversal y algo grave, agregó.

Frey, de Greenpeace, dijo a IPS que el delito ambiental es “un gran negocio”, con ganancias que se calculan entre 70.000 y 213.000 millones de dólares por año, casi a la par con otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas y de armas. En ese cálculo se incluye la tala, la caza furtiva y el tráfico de una gran variedad de animales, la pesca y la minería ilegal y el vertido de residuos tóxicos.

Detrás de los responsables inmediatos hay grandes redes de actividades delictivas, y la corrupción suele permear toda la cadena de suministro de productos valiosos como la madera o el pescado, afirmó.

La tala ilegal, por ejemplo, es moneda corriente en muchos países productores de madera, y es una de las principales culpables de la desaparición de grandes extensiones de bosques que albergan a especies en peligro de extinción.

“Los mercados de consumo siguen repletos de madera ilegal a pesar de las disposiciones que prohíben el comercio”, dijo Frey.

Según Interpol, la tala ilegal representa entre 50 y 90 por ciento de los bosques en los principales países productores tropicales, añadió.

“Aunque recibimos con gran satisfacción la iniciativa de Interpol para encontrar a los delincuentes y acabar con la corrupción, es muy importante que la Cites tome más medidas para alentar a las partes a reforzar la aplicación de la ley y los controles”, observó Frey.

Destacó el ejemplo de la afrormosia, una valiosa madera dura tropical que se encuentra en República Democrática del Congo (RDC). Esta especie está amenazada y se considera que requiere una regulación comercial especial de la Cites, pero muchas veces se hace la vista gorda en los casos de su comercio ilegal.

Los madereros industriales tienen un pase libre para cosechar la afrormosia en el país, aunque se calcula que la tala ilegal asciende a 90 por ciento, explicó.

La Cites debe verificar la legalidad del comercio, pero cientos de permisos otorgados por la Convención no tenían explicación, según Frey. Además, la trazabilidad no existe en RDC, sostuvo.

Al permitir que continúe el comercio de especies que fueron capturadas o cosechadas de forma ilegal, la Cites no protege a las especies en peligro de extinción, y su falta de controles y sus debilidades solo sirven para fomentar los delitos ambientales, advirtió.

De acuerdo con el diario Daily News, de la ONU, los delitos contra la vida silvestre son una seria amenaza para la seguridad, la estabilidad política, la economía, los recursos naturales y el patrimonio cultural de muchos países.

La respuesta necesaria para abordar con eficacia esa amenaza suele trascender la competencia de las agencias ambientales o dedicadas a proteger la vida silvestre, o incluso de un solo país o región, aseguró Frey.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga