RedacciónT21 
Tras dos intensas semanas de negociaciones, delegados de muchos países llegaron el viernes en Dubai a un acuerdo sobre un nuevo tratado mundial que hará llegar el poder de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a todos los habitantes del mundo. Sin embargo, solo 89 de los 151 países participantes lo firmaron, y la mayoría de países desarrollados no lo hicieron. China y Brasil sí.
La posibilidad de que se llegara a un acuerdo que fuera demasiado coercitivo para los ciudadanos había levantado una gran suspicacia y polémica entre organizaciones civiles, grandes empresas, y gobiernos de Estados occidentales.
Más de 2.000 delegados se inscribieron en la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, cuya celebración corrió a cargo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (agencia de la ONU) a petición de sus 193 Estados Miembros con el fin de renegociar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI), el tratado mundial vinculante que facilita la interconexión e interoperabilidad de los servicios de la información y la comunicación, su explotación eficiente y el acceso público generalizado a los mismos.
El tratado, según la nota de prensa oficial, establece los principios generales que garantizan la libre circulación de información en todo el mundo.
Las nuevas disposiciones incluidas en el texto hacen especial hincapié en los esfuerzos futuros destinados a ayudar a los países en desarrollo, la promoción de la accesibilidad para las personas con discapacidad y la defensa del derecho de todas las personas a la libertad de expresión a través de las redes TIC.
Otras disposiciones nuevas y pioneras incluyen una Resolución encaminada a crear un numero único y armonizado a escala mundial para tener acceso a servicios de emergencia, un nuevo texto en el que se reclama mayor transparencia en la fijación de los precios de la itinerancia móvil, y nuevas disposiciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de las redes TIC y contribuir a luchar contra los residuos electrónicos.
Entre otras cuestiones difíciles que fueron objeto de acalorados debates en la Conferencia, cabe citar las siguientes, según la nota de prensa oficial: la seguridad de las redes, los contenidos masivos no solicitados, como los mensajes de correo electrónico basura (spam), la definición de las empresas que prestan servicios con arreglo a lo dispuesto en el tratado, el principio del acceso no discriminatorio de los países a las redes de otros países, y si convenía incorporar o no un texto sobre la libertad de expresión en el Preámbulo del tratado.
La visión de los críticos
La organización civil internacional Avaaz se felicitó en su web de que el acuerdo no fuera global.
«Hoy el poder ciudadano logró frenar a los gobiernos autoritarios que pretendían someter Internet a un absurdo control gubernamental. Fortalecidos por la oposición pública, decenas de países se negaron a firmar el tratado RTI y lograron hundirlo». Antes, Avaaz había avisado de «la peligrosa propuesta de Rusia y otros países para censurar y filtrar Internet».
Google había advertido también contra la Conferencia, afirmando que «la UIT es el lugar equivocado para tomar decisiones acerca del futuro de internet» porque «sólo los gobiernos tienen voz en la ITU», incluídos aquellos que «no apoyan un internet abierto y gratuito».
Según Google, algunas de las propuestas «podían incrementar la censura y amenazar la innovación» y otras «requerirían que servicios como YouTube, Facebook y Skype tuvieran que pagar nuevos peajes. Esto podría limitar el acceso a la información, particularmente en mercados emergentes».
Países como Estados Unidos rechazaron firmar el nuevo Reglamento, lo que podría producir conflictos entre los países que lo han firmado y los que no, como cuenta El mundo.
El Parlamento Europeo ya había subrayado que «la UIT, o cualquier otra institución internacional centralizada única, no son los órganos adecuados para ejercer la autoridad reguladora ni sobre la gobernanza de Internet ni sobre los flujos de tráfico en Internet», en su propuesta de resolución común.
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