RedacciónT21 
La intención del gobierno británico de implementar una mega-base de datos con información sobre los teléfonos móviles de toda la población, así como un registro de las fechas y destinatarios no sólo de sus llamadas sino de sus mensajes de texto o emails y de las páginas web que han visitado, ha desatado la polémica, según informa la BBC.
El asunto trasciende las fronteras del Reino Unido no sólo por tratarse del país con mas antigua tradición democrática de nuestro entorno, sino porque las razones que aduce el departamento de Interior para llevar a cabo sus planes están también a la orden del día en los demás países occidentales, especialmente en lo referente a la cuestión de la lucha anti-terrorista.
Armas para la delincuencia
La secretaria de Interior, Jaqui Smith, ha insistido en subrayar –lo hizo recientemente en una charla ante el Institute for Public Policy Research– que ninguna autoridad tendrá jamás acceso al contenido de una llamada telefónica o un email de un ciudadano, pero que datos como las fechas en que se produjeron las comunicaciones y los interlocutores con los que se mantuvieron las mismas deben ser accesibles para los la policía y otros servicios de seguridad e inteligencia.
De otro modo, dice Ms. Smith, sería imposible luchar contra el terrorismo, el crimen organizado, el abuso sexual a menores, el tráfico de drogas, los secuestros y otros gravísimos delitos, a cuyos autores ha beneficiado la revolución de las telecomunicaciones y que actualmente tienen en éstas una de sus principales herramientas.
La policía y los servicios de seguridad llevan tiempo advirtiendo al gobierno de que la creciente complejidad de las telecomunicaciones dificulta su habilidad para acceder a unos datos que son instrumento esencial en la lucha contra múltiples y graves delitos.
Por ello, el gobierno someterá la cuestión a consulta popular a principios del próximo año y, al tiempo que solicita al poder legislativo trabajar en una ley de comunicación que otorgue estos poderes a las autoridades, solicita a la sociedad un debate informado, razonable y sensato sobre la cuestión, y no basado en la mera opinión.
Lavado de cerebro online
Ms. Smith se refiere con ello a las primeras reacciones que ha suscitado la propuesta: la calificación de la misma como “orwelliana” por parte de grupos de la oposición, como también informa un artículo en The Times. Reacciones que por cierto no se limitan sólo a la oposición, ya que incluso Lord Carlile, el experto independiente encargado de coordinar la lucha anti-terrorista, ha declarado: “la cruda idea de que cualquier gobierno, aunque sea benigno, ponga las manos sobre toda esta información y la almacene en un depósito electrónico, es horrorosa si no existen estrictos controles sobre ella”.
Los servicios de seguridad insisten en que sin el acceso a este tipo de datos –que proporcionaron evidencias clave en estos casos– hubiera sido imposible condenar a Ian Huntley, el asesino de Soham, a los terroristas bomba del 21 de Julio, o a Nicky Reilly.
El de este último es un inquietante caso de lavado de cerebro “online”. Nicky Reilly, de 22 años, converso al Islam desde su adolescencia y con importantes deficiencias psíquicas, fue al parecer reclutado por radicales islamistas y conducido desde las salas de chat a páginas con explicaciones de fabricación de bombas. En el chat se discutieron también los potenciales objetivos.
Reilly construyó una bomba llena de miles de clavos e intentó detonarla en el restaurante Giraffe, en Exeter, el pasado mayo. Afortunadamente, y debido a la ineptitud del joven, el dispositivo saltó antes de tiempo, y solamente él resultó herido.
Terroristas invisibles
Aunque este atentado se frustrase, el caso da una idea del preocupante problema al que se enfrentan las autoridades. Se trata de un caso prácticamente “indetectable”, ya que la ciudad de Plymouth, donde vivía, no está asociada en modo alguno al activismo extremista, y de no ser por su ineptitud las consecuencias del atentado habrían sido catastróficas.
En este y otros delitos –así como para las averiguaciones sobre personas desaparecidas– los datos de telefonía, email y tráfico de internet fueron claves para la actuación de los servicios de seguridad. Sólo el último año, 54.000 intervenciones en este sentido fueron aprobadas a agentes de la policía metropolitana que lo solicitaron.
Y es que, efectivamente, el acceso a los datos ya es posible actualmente, bajo requerimiento, y hubo en general 519.260 de dichos requerimientos en total el año pasado, sumados los de los servicios de inteligencia, la policía y los demás cuerpos de seguridad.
Identidades múltiples
Es, según fuentes policiales, la rápida proliferación de nuevos proveedores de servicios y nuevas tecnologías de telecomunicación lo que presenta un serio problema para los servicios de seguridad, aduanas y otros servicios gubernamentales, al posibilitar al usuario multiples nombres e identidades virtuales y dificultar su localización.
Según estas fuentes, los datos de comunicaciones son un importante elemento de evidencia de acusación en el 95% de los casos de crimen serio. “No podríamos siquiera empezar a resolver ningún caso de secuestro en este país sin acceso a esos datos.”
Convendría tener en cuenta estos hechos y ofrecer al menos a Ms. Smith el debate racional y sensato que pide en torno a la cuestión. Y también tener en cuenta la, según la secretaria de Interior, única alternativa posible a los nuevos poderes: “una expansión masiva de la vigilancia y otros métodos intrusivos de rastreo”. Una alternativa un tanto… orwelliana.
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