El principal promotor estadounidense de una propuesta para crear un organismo multilateral encargado de investigar denuncias de corrupción política cree que la idea es recibida con interés por la sociedad civil, los políticos e importantes líderes empresariales. Se trata de Mark Lawrence Wolf, un juez federal de Estados Unidos que en julio propuso la idea […]

Por Carey L. Biron
WASHINGTON, Nov 21 2014 (IPS)

El principal promotor estadounidense de una propuesta para crear un organismo multilateral encargado de investigar denuncias de corrupción política cree que la idea es recibida con interés por la sociedad civil, los políticos e importantes líderes empresariales.

Se trata de Mark Lawrence Wolf, un juez federal de Estados Unidos que en julio propuso la idea de una Corte Internacional Anticorrupción (IACC, en inglés) en dos artículos, uno para The Washington Post y el otro para la Brookings Institution.

Desde entonces, dijo Wolf en una conferencia en el Congreso legislativo de su país, la propuesta ha experimentado “un avance destacable”.

“Por supuesto, hay desafíos en cuanto a refinar el concepto de una IACC”, dijo Wolf la semana pasada a un comité de la Cámara de Representantes. “Sin embargo, desde julio de 2014 se ha desarrollado un apoyo significativo para cumplir estos desafíos”, agregó.

“La corrupción política mata a más personas que las guerras y las hambrunas combinadas: 140.000 niños y niñas al año, según nuestras estimaciones”. Akaash Maharaj, de Gopac
Wolf dijo estar manteniendo reuniones con funcionarios de Estados Unidos y del Banco Mundial, y que el nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha convertido la propuesta de una IACC en una “prioridad personal”. Hussein fue clave en la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), potencial modelo para el nuevo tribunal.

Esta semana, Wolf dialogó con representantes de grandes empresas mundiales.

“Las compañías estadounidenses generalmente quieren comportarse de modo ético, y además están muy disuadidas por la amenaza de juicios. Saben que se beneficiarán del campo de juego más equilibrado que brindará una IACC”, planteó.

El blanco es la “gran corrupción”, o sea el abuso del poder político para obtener ganancias personales. Este asunto es visto cada vez menos desde la perspectiva del robo y más desde la de los derechos humanos básicos.

“La conferencia de hoy busca fomentar la noción de que los esfuerzos por los derechos humanos y contra la corrupción son inseparables”, dijo James McGovern, congresista por el Partido Demócrata que presidió los debates del comité, en sus declaraciones de apertura.

“Actualmente falta una referencia a los derechos humanos en los compromisos internacionales anticorrupción y, a la inversa, falta una referencia a la corrupción en los instrumentos internacionales de derechos humanos”, agregó.

140.000 niños y niñas al año

La gran corrupción se devora actualmente más de cinco por ciento del producto interno bruto mundial. Según estimaciones citadas por Wolf, los flujos financieros ilícitos que salen de países en desarrollo son 10 veces más grandes que la ayuda que esos países reciben del exterior, y esto tiene consecuencias humanas directas.

“En el mundo industrializado podemos cometer el error de ver la corrupción como un mero robo de dinero, pero de hecho la corrupción política mata a más personas que las guerras y las hambrunas combinadas: 140.000 niños y niñas al año, según nuestras estimaciones”, dijo a IPS el director ejecutivo de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (Gopac), Akaash Maharaj.

“Si un actor político matara a todas esas personas, habría muy pocos que no dirían que tenemos que abordar este problema. Pero quienes causan sufrimiento humano a través de la corrupción política no son menos culpables”, enfatizó.

Gopac, integrada por legisladores de casi todos los países, se moviliza desde hace tres años en torno a la necesidad de una acción internacional concertada contra la corrupción. Maharaj dijo que los miembros de su organización han perdido la fe en la capacidad de muchos estados de afrontar la corrupción política en el ámbito nacional.

Aunque hay mecanismos internacionales que prevén sanciones por abusos atroces a los derechos humanos, en gran medida la corrupción continúa cayendo en una zona nebulosa de responsabilidad nacional.

Los acuerdos multilaterales existentes, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que entró en vigor en 2003, carecen de mecanismos de implementación efectivos.

Si bien en casi todos los países existe legislación contra la corrupción, activistas sostienen que muchos de los funcionarios más corruptos a menudo logran usar su riqueza y su poder para subvertir estas leyes. Esas figuras en general son las que tienen menos probabilidades de ser llevadas ante la justicia en sus países, y por lo tanto suelen quedar impunes.

“Hay ciertos delitos tan inaceptables y que van tanto más allá de la capacidad del Estado de juzgarlos que se vuelve adecuado que la comunidad internacional y el derecho internacional se involucren. Sin duda, el daño que causa la gran corrupción en muchos países en desarrollo es enorme”, dijo Zorka Milin, asesora legal de la organización Global Witness, en diálogo con IPS.

“Un tribunal internacional sería un buen mecanismo para intentar traducir ese impulso en una responsabilidad significativa, que hasta ahora no hemos visto realmente. Es importante enmarcar el debate en términos de poner fin a la impunidad, y esta corte será un elemento de eso, junto con otras herramientas legales anticorrupción en el plano interno”, añadió.

Según la propuesta de Wolf, una IACC se encargará de investigar y juzgar a funcionarios de países que no puedan o no estén dispuestos a asumir tales acciones por su cuenta. Él sugirió que aceptar la jurisdicción del propuesto tribunal sea una precondición para ser parte de la Convención Contra la Corrupción o en la Organización Mundial del Comercio, así como para obtener préstamos de bancos multilaterales.

Una acción inevitable, pero poco clara

El debate mundial actual es cada vez más favorable a alguna clase de acción global concertada contra la corrupción política. En parte, esta tendencia está pautada por una mayor preocupación en torno a los efectos que la evasión fiscal tiene sobre las arcas públicas, tanto en países industrializados como en desarrollo.

“Incuestionablemente, ahora hay más impulso y conciencia sobre la gran corrupción, y ese es el principal motivo por el que estos temas se están planteando en la agenda internacional”, dijo Milin.

Maharaj, por su parte, dijo estar “anonadado por el extraordinario grado de consenso que hay en todo el mundo”.

“Esto es absolutamente inevitable. El asunto no es ‘si’, sino ‘cuándo’”, agregó.

Sin embargo, es muy controvertido el “qué” debería hacerse exactamente sobre este tema. A fin de cuentas, una corte internacional es apenas una de muchas opciones potenciales.

Otra es ampliar el alcance de la CPI o de otros tribunales regionales de derechos humanos. Asimismo, la jurisdicción de los sistemas judiciales nacionales podría extenderse para tratar denuncias de corrupción en otros países.

Y otra puede ser coordinar legislaciones nacionales en países industrializados para confiscar los bienes o negar visas a funcionarios corruptos. Aunque esto no derivara en penas de prisión, volvería más difícil gastar dinero mal habido, al tiempo de enfatizar la desaprobación internacional.

De todos modos, “en los últimos ocho años hubo una creciente acción oficial contra la cleptocracia en Estados Unidos y otros países”, dijo a IPS el director del programa de empresas y derechos humanos de Human Rights Watch, Arvind Ganesan.

Fortalecer y ampliar esos esfuerzos generará impulso para la creación de una IACC, sostuvo.

Editado por Kitty Stapp