El peñón de Gibraltar –del que hay constancia de que ya en 1511 los comerciantes ingleses comenzaron a mostrar interés por su posición de dominio del Mediterráneo- ha sido objeto de litigio permanente entre España y un Reino Unido que se lo anexionó hace más de trescientos años como consecuencia del Tratado de Utrech (1713) que puso fin a la Guerra de Sucesión española.
Desde el mismo momento de la firma de dicho acuerdo, las discrepancias han sido múltiples y base de las reivindicaciones españolas: enrevesada redacción en tres idiomas (español, inglés y latín) que deja amplia libertad a la interpretación; si bien España cedía en propiedad ciudad, castillo, puerto, defensa y fortaleza, no se especifica jurisdicción ni mar territorial; el concepto de defensa no está matizado; finalmente, prevé el regreso de la propiedad a España cuando cese la inglesa, pero en ningún caso la independencia.
España nunca ha cesado en su empeño en intentar recuperar este territorio –llegando incluso a ofrecer otras plazas a cambio-, pero ha chocado una y otra vez con la hábil diplomacia británica que, basándose en interpretaciones unilaterales, siempre ha encontrado el ardid para no devolverlo.
Cuando España planteó la cuestión ante la ONU en 1957, ésta acordó que debía negociarse entre ambos países, pero respetando los intereses de la población gibraltareña, postura que ha permanecido inalterada hasta la actualidad.
Esta opción le ha resultado ventajosa al Reino Unido, pues ya en los años 60 celebró un referéndum en la colonia que dio como resultado que la inmensa mayoría de población gibraltareña deseaba continuar bajo dependencia británica.
La tensión se agravó en 1969 cuando, tras aprobar Gibraltar una Constitución en la que se mantenía su dependencia del Reino
Unido, el gobierno español decretó el cierre total de la frontera, que perduró hasta 1982.
Así se ha mantenido la situación de este contencioso sin prácticamente novedades, más allá de las sibilinas actuaciones por parte británica, como las ganancias de terreno al mar –con bloques de hormigón- o las ampliaciones del aeropuerto, consideradas ilegítimas por Madrid.
Supervivencia básica
Mientras, la pequeña colonia británica sobrevive básicamente de ofrecer servicios de mantenimiento a las navieras que realizan la ruta del estrecho, del turismo del juego, de la venta de productos con impuestos muy reducidos (destaca el tabaco, producto del que importa 150 millones de cajetillas anuales) y de haberse convertido, según acusaciones del gobierno español no respaldadas por la Unión Europea, en uno de los principales paraísos fiscales del mundo (más de 53.000 sociedades opacas operan en este minúsculo territorio).
Hoy en día, cuando la relevancia militar del peñón es mucho menor de lo que fue –aunque siga siendo una base naval estratégica, incluyendo para los submarinos nucleares-, es precisamente esa faceta de paraíso fiscal un obstáculo mayor para las relaciones hispano-británicas.
En un momento en que la ciudadanía exige a sus dirigentes plena transparencia y honradez, el hecho de que sigan existiendo lugares en Europa –a la que tanto gusta presumir de principios y valores de justicia socioeconómica- donde los impuestos son inexistentes o mínimos, donde predomina la opacidad bancaria y de las transacciones financieras, y donde no se penaliza o se tolera el blanqueo de dinero, es absolutamente inadmisible.
Y esa es precisamente la situación en Gibraltar, en este paraíso fiscal con especificidades propias, donde no se aplican impuestos directos sobre personas físicas ni jurídicas, no existe impuesto sobre la renta, apenas se paga un 10% de impuesto de sociedades (la tercera parte que en España) y donde el cambio no está sometido a ningún control.
Para hablarnos tanto de Gibraltar como de los paraísos fiscales, y especialmente del actual significado del peñón como paraíso fiscal, en esta edición de Visión Geopolítica, conducida como es habitual por el analista geopolítico Pedro Baños, han participado como invitados Guillermo Rocafort (reputado economista y escritor), Juan Carlos Galindo (destacado especialista en blanqueo de capitales, fraude fiscal y paraísos fiscales), José María Manrique (coronel de Artillería y prolífico escritor) y Pedro Sánchez (economista especializado en mercados financieros).
Perfiles
Guillermo Rocafort es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM y en Derecho por la UNED. Doctor en Económicas (tesis sobre las SICAV). Escritor de novelas y ensayos históricos, y colaborador habitual de diversos medios de comunicación. Fue Caballero Legionario y es Caballero Legionario Paracaidista de Honor.
Juan Carlos Galindo es experto en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude fiscal, lucha contra la corrupción y paraísos fiscales. Formador y conferenciante en diversas instituciones y organismos, incluyendo la Policía Nacional. Colaborador habitual en medios de comunicación.
José María Manrique es Coronel de Artillería diplomado en Estado Mayor retirado. Autor de multitud de libros sobre historia, historia militar y diversos temas militares. Entre ellos destaca: “Gibraltar Español: Tres siglos de oprobio y traiciones”
Pedro Sánchez Benai es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Operador de la mesa de Renta Variable en Banco Banif. Bróker de forex e índices en bróker GKFX. Analista macroeconómico de mercados.
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