Los inmigrantes pueden ser víctimas de una ola de violencia en Rusia, tras los miles de arrestos efectuados en el marco de una ofensiva contra la inmigración ilegal, condenada por violar los derechos humanos y por consolidar una percepción pública particularmente negativa sobre la población migrante. Como parte de la Operación Migrante 2014, que se […]

Según los críticos, el Kremlin lleva a cabo una política xenófoba y contra los inmigrantes en un intento por distraer a los rusos de los problemas sociales de fondo. Crédito: Pavol Stracansky/IPS

Por Pavol Stracansky
MOSCÚ, Nov 4 2014 (IPS)

Como parte de la Operación Migrante 2014, que se llevó a cabo entre el 23 de octubre y el 2 de este mes en Moscú, más de 7.000 personas fueron arrestadas en la capital rusa, y más de 800 ya fueron deportadas.

La escala del operativo y los métodos que emplearon las autoridades indignaron a organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Según ellas, la policía hizo uso de la violencia durante las redadas contra miles de lugares, entre ellos puestos de trabajo, mercados, pensiones, hoteles y casas de particulares. Durante ellas, algunos inmigrantes fueron apartados por la fuerza de sus familias, a las cuales no brindaron ninguna información sobre a dónde los llevaban, señalaron.

Además, parte de ellos fueron deportados sin que se cumpliera con los procedimientos adecuados, según abogados locales, mientras otros denuncian que la policía confiscó el dinero de muchos de los hasta 100.000 que se estima fueron apresados, para liberarlos después sin que la detención quedase registrada.

“Operaciones como esta (Migración 2014) solo refuerzan las imágenes negativas de los inmigrantes en Rusia, e incrementan la violencia hacia ellos. Apenas los rusos ven las redadas en los informativos, se congregan para manifestar su apoyo a las acciones del gobierno”: Tolekan Ismailova, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos
“Esta es simplemente una manera institucionalizada de intimidar a los inmigrantes y a sus familias. La operación viola las obligaciones internacionales de Rusia en cuanto a respetar la dignidad humana y prohibir la práctica de detenciones arbitrarias”, dijo Tolekan Ismailova, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Pero más allá de los abusos a los derechos humanos, las muy publicitadas redadas también están, según sus críticos, ayudando a fomentar y arraigar en la sociedad una actitud xenofóbica hacia la población migrante, lo que aumenta el riesgo de violencia contra este sector.

“Operaciones como esta solo refuerzan las imágenes negativas de los inmigrantes en Rusia, e incrementan la violencia hacia ellos. Apenas los rusos ven las redadas en los informativos, se congregan para manifestar su apoyo a las acciones del gobierno”, señaló Ismailova a IPS.

Estas alertas sobrevienen en medio del endurecimiento de las actitudes hacia lo que algunos parlamentarios rusos estiman llegan a 10 millones de migrantes en todo el país.

Desde el colapso de la Unión Soviética, en 1991, las grandes ciudades de Rusia fueron una suerte de imán para los inmigrantes, principalmente procedentes de las vecinas exrepúblicas soviéticas.

Los salarios disponibles en ciudades como San Petersburgo y Moscú frecuentemente son suficientes para que los inmigrantes mantengan a familias enteras en sus lugares de origen. En algunos países de Asia central, las remesas de dinero que los trabajadores envían a sus parientes desde Rusia representan incluso un tercio del producto interno bruto nacional.

Sin embargo, la exitosa asimilación de esos inmigrantes se ha visto limitada por varios motivos. Esas personas, especialmente las llegadas de Asia central, tienden a interactuar dentro de sus mismas comunidades, mientras que el apoyo que reciben de las autoridades rusas y de los representantes de sus propios estados suele ser escaso.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que es común que los empleadores locales exploten a los inmigrantes, negándose a redactar contratos adecuados, dejándolos sin ningún derecho y a menudo haciéndolos trabajar en malas condiciones y a cambio de salarios bajos.

Muchos trabajan de hecho y residen de modo ilegal, por lo que no acceden ni a la atención a la salud ni a los sistemas de pensiones.

Su situación también obliga a muchos a vivir en malas condiciones, y alimenta la criminalidad y la violencia en las comunidades de inmigrantes. Esto, a su vez, hace que se incrementen los arrestos y que se perpetúen las actitudes negativas hacia los inmigrantes en toda la sociedad.

“Los inmigrantes de Asia central sufren acoso porque en Rusia hay una cultura de racismo que perpetúa el estereotipo de que son ‘negros’ y hacen el trabajo ‘negro’. Muchos rusos tienen prejuicios contra los centroasiáticos”, explicó Ismailova.

Las actitudes hacia los inmigrantes se endurecieron tras la crisis financiera de 2008, y empeoraron considerablemente desde que Vladimir Putin volvió a la Presidencia en 2012.

