RedacciónT21 
El 18 de enero, millones de internautas y compañías se unieron para enfrentarse a las leyes SOPA y PIPA, unas reglamentaciones que muchos creen que podrían acabar con la web tal como la conocemos hoy.
Desafortunadamente, el salto al ámbito público de estas leyes han puesto al descubierto una verdad: la lucha por un Internet abierto y libre acaba solo de empezar, y probablemente nunca termine. Los gobiernos de todo el mundo, informa Digitaltrends, están haciendo una serie de esfuerzos que podrían ir en detrimento de nuestro mundo on line tal como lo entendemos hoy.
Y mientras muchos de estos países incluyan estas políticas en su agenda, y las puedan llevar a cabo, su implementación nos afectará a todos debido a la naturaleza de interconexión de Internet. Digitaltrends explica cuáles son estas nuevas medidas, y da algunas pistas sobre cómo contrarrestarlas.
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)
ACTA es un acuerdo de comercio internacional, firmado por 31 países de todo el mundo, (incluido Estados Unidos, La Unión Europea y 22 de sus miembros, Japón, Australia y Canadá, entre otros) que busca crear estándares internacionales para reforzar los derechos de propiedad, explica Digitaltrends.
El acuerdo, que afecta a la falsificación de bienes, medicamentos genéricos y contenidos on line protegidos por derechos de autor (copyright), crea además un cuerpo de gobierno, el Acta Comité, que trabaja en la supervisión de la implementación de leyes de propiedad intelectual.
Los peligros que entraña este acuerdo son múltiples, aunque hay unos puntos que deben destacarse. El primero es que ACTA fue negociado en secreto, lo que quiere decir que no ha recibido intervención alguna por parte de parlamentos nacionales, políticos o sus ciudadanos.
El segundo punto es que ACTA concede a las aduanas de los países el poder de confiscar bienes físicos o digitales que consideren que violan la propiedad intelectual en sus fronteras, incluso si el destino final de esos bienes no es el país donde han sido retenidos.
Es más, los propios titulares de los copyrights pueden ordenar a los agentes de aduanas que confisquen ciertos bienes. Es particularmente problemático para la distribución de genéricos farmacéuticos, como la medicina para el VIH, hacia los países en desarrollo. Esto quiere decir que los titulares de patentes pueden parar la distribución de estos medicamentos hacia esos países.
El tercer punto de ACTA a considerar es el que concede un inconmensurable incentivo a los países que intensifiquen la dureza de las leyes de propiedad intelectual, para que estén en concordancia con los estándares internacionales. Pero, mientras empuja a los países a crear este tipo de leyes, no crea ningún incentivo para mecanismos de seguridad, como el uso del dominio público.
¿Qué se puede hacer? Según el medio mencionado, mientras que el texto de ACTA está estancado, el tratado, el acuerdo ejecutivo, debe ser ahora ratificado mediante el voto del Parlamento Europeo, quien lo podría hacer efectivo. Si el Parlamento vota en contra del tratado, podrá parar el ACTA. La mejor manera de conseguir esto es ponerse en contacto con los miembros del Parlamento a través de sus correos electrónicos.
Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP o TPPA)
Como el ACTA, el TPP es un acuerdo comercial entre Estados Unidos y un montón de países como Nueva Zelanda, Australia, o Chile. También como en el ACTA, un intenso secretismo rodea el acuerdo, lo cual significa que hay muy poca información sobre el contenido exacto.
Lo que se sabe es que el TPP podría requerir firmas para la adopción de leyes que son iguales o que van más allá del copyright. El acuerdo incluye también otros aspectos como el comercio internacional.
El principal problema con el TPP es que los detalles y negociaciones fueron escondidos al público, precisamente a aquéllos que tendrían que vivir bajo sus reglas. Por otra parte, el TPP forzaría a los países a adoptar las mismas leyes de propiedad intelectual que existen en Estados Unidos, incluyendo cargos criminales para los infractores, entre otras. En muchos casos esto requeriría que los países reescribieran sus leyes de copyright para que se identificasen con las americanas, sin incluir siquiera las salvaguardas de buen uso.
Desafortunadamente, no se puede hacer mucho para combatir el TPP, señala Digitaltrends. Una táctica es contactar con las autoridades y demandar transparencia. La EFF ha creado una Alerta de acción que te permite hacerlo fácil y rápidamente.
Copyright Modernization Act (Bill C-11 – Canada)
Es la legislación sobre copyright más reciente de Canadá. El texto es bastante templado, sobre todo si se le compara con la SOPA y la PIPA. Desafortunadamente este carácter templado está queriendo ser cambiado por la industria musical para incorporarle nuevas medidas más restrictivas, según Digitaltrends.
La parte más controvertida del documento se refiere a los candados digitales, como DRM. La industria musical está actualmente presionando al parlamento de Canadá para añadir algunas de las normas, más duras, de SOPA y PIPA, incluyendo el bloqueo de páginas web acusadas de infringir el copyright o la identificación de cualquier web que lo falicite, que podría incluir casos como Youtube.
S.I. No. 337/2011 — European Communities (Derechos de Autor y otros relativos) Regulación 2011
Más conocida como la SOPA irlandesa, esta legislación permite a los tribunales irlandeses requerir al proveedor de servicios de Internet que bloquee las páginas que estén supuestamente infringiendo las leyes (como el Pirate Bay). Los tribunales pueden incluso llamar a otros intermediarios, incluyendo las redes sociales, los proveedores o las páginas de emisión de videos, como Youtube o Vimeo.
El mayor problema es que la ley puede ser promulgada sin que pase por el Parlamento, solo con la autorización de uno de sus ministros, Sean Sherlock. En otras palabras: la gente no puede hacer nada por evitar que esta legislación se convierta en ley. La única manera de luchar contra esta legislación es contactar con este ministro u otros mediante correo electrónico, señala Digitaltrends.
Protecting Children from Internet Pornographers Act of 2011 (PCIP o HR 1981))
Introducida por el político republicano norteamericano Lamar Smith, el principal patrocinador de la ley SOPA, está encaminada a frenar la distribución de la pornografía infantil e incrementa las penalizaciones por hacerlo. Impone una multa e ingreso en prisión de 20 años para todo aquél que se encuentre en posesión de pornografía que muestre menores de doce años.
Si se convierte en ley, según Digitaltrends, HR puede requerir al servicio de proveedores de Internet la provisión de todas las direcciones IP que se asignan a cada usuario por el mínimo de un año. La legislación permite a las autoridades tener acceso a los datos IP de cualquiera que esté acusado de un crimen, no solo de pornografía.
Con una orden judicial, las autoridades tendrán acceso a toda la información que tiene el proveedor de servicios de Internet (ISP) para un usuario, como nombre, direcciones o tarjetas de crédito. Éste es el principal problema, señala Digitaltrends: muchas leyes todavía se regodean en el terreno de la especulación, pero ésta es explícita en lo que a la manera de invadir la privacidad individual se refiere. Hay algunas organizaciones ayudando a retirar esta ley. Dias atrás, Demand Progress, uno de los grupos pioneros en la lucha contra SOPA y PIPA, lanzó una petición contra la HR, firmada por más de 70.000 personas.
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