RedacciónT21 
Casi un año después del accidente del edificio Rana Plaza en Bangladesh, la situación para poner coto a los abusos de algunas empresas transnacionales no se ha resuelto.
El pasado siete de mayo, una red mundial de la sociedad civil conocida como Treaty Alliance (Alianza por el Tratado) pidió a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que respalde el próximo mes de junio una resolución para redactar un acuerdo vinculante que garantice la rendición de cuentas y los mecanismos de reparación de las víctimas de abusos cometidos por empresas.
Protección de los derechos humanos y ambientales
La declaración conjunta de la Treaty Alliance subraya “la necesidad de mejorar el marco jurídico internacional, con inclusión de soluciones internacionales, aplicable a la acción estatal para proteger los derechos en el marco de operaciones comerciales, y teniendo presente la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia, el remedio y la reparación de las víctimas de abusos de las empresas a los derechos humanos”.
La declaración, que lleva la firma de más de 150 organizaciones y representa a cientos de ellas más, también pide a los Estados que trabajen por un acuerdo vinculante que “afirme la aplicabilidad de las obligaciones de derechos humanos en las operaciones de las empresas transnacionales y otras firmas comerciales”.
La Coordinadora Internacional del Programa de Justicia Económica, de Amigos de la Tierra Internacional, Lucia Ortiz, explica en una entrevista concedida a Tendencias 21, en qué consiste este Movimiento Global por un Tratado Vinculante, y sus implicaciones a nivel internacional y nacional.
¿Dónde y cómo nace la idea de este tratado que tiene como objetivo sancionar a las empresas internacionales que violan los derechos humanos?
Para Amigos de la Tierra Internacional, y para muchas otras organizaciones y redes que están en movimiento por la Justicia Económica, desmantelar el poder corporativo es clave para construir poder popular y sociedades sostenibles.
Desde los 70, se exige a diversas instancias de la ONU que se establezcan sistemas vinculantes para el control de las corporaciones, del mismo modo que para poner fin a la captura corporativa de los Estados de la propia institución, y para crear espacios internacionales, como un tribunal que juzgue los crímenes de las corporaciones contra los derechos humanos, el medio ambiente y los/as trabajadores/as.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), es una instancia moral, popular, que demuestra que ese sistema es posible y necesario, frente a innumerables violaciones ya registradas en países donde el acceso a la justicia por las comunidades afectadas contra una empresa transnacional no existe o no es suficiente a nivel nacional o regional. La base de los juicios del TPP son las convenciones de Derechos Humanos, convenciones internacionales que se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos, los poderes mundiales, y los poderes de los Estados; t que están por encima de las estructuras judiciales de los países y representan de alguna manera la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.
Después de la creación de nuevos superpoderes para las trasnacionales, brindados por los Acuerdos Bilaterales de Inversión desde los años 90, ese movimiento ha crecido mucho, con apoyo de países que se ven afectados por demandas judiciales y condenados a pagar a las corporaciones por supuestos prejuicios a sus inversiones en Centros de Arbitraje como el CIADI del Banco Mundial, conformados para deliberar los conflictos entre las empresas y los Estados. Los reclamos que han podido hacer las transnacionales en contra de los países gracias a estos acuerdos, les han permitido pedir millones de dólares adicionales a los montos que ya obtienen por su inversión, y la amenaza de ese tipo de demandas tiene un efecto inhibitorio de las políticas públicas.
¿Cómo se consolida el Movimiento Global por un Tratado Vinculante?
En 2013, una declaración firmada en Ecuador y apoyada por mas de 80 países ha resultado ser la propuesta que hoy está sobre la mesa, y que consiste en la creación de un grupo de trabajo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU para el desarrollo y implementación de un sistema internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, sobre el cual se va decidir en la 26ª sesión del CDH del nueve al 27 de junio de este año en Ginebra.
Esta es una oportunidad histórica que cuenta con el apoyo de centenares de organizaciones sociales en todo el mundo, y esperamos que nos ayude a avanzar para conseguir desmantelar al poder corporativo .
¿Hay alguna web o sitio para que las asociaciones y otros organismos puedan unirse a este movimiento?
En esta web hay mucha información sobre la historia de esta iniciativa y noticias recientes sobre el proceso de negociación en el CDH de la ONU, que es justamente el punto en el que nos encontramos. Cabe destacar sobre todo las múltiples herramientas que hay para la acción de todos los grupos de la sociedad civil que quieran sumarse a ese movimiento.
Para conocer más sobre la campaña se puede visitar este sitio web y, por otro lado, están las informaciones sobre las sesiones anteriores del Tribunal Permanente de los Pueblos; y el Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional se encuentra en este link.
¿Qué tipo de empresas son las que más violan los derechos de los trabajadores?
Muchas empresas y en muchos sectores violan los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
En la actualidad, las industrias extractivas han tenido los mayores registros de violación, ya que es el sector que más rápido se expande a nivel mundial e implica varios riesgos que van desde los laborales y de salud, a los ambientales, aun más con el uso de tecnologías no convencionales, como el fracking, la minería metálica o extracción petrolera en aguas profundas.
El sector incluye casos de empresas petroleras como Shell y Chevron; mineras, como Glenclore y PacifRim, y también responsables de proyectos energéticos como de grandes represas que alimentan ese sector, como el caso de las empresa Española Hidralia.
Todos estos casos mencionados serán presentados en Ginebra en el mes de Junio en la sesión del TPP. Un caso en el sector de aguas que se presentará en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, será el de Coca-Cola, como iniciativa del sector sindical, ya que está vinculado directamente con violaciones a los derechos de los trabajadores. Otro será el de la empresa Isralelli de aguas Mekorot, y sus violaciones al derecho humano al agua reconocido por la ONU en la Palestina Ocupada, y en otros países donde opera la corporación.
