La reforma tributaria que impulsa la presidenta Michelle Bachelet en Chile se promueve como el pilar de su ambicioso programa social y de una filosofía fiscal que por primera vez tiene como eje la redistribución del ingreso. Pero sus omisiones opacarán su efectividad, observan expertos. En términos financieros, el proyecto busca aumentar la recaudación anual […]

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Uno de los objetivos de la reforma tributaria es financiar un cambio profundo en la educación en Chile, como la población ha exigido en grandes protestas sociales. Crédito: Claudio Esparza /IPS

Por Marianela Jarroud
SANTIAGO, Apr 24 2014 (IPS)

En términos financieros, el proyecto busca aumentar la recaudación anual en 8.200 millones de dólares, que se destinarán a sufragar el impulso a la educación pública y gratuita, la salud y otras necesidades sociales y a enjugar el déficit heredado de la anterior administración.

La cifra equivale a tres puntos del producto interno bruto (PIB) de este país de más de 17 millones de habitantes, que crece a un ritmo anual de seis por ciento. Los impuestos aportan 80 por ciento de los ingresos del Estado.

La presidenta socialista, quien regresó al poder el 11 de marzo tras gobernar el país entre 2006 y 2010, asegura que la reforma permitirá a Chile ser una “sociedad cohesionada, democrática y justa” porque ayudará a avanzar en equidad, “mejorando la distribución del ingreso” bajo la premisa de que quienes ganan más, paguen más.

Para el economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, “es la primera vez en 30 años que se le cambia la filosofía al sistema de impuestos en Chile, que hasta ahora mantenía implícito que el impuesto es un robo del Estado hacia los que más tienen”.

Durán explicó a IPS que la reforma “plantea explícitamente que el rol de los impuestos es redistributivo, y se le asigna un componente que valora esto cuando se habla de que el impuesto ayuda a mejorar la distribución del ingreso”.

La reforma precisa que 2,5 por ciento del PIB provendrá de las modificaciones a la estructura tributaria, especialmente con la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), creado en 1984 por la dictadura del extinto Augusto Pinochet (1973-1990).“Se busca superar la barrera de un Estado raquítico en su capacidad de juntar los recursos necesarios para ofrecer derechos sociales garantizados y de buena calidad”: Giorgio Jackson.

El medio punto restante lo aportarán medidas contra la evasión fiscal y la elusión, el uso de resquicios legales para reducir la contribución al fisco. Solo en el impuesto a la renta, se calcula que la evasión es de 46 por ciento.

El FUT es un mecanismo muy criticado y único en el mundo que permite a los empresarios y accionistas tributar únicamente por las utilidades que retiren de las compañías, bajo el supuesto de promover el ahorro y la reinversión en ellas.

Sin embargo, “ese mecanismo constituye una fuente importante de elusión fiscal”, explicó Durán.

El FUT facilitó que en los últimos 30 años dejaran de ingresar a las arcas del Estado casi 270.000 millones de dólares, alegó.

Su eliminación se hará efectiva a partir de 2018, cuando los empresarios y accionistas pasen a pagar impuestos cuando existan ganancias, las retiren o no.

“Se cambia la base de tributación de utilidades retiradas a utilidades devengadas”, precisó Durán.

El proyecto es fundamental dentro del plan de gobierno de Bachelet, que lo presentó el 31 de marzo. Incluye más de 30 cambios al sistema vigente. Entre los más relevantes, se destaca el aumento gradual del impuesto a las empresas, de 20 a 25 por ciento.

Pero también tiene grandes omisiones, dijo el economista.

Por ejemplo, la preservación del impuesto integrado, que en la práctica transforma el monto que pagan las empresas en un adelanto, un prepago, al tributo que deben efectuar sus propietarios.

Tampoco se altera el tratamiento impositivo a las explotaciones mineras, que seguirán pagando las regalías actuales, determinadas por las ganancias y no por las ventas.

No se modifica el impuesto al valor agregado (IVA), la principal fuente de recaudación tributaria chilena, que en 2013 aportó 48,6 por ciento de los ingresos fiscales, seguido por el impuesto a la renta, con 39,5 por ciento.

Este impuesto al consumo grava a todos por igual y trata similarmente actividades comerciales y derechos básicos, como educación y salud.

La reforma tiene detractores, principalmente de la derecha política y económica.

En la vanguardia está la opositora Unión Demócrata Independiente, de extrema derecha, cuya ofensiva incluye un panfleto con atemorizantes argumentos sobre las consecuencias del proyecto para la clase media.

El Instituto Libertad, vinculado a la derechista Renovación Nacional, lanzó la campaña “la reforma tributaria te estanca” que, entre otros puntos, critica el aumento del IVA para las bebidas alcohólicas, las gaseosas azucaradas y las viviendas nuevas,

María Teresa Arellano, una secretaria de 37 años, cree que la reforma solo la perjudicará. “Mi único placer es tomar una copa de vino el fin de semana, y ahora tendré que pagar más por eso”, aseguró a IPS.

Al contrario, Ana María Pineida, de 57 años, considera que la reforma busca un bien superior. “Sé que mi nieto tendrá educación gratuita gracias a ella”, afirmó.

Para el diputado independiente Giorgio Jackson, de la denominada “bancada (bloque) estudiantil”, es necesario que la ciudadanía comprenda la esencia de la reforma que, a su juicio, “intenta corregir una situación histórica”.

“Se busca superar la barrera de un Estado raquítico en su capacidad de juntar los recursos necesarios para ofrecer derechos sociales garantizados y de buena calidad”, dijo a IPS.

Durán explicó que en el corto plazo los cambios beneficiarán a los chilenos con educación gratuita y de calidad, ya que solo a eso se destinarán dos de los tres puntos del PIB que se espera recaudar.

Luego se podría avanzar hacia una mejor distribución del ingreso.

Dos de cada tres hogares viven con menos de 1.200 dólares al mes y la mitad de los trabajadores ganan menos de 500 dólares mensuales, mientras las 4.500 familias más ricas tienen ingresos mensuales promedio superiores a 40.000 dólares.

Un estudio del que es coautor Michel Jorratt, asesor en temas tributarios de Bachelet, indica que el uno por ciento más rico acapara entre 15 y 33 por ciento de los ingresos, pero solo tributa entre nueve y 17 por ciento.

Los beneficios de una educación gratuita se notarán a largo plazo, pero “el sacarle 8.200 millones de dólares a los más ricos del país y pasarlos al Estado es un aporte importante a la redistribución”, afirmó Durán.

Para la politóloga Francisca Quiroga son infundados los temores de la derecha. “Esta no es una reforma transformacional, no es revolucionaria. Su aplicación será gradual y se moverá en torno al statu quo”, dijo a IPS.

América Latina tiene sistemas fiscales regresivos “y varios organismos internacionales han planteado que uno de los desafíos de la región es materializar reformas tributarias” más justas, agregó.

“Esta es una reforma que Chile necesita y que sigue manteniendo un principio muy beneficioso para el mundo empresarial, como es el sistema integrado”, sostuvo.

Para neutralizar las críticas, Bachelet ha desplegado a sus ministros por las distintas regiones del país para explicar la reforma y detallar sus beneficios sociales.

En el Congreso bicameral legislativo, donde se encuentra el proyecto desde el 1 de este mes, la alianza gobernante tiene mayoría, así que se descuenta que sea aprobado a mitad de año.