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La tala ilegal hace estragos en comunidades pobres del Pacífico sur

La tala desenfrenada en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, donde la mayor parte del territorio está cubierto por una espesa selva tropical, agrava las penurias, la inseguridad y los conflictos en las zonas rurales. Paul Pavol, propietario de un terreno en el distrito de Pomio, en provincia la insular de Nueva Bretaña del Este, […]

Pequeños propietarios de tierras en Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea sufren el impacto ambiental y social de la tala ilegal. Crédito: Catherine Wilson/IPS.

Pequeños propietarios de tierras en Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea sufren el impacto ambiental y social de la tala ilegal. Crédito: Catherine Wilson/IPS.

Por Catherine Wilson
SYDNEY, Australia, Dec 2 2014 (IPS)

La tala desenfrenada en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, donde la mayor parte del territorio está cubierto por una espesa selva tropical, agrava las penurias, la inseguridad y los conflictos en las zonas rurales.

Paul Pavol, propietario de un terreno en el distrito de Pomio, en provincia la insular de Nueva Bretaña del Este, al noreste de la isla principal de Papúa Nueva Guinea, dijo a IPS que la tala causó “un daño ambiental permanente en el suelo y en la selva, de la que dependen nuestras comunidades para obtener agua, materiales de construcción, medicinas y alimentos”.»Dentro de 10 años casi toda la selva accesible estará talada y la raíz del problema es la sistemática corrupción endémica”.

Hace cuatro años, la compañía maderera multinacional de Malasia obtuvo dos contratos de arrendamiento agrícola especial en el distrito, pero los propietarios locales sostienen que ellos nunca dieron su consentimiento y, tras varias acciones legales, la Corte Nacional ordenó en noviembre al promotor cesar toda actividad en la zona.

Según Global Witness, la compañía taló 7.000 hectáreas de selva y exportó troncos por más de 50 millones de dólares.

“Nunca dimos nuestro consentimiento previo, libre e informado a los contratos sobre nuestras tierras y, por cierto, no accedimos a ceder nuestro territorio por 99 años a una compañía maderera”, indicó Pavol.

En 2012, un tercio de las exportaciones de madera de Papúa Nueva Guinea procedió de tierras sujetas a ese tipo de contrato de arrendamiento, según el Instituto de Asuntos Nacionales, pese a que el propósito declarado de esos contratos era facilitar proyectos agrícolas en beneficio de la población local.

Pavol también denunció violaciones de derechos humanos mediante “escuadrones antidisturbios de la policía para proteger a la compañía e intimidar y aterrorizar a nuestras comunidades”, apuntó.

Una misión de investigación realizada el año pasado por la organización Eco-Forestry Forum, junto con dependencias del gobierno y de la policía, concluyó que oficiales contratados por la compañía para frenar la oposición local llevaron a cabo redadas violentas y graves ataques contra los lugareños.

Papúa Nueva Guinea tiene la tercera mayor selva del mundo, que cubre unas 29 millones de hectáreas, pero también es el tercer exportador de madera tropical.

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que se perderá 83 por ciento de la selva comercialmente viable para 2021 debido a la tala comercial, la minería y el desmonte para dar paso a las plantaciones de palma aceitera.

Papúa Nueva Guinea se comprometió en la Cumbre de Bosques de Asia Pacífico, realizada en Sydney, a diseñar planes que pongan fin a la deforestación en una década, pero la población indígena no quedó convencida.

“Dentro de 10 años casi toda la selva accesible estará talada y la raíz del problema es la sistemática corrupción endémica”, se lamentó el portavoz de la organización Act Now.

“No tenemos penas duras para quienes violan la ley y las normas que hay no se cumplen”, añadió Pavol, una opinión que comparte la organización Chatham House (Instituto Real de Asuntos Internacionales), con sede en Londres.

La devastación ambiental y la violencia relacionada con la tala aumentan las dificultades en Pomio, uno de los distritos menos desarrollados de Nueva Bretaña del Este, donde no hay servicios de salud, caminos decentes ni agua ni saneamiento.

La esperanza de vida es de entre 45 y 50 años y la mortalidad infantil asciende a 61 fallecimientos cada 1.000 nacidos vivos, significativamente mayor que el promedio nacional de 47.

En la vecina Islas Salomón, donde 2,2 millones de hectáreas de bosques cubren más de 80 por ciento de su territorio, la extracción de madera fue casi cuatro veces mayor a la tasa sostenible de 250.000 metros cúbicos al año.

La madera representó 60 por ciento de los ingresos por exportaciones, pero es poco probable que continúe dado el pronóstico del Proyecto de Gestión de Bosques de Islas Salomón: que la selva accesible se agotará el año próximo.

La gran demanda de materia prima de las crecientes economías asiáticas es el gran motor de la tala legal e ilegal en ambos países. El sector está dominado por compañías malasias, y China es su principal destino.

Las prácticas inescrupulosas, como conseguir permisos para extraer madera mediante sobornos e incumplir las áreas de tala acordadas, están generalizadas. Más de 80 por ciento del comercio de madera de estos dos países es producto de la extracción ilícita, y la exportación ilegal ascendió a 800 millones de dólares en 2010, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Desde 2003, las compañías internacionales más involucradas con la extracción de madera tuvieron acceso a 5,5 millones de hectáreas de bosques en Papúa Nueva Guinea, además de las 8,5 millones ya destinadas a esta actividad mediante adquisiciones de contratos de tala fraudulentos, según la Comisión de Investigación y un estudio del Instituto Oakland, con sede en California, Estados Unidos.

La UNODC remarca la connivencia entre las redes trasnacionales de crimen organizado, las compañías madereras, funcionarios públicos y dirigentes políticos.

Funcionarios de las dependencias de bosques en los países en desarrollo carecen de recursos humanos y técnicos para supervisar de forma adecuada las operaciones de extracción de madera y están mal equipadas para lidiar con las redes criminales.

El lavado de dinero que está asociado a la actividad también es un problema, la policía federal australiana estimó que se lavan 170 millones de dólares al año procedentes de actividades delictivas en Papúa Nueva Guinea a través de bancos e inversiones inmobiliarias en Australia.

Australia aprobó la Ley de Prohibición de Tala Ilegal, pero no existe algo similar en el principal mercado: China.

La organización Transparencia Islas Salomón dijo que hay que fortalecer la capacidad del gobierno para rendir cuentas y educar a las comunidades locales sobre sus derechos, la legislación y medidas que se pueden tomar a escala local.

La desigualdad y el poco desarrollo humano entre las poblaciones rurales pobres se arraiga por la incapacidad de ambos países de canalizar fondos para construir infraestructura, servicios básicos y oportunidades económicas más equitativas.

En Papúa Nueva Guinea, uno de los países más desiguales con un índice Gini de 50,9 por ciento, la pobreza aumentó de 37,5 por ciento, en 1996, a 39.9 en 2009, según el Banco Mundial.

En Islas Salomón, la extracción de madera es una de las principales fuentes de ingresos desde hace 20 años, con un producto interno bruto que llegó a 10 por ciento en 2011.

Pero el Foro de Islas del Pacífico señaló que el “crecimiento que depende de los recursos no llega a los más desfavorecidos”, pues el país se ubica en el lugar 157, entre 187 países listados, por su desarrollo humano.

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme

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Fuente : http://www.ipsnoticias.net/2014/12/la-tala-ilegal-…

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