Venezuela se apresta a sancionar una nueva ley contra la discriminación a personas con VIH/sida, mientras cada año la epidemia deja casi 4.000 muertes y más de 11.000 nuevos infectados en el país, en su mayoría jóvenes y, cada vez más, mujeres. La unicameral Asamblea Nacional legislativa aprobó en una primera lectura el proyecto que […]

Parte de una de las campañas para prevenir el sida en Venezuela. Crédito: Venezolana de Televisión

Por Humberto Márquez
CARACAS, Jul 29 2014 (IPS)

La unicameral Asamblea Nacional legislativa aprobó en una primera lectura el proyecto que presentó la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. Lo hizo por unanimidad de la mayoría gobernante y la minoría opositora, algo inusual en este país extremadamente polarizado.

La “Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o sida y sus familiares”, aseguró Ramírez al presentar el texto el 8 de este mes, “le da oportunidad al parlamento de promover la igualdad y reducir la vulnerabilidad de un sector de la población que ha padecido discriminación”.“Lo más importante es que 30 años después de la llegada de la epidemia, el Estado reconoce que hay un grave problema de discriminación”: activista Alberto Nieves.

“El estigma y la discriminación relacionados con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) son la principal barrera en la lucha contra esta epidemia, en todo el mundo”, recordó a IPS la oficial para Venezuela del Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), Alejandra Corao.

Por ello, “lo más importante es que 30 años después de la llegada de la epidemia, el Estado reconoce que hay un grave problema de discriminación”, dijo Alberto Nieves, director de la no gubernamental Acción Ciudadana Contra el Sida, en diálogo con IPS.

Entre 1982 y 2013, recordó la defensora Ramírez, hubo hasta 31.512 casos oficialmente registrados de portadores del virus. Nieves considera que el número actual de infectados está en el rango más alto de los estimados de Onusida, unas 160.000 personas.

El proyecto de ley garantiza a pacientes con VIH, en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos, los derechos al trabajo y a la función pública, a la educación, la salud, cultura y deportes, a gozar de beneficios de programas sociales, créditos bancarios, así como confidencialidad sobre su situación de salud y respeto a su vida privada.

También se establece que padecer sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) no será causal para suspender derechos de patria potestad sobre los hijos e incorpora, como exhortación, la responsabilidad de los familiares para cuidar, acompañar y proteger al enfermo.

Al garantizar la igualdad, la ley enfatiza ese derecho para los jóvenes, porque 40 por ciento de las nuevas personas portadoras tienen entre 15 y 24 años. También lo hace en el caso de las mujeres, para quienes ordena atención especial en los períodos de embarazo, parto y posparto, al igual que las personas con discapacidad y los privados de libertad.

Se establecen sanciones penales, disciplinarias y pecuniarias a los responsables de discriminación en todos campos señalados.

Eso evitará que se repitan situaciones como la de una maestra de una ciudad del occidente venezolano, de la que no se dan más detalles a su pedido, que terminó despedida tras la campaña en su contra de los padres de los alumnos de su escuela, cuando descubrieron que había acudido a la unidad del sida de un hospital a realizarse unos exámenes.

Sin embargo, de las disposiciones protectoras contra la discriminación quedan exceptuadas todas las fuerzas militares y policiales del país.

“Con esa excepción no estamos de acuerdo. Nadie debería ser excluido y esperamos progresos en ese punto cuando estudie el proyecto la Comisión de Desarrollo Social del parlamento y lo lleve a la plenaria para la segunda discusión”, artículo por artículo, dijo a IPS el activista Estevan Colina, de la Red Venezolana de Gente Positiva.

Nieves confía en que la segunda discusión enmiende la excepción militar-policial “pero más importante es lo positivo de la ley, comenzando por la aceptación de un tema de derechos humanos en forma unánime por formaciones políticas tan contrapuestas en el marco de la polarización que vive Venezuela”.

La ley, cuya sanción las organizaciones y activistas esperan que se produzca este año, daría un espaldarazo a las campañas contra el flagelo, de similares dimensiones a la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que en julio de 1998 ordenó a los órganos estatales de salud el suministro gratuito de los tratamientos de antirretrovirales a los pacientes de sida.

En Venezuela, con 30 millones de personas, actualmente lo reciben 43.000 personas, equivalente a 73 por ciento de cobertura o de personas que requieren el tratamiento, dijo Corao. El promedio mundial es de 37 por ciento y el latinoamericano de 45 por ciento, según Onusida.

El gasto público venezolano frente al VIH/sida se cifra en unos 100 millones de dólares anuales, y aproximadamente la mitad de esa suma en medicamentos, un esfuerzo que según diversas organizaciones no gubernamentales se resiente por problemas organizativos de la burocracia.

“En ocasiones no hay personal capacitado en todas las regiones para manejar el programa sobre VIH/sida, falla la coordinación o los transportes entre la capital y las regiones, o la industria farmacéutica se abstiene de acudir a licitaciones”, ejemplificó Nieves.

El desabastecimiento de los antirretrovirales genera cíclicas protestas de los pacientes afectados, en un país donde “la escasez de medicamentos puede cifrarse entre 35 y 50 por ciento”, detalló a IPS el infectólogo Julio Castro, de la no gubernamental Médicos por la Salud.

Las campañas de prevención y educación también requieren renovados refuerzos, a juzgar por el alza de nuevos infectados: 4.553 casos en 2004 y 11.181 en 2012, según el Ministerio de Salud. En mujeres hubo 1.408 nuevos casos en 2004 y 2.236 en 2012.

“Hay una feminización de la epidemia, situación no exclusiva de Venezuela, pues en 2003 era mujer uno de cada cinco infectados y en 2007 ya uno de cada tres”, señaló el representante de Onusida.

“Las mujeres que de manera creciente resultan afectadas no son solo trabajadoras sexuales sino amas de casa, empleadas, profesionales o estudiantes. Y uno de los principales problemas asociados es el de la violencia doméstica”, agregó Corao.

Otro campo de avance de la enfermedad ha sido el de adolescentes y jóvenes, el grupo etario de 15 a 24 años, “pues en toda América Latina hay una percepción de disminución del riesgo y los muchachos que no vivieron el boom de la epidemia en los años 80 se comportan como si se tratase de un problema del pasado, ya superado”, comentó la experta.

En 2013 perecieron en todo el mundo 1,5 millones de personas por causas relacionadas con el sida, 35 por ciento menos que los 2,4 millones de 2005. Pero Onusida señaló en un reporte publicado este mes que de los 35 millones de personas con VIH, unos 19 millones ignoran que viven con el virus.