RedacciónT21 
En este período tan extraño y reaccionario que nos ha tocado vivir en todos los ámbitos de la vida pública española, quizás la política de la educación es la más lacerante e irracional.
Así lo demuestra la llamada “Ley de Mejora de la Calidad Educativa” (LOMCE) que, nuevamente, olvida que la educación es una cuestión de Estado que debe contar con el acuerdo y sensibilidad de todos o gran parte de los grupos políticos del arco parlamentario y, lo que es más determinante, con el consenso y debate de los demás sectores populares en el marco de ese proyecto.
La insistencia en destruir lo que de bueno ha aportado la educación pública; la obsesión por la enseñanza de materias que deberían ubicarse en el ámbito estrictamente personal o familiar de formación, pretiriendo lo que es una obligación del Estado (contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas libres y democráticos que respeten y defiendan los derechos humanos), es algo paradigmático en este Gobierno, más atento a conservar la poca cuota de credibilidad que le queda que a la defensa de los valores constitucionales que han de guiar su acción.
La LOMCE ha sido impuesta desde la soberbia de la mayoría absoluta parlamentaria conservadora, olvidando el consenso con los sectores del ámbito educativo (ni profesorado, ni padres, ni alumnos, ni sindicatos, ni demás grupos políticos se sienten escuchados).
Sólo el sector más duro de la Iglesia católica ha sido consultado, de ahí que la nueva ley considere Religión como asignatura evaluable cuya puntuación, por tanto, será tenida en cuenta para todos los aspectos o niveles de baremación académica. Los profesores de Religión, por cierto, son nombrados por el Arzobispado pero pagados con dinero público.
Si tuviera que definirse la LOMCE en una sola palabra, esta sería “antidemocrática” —profundamente antidemocrática—. Esta afirmación se sostiene en varios hechos contrastados:
– Por la organización que adopta de los centros docentes. El Consejo Escolar —marco en el que se encuentran los diferentes actores implicados en la educación (representantes del profesorado, padres, administración y alumnado)—, pasa a ser un órgano meramente consultivo, con una dirección nombrada por la Administración.
– Porque refuerza la confesionalidad y discrimina la enseñanza laica, computando la nota de Religión.
– Porque propicia la segregación del alumnado, al derivar de forma temprana a los estudiantes con más dificultades hacia otros itinerarios menos favorecedores.
– Por el excesivo control academicista a través de reválidas desde educación primaria, lo que potencia el fracaso escolar.
– Por la exclusión de áreas de Humanidades y Artes como la Música, la Plástica o la Educación Física, con una reducción de horario y de currículum que va en detrimento del desarrollo psicomotriz, manual y creativo del alumnado. Todo ello genera una falta de entusiasmo e ilusión por el saber y el aprendizaje, la ausencia de estímulos y un déficit en la sensibilidad artística. Esto supondrá más fracaso y marcará definitivamente las diferencias entre alumnos “buenos” y no tan “buenos”.
– Por la discriminación de los centros en función de las notas obtenidas, la clasificación del profesorado o el poder adquisitivo de los padres.
– Por la infravaloración de la educación desde un punto de vista presupuestario, lo que se traduce en reducción del sueldo de los profesores, al tiempo que se aumenta su carga horaria; recorte de material a los centros; aumento del número de alumnos por aula; eliminación de horas de tutorías y relación con los padres; menor atención a la diversidad, a la integración, etc.
– Porque prima la subvención a la educación concertada y de élite e incluso se propone la segregación por sexo en aras de la llamada “libertad de elección”. Eso sí, con fondos públicos.
– Por la reducción del número de becas y la exigencia de más puntuación para conseguirlas.
– Porque en el ámbito universitario disminuye la aportación económica para investigación y desarrollo.
– Porque auspicia el abandono de las escuelas rurales, condenándolas a su desaparición.
– Porque no tiene en cuenta la realidad multicultural lingüística, ni fomenta el idioma propio de las Comunidades Autónomas.
– Porque elimina la Educación para la Ciudadanía, una asignatura que forma parte de los currículos académicos de toda Europa y que resulta necesaria para conocer derechos y deberes en una sociedad multicultural.[
La LOMCE contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama como ideal común para todos los pueblos y naciones del mundo el que tanto los individuos como las instituciones promuevan mediante la enseñanza y la educación el respecto a los derechos y libertades del ser humano; quebranta la Declaración de los Derechos de la Infancia, porque olvida prioridades esenciales en la educación de los/las ciudadanos/as, necesarias para generar un sistema integral de derechos y deberes; y minusvalora que la propia idea de la educación debe dirigirse hacia una formación crítica, constructiva, humanista y transformadora de la persona y del entorno social, mejorándolos.
En definitiva, la LOMCE es una ley inasumible en un Estado social, democrático y de derecho tal y como queda proclamado por la Constitución española, ya que, al definir la educación como motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad, antepone las necesidades de los mercados a la verdadera formación del alumnado, a la construcción de una sociedad más libre, justa, sin discriminación, equitativa, solidaria, transparente, cohesionada, respetuosa con los derechos de la madre naturaleza y en paz.
(*) Artículo publicado por Baltasar Garzón Real, Magistrado Juez, con motivo de su adhesión a la Plataforma Stop Ley Wert.
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