En el sector textil, el pasado 24 de abril se cumplió un año del desastre en el Rana Plaza de Bangladesh que acabó con más de 1.100 personas, y dejó 2.000 heridos. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trabajadoras.
En el edificio Rana Plaza en el que se trabajaba en condiciones de insalubridad se fabricaba ropa para marcas mundialmente conocidas como Benneton, Carrefour, Gap e Walmart, entre otras. En total, más de 100 marcas de ropa asumieron la responsabilidad por la (in)seguridad en su cadena de producción, firmando el acuerdo sobre Incendio y Seguridad de las Construcciones en Bangladesh.
Pero el gigante de la moda Gap, uno de los mayores compradores de ropas fabricadas en Bangladesh rechazó firmar el acuerdo y Gap ha sido premiada por el Jurado como la peor corporación por la campaña Public Eye 2014.
En Brasil, el tema de la FIFA, cuya oficina central esta en Ginebra, y los megaeventos, es otro sector en el blanco de los movimientos por las violaciones de derechos humanos asociadas a su implementación.
¿Estamos viviendo una nueva forma de esclavitud en el siglo XXI? ¿En qué se fundamentaría?
El capitalismo y el neocolonialismo del Siglo XXI tienen como características la reprimarizacion de las economías en el sur, el avance del sector extractivo que incluye la minería, combustibles fósiles y los agronegocios y que está asociado al avance de megaproyectos de energía para alimentar el modelo extractivista y de infra estructura, como puertos, carreteras, hidrovias, para su exportación.
Por otra parte, también se caracteriza por la financiarización de la naturaleza, que implica crear mercados financieros de títulos para la compensación de los impactos ambientales causados por las corporaciones, como mercados de carbono, títulos de biodiversidad o servicios ambientales. También se puede entender como procesos de esclavitud de la propia naturaleza, que en ese aspecto es considerada a parte de los pueblos, de la gente y sus derechos sobre los territorios.
Asimismo, existe la captura corporativa de los Estados: los Gobiernos, aún siendo elegidos bajo sistemas democráticos no tienen compromisos con el pueblo al que gobiernan, sino con las corporaciones que financian sus campañas. Así, muchos países son esclavos de los intereses corporativos.
Este Movimiento Global, ¿Podría verse frenado una vez más por los intereses de las grandes corporaciones?
Claro que hay resistencia en algunos países, sobre todo en los llamados desarrollados, países de origen de grandes empresas transnacionales, que insisten en no avanzar más que en la aplicación de normas voluntarias como son los Principios Rectores de Ruggie, enmarcados en el marco del CDH de las Naciones Unidas desde hace tres años.
En el contexto de las recientes crisis financieras y económicas de los Estados Unidos y de Europa, estos países lanzan nuevos acuerdos comerciales, de inversión y también de estrategias de «cooperación para el desarrollo», que cada vez están más vinculadas a políticas de comercio exterior y expansión de sus empresas a los países del sur.
Sin embargo, en muchos países de la UE, por ejemplo, hay iniciativas de incidencia y movilización para presionar sus posiciones en el CDH. En todo caso, nosotros entendemos que el establecimiento de normas vinculantes no es contradictorio con la implementación de planes nacionales de ejecución de los principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos (los principios de Ruggie), sino que complementa y refuerza esas acciones.
Por otro lado, ¿se pretende crear más organismos para tratar de blindar de algún modo estos abusos de los que se viene hablando?
En América Latina ya hay un movimiento de países que se reconocen como «afectados por las corporaciones transnacionales» y se avanza en la creación de un observatorio de transnacionales por parte de El Salvador, Honduras, Argentina, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Ecuador lidera ese proceso, y espera que en junio se concrete la creación del Observatorio del Sur para la asistencia en materia de inversiones y soporte a los Estados frente a litigios que se libran con las transnacionales. El Observatorio espera dar cuenta periódicamente del estado de los litigios internacionales en materia de inversiones, en instancias regionales y globales; identificar procedimientos para monitorear la acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones; estudiar, analizar y proponer mecanismos para la reforma de dichas instancias arbitrales; estudiar y apoyar la creación de mecanismos alternativos de intermediación para la resolución justa, razonable y definitiva de las diferencias entre estados y transnacionales.
También el organismo deberá elaborar un compendio de legislación, políticas y acuerdos comerciales y de inversión, relativo a los procesos de negociación entre Estados y transnacionales, para facilitar la adopción de estrategias conjuntas como parte de los Estados; estudiar y proporcionar a los Estados elementos técnicos, jurídicos y políticos para asegurar las plasmación efectiva de sus intereses en los contratos comerciales y de inversiones con las empresas transnacionales; y establecer mecanismos de interlocución con movimientos sociales.
En otras regiones del planeta como Sudáfrica e Indonesia ya tomaron la decisión de cancelar acuerdos bilaterales de inversión y protegerse del poder abusivo de las trasnacionales.
¿Podría la educación, la comunicación y la sensibilización cambiar el rumbo de esta situación?
Seguramente, y en esto estamos trabajando los diferentes movimientos, redes y campañas para desmantelar el poder corporativo. Las acciones son la organización de redes y acciones de denuncia y solidaridad a las comunidades afectadas y de resistencia contra los proyectos de estas empresas.
Las acciones de denuncia hacia las transnacionales, que impugnan con sus demandas a los estados que se atreven a implementar políticas públicas, que se alejan siquiera un poco de la ideología neoliberal.
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