RedacciónT21 
La asociación española Ciudadan@s por la Educación Pública, dedicada a la reivindicación del papel decisivo de la Educación Pública en la formación humana y profesional, acaba de hacer público un manifiesto en el que expresa su rechazo más absoluto al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuya propuesta fue aprobada el pasado día 21 de septiembre por el Consejo de Ministros.
Entre las razones del rechazo la LOMCE, Ciudadan@s por la Educación Pública señala, en primer lugar, el carácter profundamente antidemocrático de esta ley, tanto en su proceso de elaboración (realizado a espaldas de la comunidad educativa, de los grupos sociales y políticos, y de las Comunidades Autónomas), como en la organización de los centros docentes, que pasarán a tener direcciones nombradas a dedo por la Administración, que por tanto tendrá poderes absolutos en la gestión de los mismos.
Por otro lado, Ciudadan@s por la Educación Pública denuncia que la LOMCE instaura una concepción mercantil de la educación, que antepone las necesidades de los mercados a la formación integral de niñas y niños, y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.
Por último, la Asociación señala que la LOMCE es una ley que pretende utilizar la educación como herramienta para la segregación y la exclusión porque en lugar de entender la evaluación como una herramienta al servicio de la detección de problemas en el proceso de enseñanza, proyecta instaurar una reválida que constituirá un método obsesivo de clasificación, etiquetaje y encasillamiento del alumnado.
Más voces discordantes
La campaña de denuncia de la LOMCE realizada por Ciudadan@s por la Educación Pública se suma así a otras protestas y desacuerdos, lanzados en los últimos días desde diversos frentes.
Por ejemplo, en la Conferencia Política del PSE celebrada el 23 de septiembre, los socialistas vascos leyeron el contenido de una declaración en la que expresaban su rechazo a la reforma educativa del Gobierno.
Según el PSE, la propuesta de la LOMCE «nada tiene que ver con la mejora de la calidad de la enseñanza” y es “una propuesta segregadora de los alumnos» que tendrá «efectos negativos en el modelo social» y que, además, resulta «anticuada, por remontarnos a los años 60 por su consideración de la FP como carril de segunda categoría», publica Eldiario.es.
La LOMCE está asimismo levantando ampollas entre varios Gobiernos de comunidades con lengua cooficial, al reducir la parte del temario que ellos deciden: la administración central fijará el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan; actualmente, es el 55% y el 65%, respectivamente, según ha informado El País.
MANIFIESTO STOP LEY WERT
Ciudadan@s por la Educación Pública manifiesta su más absoluto rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por las siguientes razones:
1. Por su carácter profundamente antidemocrático,
– En el proceso de elaboración de la ley (de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos, a las Comunidades Autónomas)
– En la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo por la Administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos.
Cinco leyes educativas en 50 años. Si es verdad que necesitamos una reforma del sistema educativo, esta ha de hacerse con todas las garantías de que sea sostenible en el tiempo. Y para ello ha de abrirse un proceso de diálogo sosegado y profundo con la comunidad educativa –profesorado, estudiantes, familias- y con todas las fuerzas políticas, también con las administraciones autonómicas. Y ese proceso, sencillamente, no se está produciendo. Ni un buzón de correo electrónico puede suplantar un diálogo abierto y transparente, ni una unilateral nota de prensa escamotear la proyección pública de lo que debieran ser los foros compartidos de análisis y debate.
Por otra parte, el anteproyecto denomina “autonomía de centros” a lo que no es sino la eliminación de su funcionamiento democrático. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas, mientras que las decisorias pasan a ser competencia exclusiva de la dirección, esto es, de un director o directora nombrado directamente por la Administración y no elegido democráticamente por su comunidad educativa. Dicha dirección pasa a tener poder absoluto en la toma de decisiones pedagógicamente relevantes, así como en “la gestión de personal y económica de los centros”. Se quiebran por tanto los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Esto abre el camino de manera alarmante a la privatización también de los centros públicos.
2. Por su concepción mercantil de la educación, que antepone las necesidades de los mercados a la formación integral de niñas y niños, y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.
¿Qué es la educación para una ley que se abre con las siguientes palabras?: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro.”