Según los críticos, el Kremlin lleva a cabo una política xenófoba y contra los inmigrantes en un intento por distraer a los rusos de los problemas sociales de fondo.

Señalan que la Operación Migrante 2014 es apenas la más reciente de una serie de ofensivas de alto perfil, aparentemente dirigidas a reforzar la percepción pública de que los inmigrantes indocumentados plantean una amenaza.

La Operación Ilegal 2014, similar a la Operación Migrante 2014, se llevó a cabo entre el 22 de septiembre y el 10 de octubre en San Petersburgo, y derivó en que se presentaran cargos contra 437 inmigrantes. Y apenas el mes pasado se presentó en el parlamento un proyecto de legislación que, de aprobarse, aumentará las sanciones para los extranjeros que superen los períodos máximos de estadía en el país.

Los activistas por los derechos humanos también señalan que se usan otros métodos para generar desconfianza hacia los inmigrantes. Por ejemplo, las autoridades alientan a los ciudadanos a denunciar ante una línea telefónica especial a inmigrantes que sospechen trabajan de modo ilegal. Esa línea, a su vez, transfiere la información a la policía.

Según Ismailova, “esta es exactamente la misma estrategia que usaba la KGB. Crea una sensación de desconfianza entre la gente y es un obstáculo importante a la hora de garantizar los derechos humanos de los inmigrantes”.

Las redadas, los arrestos, la legislación y la retórica contra los inmigrantes que promueven funcionarios públicos son poco más que un “ejercicio de relaciones públicas” diseñado para desviar la atención de otros asuntos. En octubre, el alcalde de Moscú dijo que, de no ser por los inmigrantes indocumentados, la suya sería la ciudad más segura del mundo.

Tanya Lokshina, investigadora en la oficina moscovita de Human Rights Watch, declaró a IPS: “Con el rublo cayendo de modo alarmante, el gobierno aparentemente intenta desviar la atención de los ciudadanos de las preocupaciones en torno a los estándares de vida, volcando su descontento hacia los inmigrantes y, al mismo tiempo, demostrando su propia ‘efectividad’ al atacar a ese ‘enemigo’”.

“Parte del problema de la inmigración irregular es que los empleadores no brindan contratos adecuados a los trabajadores migrantes. Nadie quiere trabajar sin un contrato o un permiso; lo hacen porque no tienen otra opción. El gobierno debería asegurarse de que los trabajadores migrantes tengan contratos y garantías relevantes”, agregó Lokshina.

Las autoridades defienden la necesidad de enfrentar a los inmigrantes indocumentados. Sostienen que, entre otros, ellos generan una presión enorme sobre los recursos estatales, particularmente el sistema de salud. Los inmigrantes que buscan ayuda médica le cuestan, solamente a Moscú, unos 150 millones de dólares cada año.

Sin embargo, para los defensores de los derechos humanos el gobierno debería fortalecer los derechos de los inmigrantes, en vez de reprimirlos.

Según esos activistas, las autoridades deberían notificar más a los inmigrantes sobre la importancia de que tengan la residencia y otros documentos en orden antes de efectuar redadas, y debería cancelarse el actual régimen de ingreso al país por tres meses como máximo y de visa de salidas para muchos inmigrantes.

Incluso expertos en migraciones cuestionan abiertamente la política de arrestos masivos.

“Hay muchos signos de interrogación en torno a operaciones como esta. No puedo ver ningún valor cuantitativo en ellas”, dijo Vyacheslav Postavnin, presidente de la fundación Migración Siglo XXI, que coopera con el gobierno en materia de políticas migratorias, en declaraciones formuladas a fines de octubre a la agencia noticiosa rusa TASS.

“Aunque se detuviera a 1.000 personas, habría otras 1.000 más que no han violado leyes. La pregunta es: ¿por qué las arrestaron, se las llevaron a alguna (otra) parte y, en cierto grado, las humillaron? ¿Qué ocurre cuando se descubre que están trabajando de modo legal?”, planteó.

Otros alertan que la situación para los inmigrantes se está volviendo cada vez más tensa, y hay serias preocupaciones sobre el riesgo de que en el futuro cercano ese sector de la población sea víctima de violencia.

El feriado ruso por el Día de la Unidad, el 4 de este mes, a menudo se celebra con enormes manifestaciones nacionalistas y contra los inmigrantes en ciudades importantes. El año pasado estuvo precedido por violentos disturbios en Moscú, a raíz de presunciones sobre que un azerí había matado a un ruso. El mismo día, un inmigrante de origen uzbeko fue asesinado en San Petersburgo.

Ante la pregunta de si es de esperar más violencia contra los inmigrantes luego de la publicidad que tuvieron los arrestos, Lokshina dijo a IPS: “Sin duda es probable”.
Editado en inglés por Phil Harris