“Mercado”, “competitividad”, “resultados”, “rendimiento económico”, marcan a lo largo de todo el anteproyecto el horizonte de lo que por educación entiende la LOMCE. Reducir el sistema educativo a la capacitación laboral de las nuevas generaciones es olvidar su función primordial en la formación integral de las personas y en la construcción de una sociedad culta y democrática. Pero es que además tampoco la LOMCE da respuestas a los requerimientos de capacidad de innovación, investigación, trabajo en equipo, que tantas empresas demandan.
Por otra parte, el énfasis puesto en aquellas materias recogidas en las pruebas PISA nos hace temer por todas aquellas áreas de conocimiento no presentes en los ránkings de la OCDE: las Humanidades y las Artes (Historia, Filosofía, Literatura, Música, Artes Plásticas), la Educación Física y para la Salud, etc., así como por todos esos aprendizajes tan difícilmente evaluables en una prueba de papel y lápiz: Educación para la Paz y la Noviolencia, Coeducación, Educación Medioambiental, etc.). Estas ausencias mutilan de manera inquietante la formación que en colegios e institutos recibirán niñas y niños.
Nos preocupa asimismo lo que los redactores de la ley entienden por “educación plurilingüe”: si en su desarrollo partirán de la consideración a las lenguas de España, a las lenguas del alumnado, a las muchas lenguas extranjeras que permiten la comunicación entre las personas y los pueblos aunque no sean las que en este momento dominan las relaciones de los mercados. Nos preocupa que la denominada educación plurilingüe sea exclusivamente enseñanza del inglés y a costa de qué se va a hacer.
Por último, nos sorprende que se limite la aportación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la “disminución de costes de apoyos y refuerzos” y “el desarrollo de una enseñanza individualizada” renunciando a las enormes posibilidades colaborativas que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen. El proceso creciente de reducción de las plantillas docentes, de masificación de las aulas, de desmantelamiento de los centros de profesorado, etc. hace que veamos con preocupación la insistencia en utilizar las TIC para que “cada estudiante puede avanzar al ritmo más adecuado a sus capacidades e intereses” o como “recurso de apoyo” a la formación continua del profesorado. El anteproyecto subraya el principal peligro que las TIC entrañan –la renuncia al encuentro interpersonal, a la palabra compartida- mientras parece dejar de lado sus enormes posibilidades para la investigación, la creación, la colaboración.
3. Por utilizar la educación como herramienta para la segregación y la exclusión.
El objetivo de “reducir la tasa de abandono educativo temprano y mejorar la tasa de población que alcanza nivel ESO” no ofrece más medida que la multiplicación de reválidas al término de cada etapa o la segregación temprana.
En lugar de entender la evaluación como una herramienta al servicio de la detección de problemas en el proceso de enseñanza- aprendizaje con el compromiso inmediato de ofrecer propuestas de mejora, la reválida se convierte en método obsesivo de clasificación, etiquetaje y encasillamiento del alumnado, al tiempo que un mecanismo de control del currículo (“Los criterios de evaluación y características generales de las pruebas que componen ambas evaluaciones serán fijadas por el Gobierno para todo el Sistema Educativo Español, previa consulta a las Comunidades Autónomas”. Serán, además “calificadas por especialistas externos al centro”)
Paralelamente, la Administración se lava las manos de su responsabilidad en los resultados de dichas evaluaciones culpabilizando de las dificultades y problemas exclusivamente al alumnado y eventualmente a los centros: «El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que esta debe medirse en función del «output» (resultados de los estudiantes) y no del «input» (niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etc.)”
La apuesta de la LOMCE por la segregación llega a cotas alarmantes cuando afirma que “el proyecto educativo de calidad podrá suponer la especialización de los centros (…) por tipología del alumnado”, o cuando asegura los conciertos a los colegios que no admiten a personas de uno u otro sexo.
La LOMCE entiende por tanto la educación como un espacio en el que se manifiestan y subrayan las diferencias y oportunidades sociales, en lugar de asumir su irrenunciable papel integrador. Somos muchos los que pensamos, por el contrario, que solo una enseñanza que respeta y atiende la realidad diversa de las aulas puede asumir el reto de reducir el riesgo de exclusión social de parte de su alumnado, de contribuir a la cohesión social , y de dar respuesta a las capacidades e intereses de cada estudiante.
Por todo ello, pedimos la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible.
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